Viviane Morales alertó por la crisis del Fomag y aseguró que se necesitan $1,2 billones para la salud de los maestros

La saliente ministra de Educación Viviane Morales aseguró, en entrevista con Semana, que una de las principales dificultades que encontró durante el mes que permaneció en el cargo está relacionada con la situación financiera del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). Según explicó, el sistema de salud de los docentes enfrenta un déficit de recursos y el Gobierno tendría que conseguir $1,2 billones para garantizar su funcionamiento a partir de septiembre.

Morales sostuvo que el costo anual de la atención en salud de los maestros pasó de $3,4 billones a $5,2 billones en dos años, lo que, de acuerdo con su relato, representa un aumento del 104%. También cuestionó la reducción en el número de prestadores disponibles para los afiliados del magisterio.

“Hoy el Fomag está sin recursos”, afirmó Morales en la entrevista, al explicar el panorama financiero que, según dijo, encontró al llegar al Ministerio de Educación.

Viviane Morales señaló un déficit de $1,2 billones

De acuerdo con la exministra, el actual modelo de atención en salud del magisterio pasó a funcionar mediante pagos por evento, esquema que calificó como insostenible por el incremento de los costos.

Morales explicó que anteriormente existían 10 prestadores que asumían el riesgo y los costos del sistema, que rondaban los $2,6 billones anuales. Según su versión, con el nuevo modelo el gasto aumentó hasta los $5,2 billones por año.

Otro de los datos que entregó en la conversación fue el relacionado con la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Morales aseguró que para un docente y su familia se destinan alrededor de $560.000, mientras que para el resto de los afiliados al sistema de salud la cifra que mencionó es de $140.000.

La exfuncionaria también cuestionó la cantidad de prestadores disponibles. Según dijo, la red pasó de unos 3.000 a 280 prestadores, situación que, a su juicio, afectó el acceso y la libertad de elección de los maestros.

Ante este panorama, Morales señaló que desde septiembre no habría recursos suficientes y que sería necesario conseguir $1,2 billones adicionales. Según explicó, la propuesta era trasladar recursos de pensiones y cesantías hacia salud, una medida que, afirmó, ya se había aplicado el año anterior.

Morales habló de $1,4 billones en facturas pendientes

La saliente ministra también entregó detalles sobre las obligaciones que, según su versión, encontró en el Fomag.

Morales aseguró que existen $600.000 millones en facturas reconocidas pero no pagadas, mientras que otros $800.000 millones corresponderían a facturas que continúan llegando desde 2024 y que, según explicó, no contaban con registro presupuestal. “Ahí vamos en un billón cuatrocientos mil millones de pesos”, afirmó al referirse al conjunto de esas obligaciones.

Frente a esta situación, Morales dijo que solicitó una auditoría urgente y que trasladó el informe a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría, debido a que, según manifestó, consideraba que podían existir actos de corrupción.

La exministra aclaró que la auditoría todavía no había concluido. Ante la pregunta sobre si ya se conocían sus resultados, respondió que hasta ese momento únicamente se había hablado del tema en el consejo directivo del Fomag de la semana anterior.

Morales sostuvo que la prioridad para la nueva ministra de Educación debía ser precisamente resolver la situación financiera del Fondo.

“Lo primero que tiene que llegar a sanear es el tema del Fomag, es muy grave”, manifestó al ser consultada por las recomendaciones que dejaría a su sucesora.

También citó una declaración del ministro de Hacienda durante la discusión del tema en el consejo directivo: “De esto no fuimos responsables nosotros, pero de esto tenemos que dar solución nosotros”.

La educación y los cambios que Morales planteó durante su paso por el Ministerio

Además de referirse al Fomag, Morales sostuvo que Colombia debe revisar los objetivos de aprendizaje y los estándares de competencias utilizados en el sistema educativo.

La exministra planteó que la educación debería concentrarse en los aprendizajes fundamentales, entre ellos leer, escribir y contar, y cuestionó la cantidad de materias que deben cursar los estudiantes. A su juicio, el sistema no debería organizarse únicamente alrededor de asignaturas independientes, sino de objetivos de aprendizaje.

También señaló que los estándares educativos requieren una revisión debido a los cambios producidos por la inteligencia artificial, los teléfonos celulares, las redes sociales y las nuevas tecnologías.

Morales relacionó esa discusión con los resultados de las pruebas PISA y aseguró que Colombia viene registrando un deterioro en sus resultados desde 2012. En ese contexto, defendió la necesidad de realizar una reflexión sobre el rumbo de la educación y la capacidad de los estudiantes para desarrollar habilidades fundamentales.

Otro de los asuntos que mencionó fue la enseñanza de la Historia de Colombia. Según afirmó, esta dejó de estudiarse como antes desde la década de los noventa y sostuvo que una ley que buscaba recuperar su enseñanza no se habría implementado como esperaba.

La exministra también planteó que la discusión educativa debe incluir una revisión de los estándares y currículos con participación de distintos sectores, en lugar de establecerlos de manera unilateral.

El balance sobre el terremoto y los estudiantes que regresaron a clases

Morales también entregó un balance de la respuesta del Ministerio de Educación frente al terremoto ocurrido durante las primeras semanas de su gestión.

Según relató, inicialmente 1,3 millones de niños quedaron sin asistir a clases debido a las afectaciones en las instituciones educativas o a la falta de estudios que permitieran determinar si podían regresar a las aulas.

Para el momento de la entrevista, aseguró que 900.000 estudiantes, equivalentes al 80%, ya habían regresado a las escuelas. Los cerca de 300.000 que permanecían por fuera, explicó, se encontraban principalmente en zonas de ruralidad dispersa, donde varias instituciones resultaron afectadas.

Morales indicó que había 90 sedes con colapso total, para las cuales sería necesario construir nuevas instalaciones. Según explicó, una obra nueva podría tardar alrededor de un año y medio, mientras que una alternativa con estructuras modulares podría tomar entre diez y once meses. Las reparaciones de daños menores, agregó, estaban previstas para comenzar posteriormente.