El Gobierno de Abelardo de la Espriella cancelará 10.000 contratos de prestación de servicios del Ministerio de Agricultura en 2027 y suspenderá la compra de nuevas tierras, con el objetivo de liberar recursos para campesinos, crédito y programas productivos ante una reducción presupuestal de la cartera.
La decisión fue expuesta ante las comisiones económicas del Congreso de la República, durante el debate del Presupuesto General de la Nación para 2027, presentado por el Ejecutivo por $634,9 billones. El ministerio tendrá una disminución de 32%, equivalente a $1,3 billones.
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El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, definió el próximo año como una etapa para ordenar las finanzas y la operación de la entidad: “El Ministerio de Agricultura lo recibimos en sala de urgencias y lo que vamos a hacer en el 2027 es normalizar el paciente”.
Menos contratos y revisión de gastos administrativos
La cartera recibió una estructura de cerca de 18.000 contratos de prestación de servicios, cuyo costo ronda $1 billón, según explicó el ministro. De ese total, la no renovación de 10.000 contratos representaría un ahorro cercano a $540.000 millones para el Estado.
Dangond sostuvo que el ajuste permitirá modificar la distribución del gasto y reducir los recursos destinados al funcionamiento. “Yo quiero menos funcionamiento y más recursos para inversión”, afirmó.
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Aunque el presupuesto de funcionamiento aumentará 8,5%, los recursos para inversión caerán cerca de 44%. El ministro aseguró que la reducción global no impedirá la ejecución de su plan y añadió: “A mí no me molesta la reducción. Yo sé trabajar con lo que me pongan”.
El Gobierno también revisará los recursos asignados a entidades vinculadas al sector agropecuario. La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria recibió $64.000 millones durante este año, mientras que la Unidad de Restitución de Tierras alcanzó un presupuesto de $475.000 millones, incluidos $130.000 millones para contratos de prestación de servicios.
Los recursos liberados se orientarán a productores rurales mediante reformas al Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, mecanismos de subsidio a las tasas de interés, préstamos con plazos más amplios, asistencia técnica, mecanización y seguros agrarios. La estrategia contempla además el impulso de la ganadería de rotación.
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Dangond calculó que cada peso público destinado a subsidiar el crédito podría movilizar ocho pesos adicionales del sistema financiero. “Con $100.000 millones de pesos puedo jalonar $800.000 millones en crédito a 10 años”, explicó.
La cartera prevé crear una Unidad Económica Mínima para que los pequeños productores superen ingresos mensuales de $2 millones. También plantea una revisión estructural de los seguros agrarios, con esquemas de subsidio estatal para proteger a los productores frente a siniestros.
Sin presupuesto para nuevas compras de predios
La adquisición de tierras quedará detenida durante 2027. El Gobierno no asignará recursos para nuevos predios y tampoco desembolsará los pagos pendientes de compras efectuadas durante la administración de Gustavo Petro hasta completar una auditoría forense sobre esas operaciones.
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El gobierno anterior había planteado adquirir tres millones de hectáreas, pero compró cerca de 350.000 por $3,9 billones. Permanecen pendientes $1,4 billones por predios ya adquiridos, una suma que no será girada mientras se examinan los contratos y los valores pagados.
“No vamos a girar un solo peso de esos 1,4 billones (...) hasta que no verifiquemos que ahí no hay torcidos”, manifestó Dangond. El ministro indicó que ya se detectaron adquisiciones cuyos precios estarían por encima de los valores de mercado y propuso que los organismos de control participen en la revisión.
El proceso podría extenderse hasta diciembre. El Ministerio de Agricultura también examinará títulos provisionales otorgados a pequeños productores en predios que aún afrontan litigios, así como entregas de tierras que no estuvieron acompañadas por crédito, asistencia técnica o proyectos productivos.
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La reorganización prevista para 2027 busca resolver pendientes financieros y administrativos antes de iniciar grandes proyectos de inversión en 2028. La meta de la cartera es elevar la competitividad del sector agropecuario hacia 2030.
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