Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz tienen un nuevo problema: Procuraduría indagaría los esquemas de protección de las dos jóvenes cercanas al Gobierno Petro

La Procuraduría General de la Nación habría abierto una indagación previa para establecer si existieron irregularidades en la asignación y continuidad de los esquemas de seguridad otorgados a Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

La actuación también cobija al Ministerio del Interior y al Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem), de acuerdo con documentos divulgados por la revista Semana.

El organismo disciplinario buscaría determinar bajo qué criterios se aprobaron las medidas para ambas exfuncionarias y si se cumplían las condiciones requeridas para mantenerlas.

El expediente citado por el medio señala que la revisión se concentra en posibles fallas dentro de los trámites de protección. En el caso de Muñoz, la documentación conocida indica que habría recibido un esquema desde el 19 de agosto de 2026, bajo una norma destinada a dirigentes o activistas políticos.

La investigación surge pocos días después de que un juez avalara el preacuerdo entre Guerrero y la Fiscalía General de la Nación por el proceso relacionado con la obtención de diplomas de la Fundación Universitaria San José.

Guerrero recibió una pena de tres años tras aceptar responsabilidad

Guerrero aceptó responsabilidad por fraude procesal y recibió una condena de tres años, además de una inhabilidad de dos años y cinco meses para ejercer cargos públicos y una multa de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Durante la audiencia, ofreció disculpas públicas. “Pido perdón al país”, afirmó ante el juez. También sostuvo que no buscó causar daño, aunque reconoció las consecuencias de sus decisiones.

Según la Fiscalía, Guerrero obtuvo títulos de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y Contaduría Pública sin cumplir los requisitos exigidos. Los documentos fueron expedidos en julio de 2025 y luego anulados por la institución educativa.

El secretario general de la Fundación San José, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, también fue condenado a tres años tras aceptar un preacuerdo. La justicia determinó su responsabilidad como cómplice por la expedición de los documentos académicos.

En un segundo pronunciamiento en redes sociales, Guerrero afirmó que decidió romper el silencio después de varios meses de cuestionamientos. “Se metieron con mi familia”, expresó al referirse a los comentarios que circulan sobre su entorno cercano.

La joven señaló que fue blanco de acusaciones sobre una supuesta relación con grupos armados. También rechazó versiones dirigidas contra su madre, a quien algunos usuarios, según sostuvo, vincularon con una organización ilegal.

“Me han llamado de todo”, manifestó. Guerrero afirmó que esos mensajes afectaron a personas ajenas al proceso judicial que enfrenta. Sobre su madre, señaló que es “el ser más noble” que conoce.

Guerrero también dirigió críticas a algunos congresistas y figuras públicas. Dijo que durante una campaña electoral utilizaron aspectos de su vida personal para obtener respaldo político, pero luego dejaron de referirse a su situación.

“Usaron mi privacidad para ganar votos”, afirmó. La joven indicó que recibió calificativos ofensivos de parte de personas que ocupan cargos de representación. Entre esas expresiones, mencionó que la llamaron “la reina” y “la querida”.

En su intervención, cuestionó que algunos sectores hayan dejado de lado las discusiones sobre políticas para jóvenes. “Los jóvenes no solo sirven para los votos”, sostuvo.

La joven explicó que no pretende promover hostilidad ni responder a las acusaciones con el mismo tono. “No pago con la misma moneda”, dijo. También aseguró que soportó versiones falsas y descalificaciones durante el tiempo que permaneció fuera de la discusión pública.

La actuación sobre Muñoz abarca su paso por Aerocivil

En paralelo, la Procuraduría adelanta otra indagación vinculada con el paso de Gabriela Muñoz por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil). El proceso pretende aclarar denuncias sobre una eventual intervención en asuntos ajenos a sus funciones, presunto tráfico de influencias y posibles beneficios para personas cercanas.

La entidad revisa además contrataciones realizadas durante la dirección de Luis Alfonso Martínez Chimenty. Muñoz negó previamente haber influido en nombramientos, contratos o decisiones administrativas y sostuvo que su cargo no le otorgaba facultades para esos procedimientos.