En qué va el juicio contra el coronel Plazas Vega en Estados Unidos por desaparición de magistrado en la Toma del Palacio de Justicia: De la Espriella lo defendió

Lo que inició como una de las noches más violentas en la historia de Colombia, como lo fue la Toma y Retoma del Palacio de Justicia en 1985, todavía genera posiciones divididas en el país por cuenta del juicio que se adelanta en Estados Unidos contra uno de los militares implicados: el coronel del Ejército Luis Alfonso Plazas Vega.

De hecho, el calificativo de “héroe” que le dio el jefe de Estado al oficial en retiro abre un nuevo capítulo en una disputa que no es solo política, sino moral y judicial. El presidente Abelardo de la Espriella defendió a Plazas Vega mientras avanzaba en Florida (EE. UU.) el juicio civil impulsado por la familia del fallecido magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán.

Las declaraciones presidenciales coincidieron con las audiencias contra el coronel retirado, que enfrenta una demanda civil en Estados Unidos. La familia Urán busca que un jurado determine si el exoficial tiene responsabilidad civil por la muerte del magistrado tras la retoma del Palacio de Justicia.

El presidente De la Espriella afirmó que Plazas Vega debe recibir respaldo institucional si enfrenta procesos por actuaciones que, según su posición, ocurrieron durante el ejercicio de sus funciones. También describió las acciones judiciales contra miembros de la fuerza pública como una “persecución judicial”.

La demanda sostiene que Carlos Horacio Urán salió herido y con vida del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985. Sus familiares aseguran que, después de abandonar el edificio, quedó bajo control de militares y fue asesinado.

De la Espriella respaldó a Plazas Vega durante el proceso civil

El jefe de Estado insistió en que el excomandante de la Escuela de Caballería ya fue sometido a la justicia colombiana. La Corte Suprema de Justicia lo absolvió en el expediente por las desapariciones de Irma Franco y Carlos Rodríguez Vera.

Pero ese fallo no abordó el caso de Urán. La acción que cursa en Florida tiene un objeto distinto y busca establecer una eventual responsabilidad civil, sin revisar la decisión penal emitida en Colombia.

De la Espriella planteó que el Estado debería acompañar a Plazas Vega en su defensa. La posición presidencial fue respaldada por el Centro Democrático, que pidió evaluar gestiones políticas, diplomáticas y económicas a favor del militar retirado, su familia y sus abogados, según una reciente publicación de la revista Cambio.

Mientras tanto, la demanda de los Urán se apoya en la Ley de Protección a Víctimas de Tortura de 1991 de Estados Unidos. Esa normativa permite reclamar ante tribunales estadounidenses por determinados actos de tortura o ejecuciones extrajudiciales atribuidos a autoridades de otros países.

El presidente también cuestionó el litigio estratégico utilizado por la familia. La parte demandante presentó su caso ante el Tribunal del Distrito Sur de la Florida, donde reside Plazas Vega.

El jurado escuchó testimonios sobre la salida del magistrado

Ana María Bidegain, viuda de Urán, declaró que comenzó a buscar a su esposo después de recibir versiones de amigos y periodistas que lo vieron salir del Palacio. Durante la audiencia recordó parte de la última conversación que sostuvo con él.

“Por favor cuida a las niñas. Te mando un beso”, dijo Bidegain al relatar ante el tribunal norteamericano el mensaje de Urán, de acuerdo con información conocida por Cambio. El magistrado auxiliar del Consejo de Estado fue hallado después dentro del edificio.

La familia presentó imágenes difundidas en una investigación periodística de 2007. El material muestra al jurista mientras salía del Palacio de Justicia y forma parte de las pruebas exhibidas en el juicio.

Las pertenencias de Urán fueron encontradas en la Brigada 13 del Ejército ese mismo año. La demanda sostiene que el cuerpo del magistrado tenía señales de tortura y una herida de bala a corta distancia.

El presidente De la Espriella defendió públicamente la actuación de Plazas Vega durante la retoma. Su postura parte de que el oficial cumplía labores militares en una operación desencadenada tras la toma del M-19.

Los demandantes, en cambio, sostienen que Plazas Vega conocía el trato que recibían los sobrevivientes catalogados como “especiales”. La acción judicial menciona el segundo piso de la Casa del Florero como uno de los lugares centrales de su argumento.

Orlando Arrechea, exfuncionario de la Corte Suprema de Justicia, declaró en Estados Unidos que fue llevado a la Casa del Florero tras salir del Palacio. Según su testimonio, allí recibió golpes, patadas y presiones para que admitiera una supuesta colaboración con el M-19.

Arrechea afirmó que Plazas Vega impartía instrucciones en ese lugar y que tuvo contacto directo con él. El testigo también relató que luego fue trasladado a la Escuela de Caballería, donde denunció haber sido torturado.

Asimismo, Ricardo Gámez Mazuera, exinformante del Ejército, sostuvo ante el jurado extranjero que vio a Plazas Vega en la Casa del Florero. Afirmó que escuchó una orden atribuida al entonces coronel: “Llévenselo, trabájenlo y repórtenme cada dos horas”.

La defensa política de De la Espriella se centra en la absolución dictada por la Corte Suprema. La sentencia concluyó que no existían elementos suficientes para responsabilizar a Plazas Vega por los casos examinados en ese expediente.

La parte demandante expuso ante el tribunal una lectura diferente sobre la cadena de mando y el traslado de personas rescatadas. El recurso atribuye al exoficial conocimiento sobre interrogatorios y operaciones realizadas después de la salida de sobrevivientes del Palacio.

La decisión dependerá de las pruebas presentadas en Florida

El proceso no está a cargo de jueces colombianos ni busca imponer una pena de prisión. Un jurado civil analizará documentos, declaraciones y los argumentos de las dos partes para establecer si procede una condena económica.

Xiomara Urán, hija del magistrado, habló ante los integrantes del jurado sobre la pérdida de su padre. También relató las amenazas e intimidaciones que, según dijo, afectaron a la familia después de los hechos.

El presidente De la Espriella y los congresistas que respaldan a Plazas Vega han planteado que el exoficial merece apoyo por su papel durante la operación militar. La familia Urán sostiene que el proceso debe concentrarse en los testimonios y las pruebas judiciales.

La decisión final establecerá si el jurado considera probada una responsabilidad civil del coronel retirado o si rechaza las pretensiones de los demandantes. El juicio continuará con la presentación de nuevos testigos y elementos documentales.