Alias Papá Pitufo demandó al Estado por solicitar su extradición a Colombia desde España y Portugal: exigió una millonada por supuestos ‘daños emocionales’

Más de dos años después de que Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, huyera del país para evadir su presunta responsabilidad en una red de contrabando que se habría apoderado de los puertos del país, además de infiltrar las esferas de la Policía aduanera, el también considerado “zar del contrabando” sorprendió con una nueva jugada.

Y es que según información revelada en la mañana del lunes 14 de septiembre, el contrabandista demandó al Estado por la extrafalaria suma de 400 salarios mínimos, unos $700 millones, por los daños que, según sostiene, le causó la orden de captura con fines de extradición dictada en 2024.

Diego Marín Buitrago, investigado en Colombia como presunto líder de una red de contrabandistas, extendió esa reclamación a su esposa, Liset Samboní, y a sus tres hijos, según documentos revelados por la revista Cambio.

Marín Buitrago reclama esa indemnización porque afirma que la orden de captura usada para detenerlo en España y luego en Portugal le causó perjuicios emocionales y psicológicos, además de una supuesta vulneración del debido proceso. En su acción judicial sostiene que esa decisión no podía seguir vigente en las condiciones en que fue aplicada y pide reparación para él y su núcleo familiar.

La demanda apunta contra la Fiscalía General de la Nación, la Cancillería, la Rama Judicial y el Ministerio de Justicia. Según el expediente revelado por Cambio, esas entidades le habrían causado afectaciones continuadas por la orden con la que fue solicitado en extradición en un proceso por el que se expone a una pena de hasta 27 años de cárcel por concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer.

El reclamo distribuye los 400 salarios mínimos así: 100 para Marín por perjuicios morales, otros 100 para él por la presunta violación de su derecho al debido proceso y 50 para cada uno de sus familiares cercanos. La acción sostiene que todos han sufrido “angustia, zozobra, dolor, sufrimiento” y otras afectaciones emocionales y psicológicas.

Los argumentos con los que busca tumbar la validez de la captura

El eje de la demanda cuestiona que una misma orden judicial sirviera para capturarlo dos veces: la primera, el 5 de abril de 2024 en España, y la segunda, el 3 de diciembre de ese mismo año en Portugal. La defensa sostiene que la libertad provisional que recibió en España al día siguiente bastaba para dejar sin efecto la orden librada en Colombia.

Su abogado, William Mejía, alega que, como Marín estaba en España y también tiene ciudadanía de ese país, la captura solo podía ordenarse cuando existiera una resolución sobre su situación jurídica. Esa tesis se apoyaría en el artículo 512 del Código de Procedimiento Penal.

La demanda añade que hubo un “error judicial” porque en enero de 2024 se pidió una orden de captura con fines de imputación y medida de aseguramiento al mismo tiempo que se tramitó una notificación roja de la Interpol.

“Esa actuación judicial produjo efectos dañosos reales y verificables, pues la orden de captura No. 002 del 11 de marzo de 2024 no permaneció como una simple decisión interna del proceso penal, sino que fue proyectada internacionalmente y sirvió de fundamento para la captura del señor Diego Marín Buitrago en España y, posteriormente, para su nueva privación de la libertad en Portugal”, señala el escrito de la demanda revelada por Cambio.

Antes de presentar la demanda, Marín intentó una conciliación ante la Procuraduría General de la Nación con las entidades señaladas. Esa diligencia fracasó el 20 de mayo de 2026.

En esa audiencia, la Rama Judicial rechazó el sustento central de la reclamación. “La tesis de la parte convocante descansa en una premisa que no se ajusta al marco normativo aplicable: asumir que la libertad provisional decretada por las autoridades españolas el 6 de abril de 2024 produjo, por sí sola, la pérdida de vigencia de la orden de captura librada en Colombia”, señaló el apoderado.

La entidad añadió que la legislación española permite que sus ciudadanos requeridos en extradición accedan a libertad provisional sin que eso detenga el trámite de entrega. Tras el fracaso de la conciliación, ahora un juzgado administrativo de Bogotá deberá decidir si admite o no la demanda.

El patrimonio reportado y la disputa paralela por su pensión

En paralelo a esa reclamación, los reportes entregados por Marín ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) conocidos por la revista Cambio indican que su patrimonio en 2025 fue de $3.869 millones. Esos documentos también muestran ingresos anuales cercanos a $600 millones en los últimos cuatro años.

Según esos reportes, Marín justifica sus recursos como pensionado y rentista de capital. También promovió otras acciones judiciales para poder recibir en Europa las mesadas de vejez que tiene retenidas en Colombia.

El 12 de agosto, una jueza de Bogotá ordenó al Banco BBVA adelantar las gestiones para que pueda abrir una cuenta y recibir en Portugal los pagos reconocidos por Colpensiones, incluidos los retroactivos. Marín está pensionado desde agosto de 2024 y recibe una asignación mensual de aproximadamente $13,9 millones.

Mientras se resuelve si la justicia administrativa estudia su reclamación, Marín sigue en Portugal a la espera de dos decisiones sobre su situación. Una es la definición sobre la admisión de su demanda contra el Estado y la otra es el resultado del pedido de extradición a Colombia para que enfrente el proceso penal abierto en su contra.