Fallo de la Procuraduría contra el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons por el cartel de la hemofilia fue anulado por Consejo de Estado: esta es la razón

El Consejo de Estado anuló la destitución y la inhabilidad de 10 años impuestas al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus por pagos irregulares de terapias de neurodesarrollo y neurorrehabilitación, al concluir que la acción disciplinaria había prescrito antes de que la Procuraduría General de la Nación dictara su sanción de primera instancia en agosto de 2023.

La decisión dejó sin efectos las resoluciones que habían declarado responsable a Lyons por no vigilar las funciones de contratación y ordenación del gasto delegadas en la Secretaría de Salud de Córdoba. El proceso examinaba pagos por $7.886.574.000 a instituciones prestadoras de servicios de salud sin acuerdos previos con la Gobernación.

Los hechos investigados ocurrieron entre 2014 y 2015, durante el mandato de Lyons Muskus como gobernador de Córdoba, cargo que ocupó entre 2012 y 2015. Las terapias estaban destinadas a población de bajos recursos no cubierta por el entonces Plan Obligatorio de Salud (POS).

La Procuraduría sostuvo que las IPS Crecer y Sonreír Unidad de Rehabilitación S.A.S., Girasoles Centro Integral de Terapias y Servicios de Salud S.A.S. y Semillas de Amor S.A.S. recibieron pagos por servicios que no tenían respaldo contractual. El órgano de control consideró que la delegación de funciones en los secretarios de Salud no liberaba al gobernador de su deber de control.

La prescripción calculada desde marzo de 2015

El último hecho que fundamentó la imputación ocurrió el 15 de marzo de 2015 y el plazo de cinco años venció el 15 de marzo de 2020. Sin embargo, la Procuraduría expidió la sanción inicial el 15 de agosto de 2023, más de tres años después del vencimiento establecido por la norma que el alto tribunal consideró aplicable.

La Sala Diez Especial de Decisión, con ponencia del magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar, aplicó el principio de favorabilidad previsto en la Ley 1952 de 2019. Esa disposición establece que la prescripción disciplinaria debe contabilizarse desde la comisión de la falta, a diferencia de la Ley 734 de 2002, que tomaba como referencia la apertura de la investigación.

El Consejo de Estado explicó que la nueva norma entró en vigor mientras la Procuraduría tramitaba la segunda instancia. Por ser más favorable para el investigado, debía regir el análisis del caso, pese a que la actuación se había iniciado bajo la legislación anterior.

La decisión señaló: “Con fundamento en ello y al comprobar que el último hecho que dio lugar a la imputación de los cargos ocurrió el 15 de marzo de 2015, que la prescripción vencía el 15 de marzo de 2020 y que la Procuraduría General de la Nación profirió el acto administrativo de primera instancia el 15 de agosto de 2023 se concluyó que se configuró la prescripción de la acción disciplinaria”.

La Procuraduría Delegada de Juzgamiento 2 había impuesto la destitución y la inhabilidad general por una década mediante una decisión expedida el 15 de agosto de 2023. La medida fue confirmada en segunda instancia el 7 de octubre de 2024, pero el tribunal concluyó que la prescripción ya se había configurado cuando se dictó el primer fallo.

Lyons apeló la sanción y cuestionó que se le atribuyera responsabilidad por actos de funcionarios a quienes había delegado las competencias. También afirmó que sí ejerció vigilancia sobre ellos y que actuó convencido de que los pagos se ajustaban a la ley, tras recibir asesoría de un equipo jurídico y de expertos de la Secretaría de Salud.

El exgobernador también alegó que, por haber sido elegido mediante voto popular, una destitución debía provenir de un juez penal y no de una autoridad administrativa, con base en la Convención Americana de Derechos Humanos. El argumento evocó el caso del entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, cuya sanción disciplinaria fue cuestionada ante el sistema interamericano.

Otros procesos y la condena por regalías

La anulación disciplinaria no elimina los antecedentes penales de Lyons Muskus por otros casos de corrupción. En 2018, la Corte Suprema de Justicia lo condenó por concierto para delinquir al determinar que lideró una red que se apropió de cerca de $9.000 millones de regalías departamentales destinadas a proyectos de ciencia y tecnología.

Durante su administración también fue vinculado al llamado cartel de la Hemofilia, un esquema que habría desviado más de $7.000 millones del sector salud mediante pagos a IPS ficticias por tratamientos de pacientes inexistentes. En esa trama se mencionó la presunta participación del clan político de los hermanos Besaile.

El exmandatario fue deportado de Estados Unidos y capturado en Colombia el 31 de julio de 2025. Su colaboración con las autoridades también fue determinante en el desmantelamiento del cartel de la Toga, una red en la que magistrados y abogados habrían recibido sobornos para manipular procesos judiciales y que derivó en actuaciones contra más de 20 personas.

Lyons Muskus recuperó la libertad de la cárcel La Picota el 22 de mayo, tras cumplir totalmente su pena, según confirmaron fuentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario a El Espectador.