La Defensoría del Pueblo alertó por varios hechos que pusieron en riesgo a la población civil y a la Misión Médica en Tibú, Norte de Santander, entre el miércoles 9 y el jueves 10 de septiembre. De acuerdo con el reporte de la entidad, dos conductores de ambulancia fueron privados de la libertad durante ese periodo; uno de ellos posteriormente fue liberado y el otro permanece secuestrado.
Los hechos ocurrieron en diferentes momentos y lugares del municipio. La Defensoría también informó sobre la activación de una mina antipersonal en zona rural de Orú, que dejó lesionadas a dos personas, y sobre un episodio en el que una ambulancia que se dirigía hacia Cúcuta tuvo que detenerse durante el sobrevuelo de un dron.
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Hombres armados se llevaron una ambulancia y retuvieron a su conductor
Durante la mañana del jueves 10 de septiembre, hombres armados se llevaron una ambulancia del Hospital San José de Tibú y privaron de la libertad a su conductor.
El conductor posteriormente fue liberado, según informó la Defensoría del Pueblo.
Horas después se presentó otro episodio relacionado con una ambulancia que se desplazaba hacia Cúcuta. Hacia las 4:00 p. m., el vehículo tuvo que detenerse debido a que un dron realizó un sobrevuelo durante aproximadamente 40 minutos.
Según la Defensoría, esta situación generó temor entre el personal médico que se encontraba en la ambulancia.
Otro conductor de ambulancia fue secuestrado en Tibú
Más tarde, aproximadamente a las 7:00 p. m., hombres armados secuestraron al conductor de otra ambulancia.
La Defensoría señaló que esta persona permanece secuestrada y expresó su solidaridad con sus familiares, compañeros y seres queridos.
La entidad exigió su liberación y el respeto por su vida e integridad.

Mina antipersonal dejó dos personas lesionadas
El miércoles 9 de septiembre, en zona rural de Orú, se registró la activación de una mina antipersonal que dejó lesionadas a dos personas de 28 y 19 años, ambas de nacionalidad venezolana.
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Las víctimas fueron trasladadas al Hospital de Tibú, donde recibieron atención médica. Posteriormente, la Defensoría del Pueblo apoyó las gestiones ante la Fuerza Aérea Colombiana para facilitar su traslado a Cúcuta.
De acuerdo con la información entregada por la entidad, el traslado se concretó el jueves 10 de septiembre.
La Defensoría incluyó este hecho entre los casos registrados durante esos dos días en los que estuvieron comprometidas las condiciones de seguridad de la población civil en el municipio.

Defensoría pidió garantías para la Misión Médica
Después de los hechos registrados en Tibú, la Defensoría del Pueblo participó en una mesa de trabajo en la que se abordó la articulación de acciones frente a lo ocurrido y se solicitaron garantías para la labor de la Misión Médica.
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La entidad reiteró que la Misión Médica, su personal, sus emblemas y sus medios de transporte deben ser respetados en todo momento.
También señaló que no deben presentarse interferencias ni restricciones que dificulten la atención y el traslado de pacientes.
En su pronunciamiento, la Defensoría extendió esta consideración a la población civil, al señalar que debe poder transitar por sus territorios sin que su vida e integridad estén expuestas a minas antipersonal.
Llamado de la Defensoría a los grupos armados
Ante los hechos reportados, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a los grupos armados ilegales para que respeten las normas del derecho internacional humanitario (DIH).
La entidad pidió que se abstengan de realizar acciones que afecten o interfieran con la Misión Médica, así como del uso de minas antipersonal y de cualquier actuación que ponga en riesgo la vida, la integridad y la movilidad de la población civil.
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Solicitud a las autoridades por la situación en el Catatumbo
La Defensoría también instó a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a adoptar y fortalecer las medidas de prevención y protección necesarias para garantizar condiciones seguras para el desarrollo de la Misión Médica y el transporte de pacientes en el Catatumbo.
La solicitud contempla igualmente acciones de prevención y protección frente al riesgo asociado con las minas antipersonal.
La entidad reiteró, además, el contenido de la ATI 017 de 2025 e instó al cumplimiento de las recomendaciones establecidas en ese documento.
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