Contrato de $60.000 millones para erradicar narcocultivos queda en manos de UT cuestionada

La Policía Antinarcóticos adjudicó un contrato por más de $60.000 millones para la erradicación manual de cultivos de uso ilícito, un proceso que ya se había caído dos veces durante el gobierno de Gustavo Petro y que estuvo rodeado de señalamientos por presuntas maniobras dilatorias y presiones de exoficiales de la institución.

De acuerdo con la información revelada en primicia por El Tiempo, el contrato fue adjudicado por el brigadier general William Castaño Ramos, director de la Policía Antinarcóticos, mediante una resolución del pasado 31 de agosto. La unión temporal seleccionada fue EMF 2026, que deberá ejecutar labores de erradicación manual a nivel nacional.

La adjudicación se conoce después de que, en junio, el mismo medio revelara que el proceso había sido declarado desierto por segunda vez consecutiva. En ese momento, el comité de adquisición de la Dirección Antinarcóticos había recomendado tomar esa decisión porque la UT EMF 2026 no habría cumplido la totalidad de los requisitos habilitantes exigidos en el pliego de condiciones.

Quiénes integran la unión temporal

La Unión Temporal EMF 2026 está conformada por varias empresas. Según la resolución de adjudicación, hacen parte de la estructura TRT Ingeniería y Comercio SAS, con el 18 %; Suministros Institucionales Rodolfo Gómez, con el 10 %; Industrias, Comercio y Servicios Integrales SAS, con el 2 %; Soluciones Logísticas La Fe SAS, con el 5 %; y Transworld Solutions Logística Colombia SAS, con el 50 %.

El representante legal de la unión temporal, Carlos Elián Ligarreto, fue quien presentó un recurso de reposición contra la resolución del 23 de junio, mediante la cual el proceso se había declarado desierto por segunda vez.

En esa etapa, una de las empresas interesadas en el contrato había enviado documentos en los que señalaba a la UT EMF de desplegar presuntas maniobras dilatorias que, según sus reparos, vulnerarían los principios de buena fe y lealtad procesal.

Sin embargo, en la nueva resolución, Antinarcóticos sostuvo que la oferta presentada por la UT EMF cumplió a cabalidad con los requisitos habilitantes, jurídicos, técnicos, económicos y con las condiciones adicionales de ponderación. Por esa razón, la ubicó en el primer lugar de exigibilidad como único oferente habilitado dentro del proceso.

El contrato contempla que la erradicación manual de cultivos ilícitos se desarrolle en distintos puntos del país. El plazo de ejecución irá desde la aprobación de la garantía única hasta el 21 de diciembre de 2026.

Tutela y solicitudes de vigilancia

Tras la adjudicación, interesados en el proceso presentaron una acción de tutela con la que buscan frenar la entrega del contrato. Los accionantes alegan posibles violaciones a los principios de igualdad, debido proceso, transparencia y selección objetiva.

Además, se solicitó al procurador delegado preventivo y de control de gestión 2 una acción de vigilancia preventiva sobre el proceso. También fue radicado un escrito de impulso procesal relacionado con una denuncia sobre un presunto expediente paralelo clandestino.

En ese documento se pidió conminar a la Policía para que se abstenga de firmar el contrato mientras se revisan los cuestionamientos. La solicitud busca que los organismos de control examinen si el proceso cumplió todas las garantías antes de que la adjudicación avance hacia la etapa contractual.

Mientras tanto, la UT EMF le pidió a Antinarcóticos informar si podía iniciar, desde el pasado 11 de septiembre, actividades de planeación, organización y alistamiento necesarias para la ejecución del contrato. También solicitó claridad sobre eventuales instrucciones de la Dirección Antinarcóticos durante esa fase previa.

El caso se produce en medio de nuevas decisiones del Gobierno frente a la política antidrogas. En paralelo a la adjudicación del contrato de erradicación manual, un juez de Putumayo suspendió provisionalmente el proyecto piloto de aspersión aérea del gobierno de Abelardo de la Espriella, mientras se resuelve de fondo una tutela.

La adjudicación del contrato deja abierta una discusión jurídica y administrativa sobre la transparencia del proceso, la urgencia de retomar la erradicación manual y los cuestionamientos de quienes pidieron frenar la firma. Por ahora, la Policía sostiene que la UT seleccionada cumplió los requisitos, mientras los inconformes buscan que la justicia y los organismos de control revisen el procedimiento.