Extorsión, compra de casas y carros lujosos y hasta oferta de servicios sexuales, así funcionaba el imperio de uno de los “capos” que operaba un “call center” desde La Picota

Casas, carros y lujos harían parte del patrimonio que Fabián Varicachá, alias Pluma, habría obtenido tras crear un red de extorsión con sede en el pabellón 6 se la cárcel La Picota de Bogotá.

Según información entregada por la Fiscalía General de la Nación, el hoy acusado habría obtenido más de 4.900 millones de pesos a través de un ‘call center’ clandestino en el centro carcelario.

El ente acusador sostuvo que el recluso, también conocido como “El Don”, habría ejercido el control criminal y financiero de una estructura que también tenía integrantes fuera del establecimiento penitenciario.

La investigación determinó que las víctimas eran contactadas a través de perfiles falsos de mujeres en WhatsApp. Los delincuentes ofrecían supuestos servicios sexuales, obtenían material privado o hacían montajes, y luego exigían transferencias para no divulgarlo.

Según la Fiscalía General de la Nación, las comunicaciones iniciaban con llamadas hechas desde La Picota. Para concretarlas, los integrantes de la red habrían burlado los controles del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

El expediente señala que la organización accedía de forma ilegal a teléfonos móviles, servicios de datos y aplicaciones financieras. El mecanismo no se habría limitado a esa prisión, pues el entramado tendría vínculos con otros centros penitenciarios del país.

El dinero exigido a las víctimas llegaba a billeteras digitales y cuentas bancarias de terceros. Después, los recursos se distribuían entre los presuntos miembros de la organización dentro y fuera de las cárceles.

Una parte de los fondos era retirada en efectivo. La Fiscalía indicó que esos recursos habrían financiado la compra de inmuebles, vehículos y otros activos.

Las labores de policía judicial comenzaron a partir de un Reporte de Operación Sospechosa. A partir de ese aviso, los investigadores siguieron el origen, el recorrido y el destino de los fondos.

El organismo examinó más de 631.000 operaciones financieras y documentó 43 noticias criminales, entre denuncias y reportes presentados por víctimas.

Las amenazas aumentaban después del primer pago

La modalidad identificada por los investigadores incluía la creación de perfiles falsos de mujeres para entablar conversaciones con potenciales víctimas por WhatsApp. Los responsables ofrecían encuentros sexuales inexistentes y luego utilizaban fotografías extraídas de redes sociales y material alterado para hacer señalamientos relacionados con delitos sexuales.

Con esa información, los presuntos extorsionistas exigían dinero a cambio de no difundir las imágenes o acusaciones. Tras recibir una primera transferencia, las amenazas aumentaban para forzar nuevos pagos.

La Fiscalía atribuyó a la red la realización de extorsiones y estafas telefónicas desde el pabellón 6 de La Picota. La pesquisa estableció que parte de los recursos retornaba al penal a través de consignaciones de bajo monto.

Esas transferencias tendrían como destinatario a Fabián Viracachá Ballén. Pese a permanecer privado de la libertad, el recluso habría conservado dominio sobre las finanzas y las operaciones de la estructura.

El ente acusador indicó que, en distintos patios del penal, presuntamente reclutaban y entrenaban a internos para realizar llamadas masivas a personas ubicadas en varias regiones de Colombia.

El seguimiento patrimonial permitió detectar un esquema de ocultamiento de, por lo menos, 2.000 millones de pesos en menos de cuatro años. La Fiscalía señaló que parte de las ganancias ilícitas habría servido para mantener el control en el establecimiento penitenciario. El dinero también habría facilitado el ingreso y la venta de bebidas alcohólicas, estupefacientes y otros elementos prohibidos.

Viracachá Ballén está postulado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como exintegrante de las extintas Farc. Cumple una pena de 38 años de prisión por el homicidio de un integrante de la Policía Nacional y por otros delitos.

A este recluso también le atribuyen extorsiones y lesiones personales contra otras personas privadas de la libertad. De acuerdo con la investigación, esos hechos formaban parte del control que presuntamente mantenía sobre la actividad ilegal dentro de la cárcel.

La Fiscalía identificó seis inmuebles y cuatro vehículos que habrían sido adquiridos con recursos procedentes de las actividades investigadas. Los bienes están ubicados en Bogotá, Soacha, Facatativá, Fusagasugá y Viotá, en Cundinamarca, además de Restrepo, Meta. El ente acusador promoverá medidas cautelares sobre esos activos con fines de comiso.

La esposa, el hijo y la hijastra fueron enviados a prisión

La estructura estaría integrada, entre otras personas, por Bibiana Paola Montañez Rozo, esposa de Viracachá Ballén; Helim Yareyth Clavijo Montañez, su hijastra; y Michael Stiven Viracachá Pérez, su hijo.

Los tres familiares habrían facilitado el traslado de dinero y participado en la adquisición de bienes. La Fiscalía los capturó mediante un operativo de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional (Dijín).

Mientras tanto, Viracachá Ballén fue notificado del nuevo proceso en el centro de reclusión donde cumple su condena. Un fiscal de la Delegada para las Finanzas Criminales presentó a los familiares ante un juez de control de garantías de Bogotá. La imputación incluyó los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, amenazas, concierto para delinquir y suplantación de identidad.

Los tres procesados recibieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. La investigación continúa con el propósito de avanzar sobre los bienes detectados y establecer el alcance de la red que habría operado desde prisión.