Un caso que vuelve a poner en evidencia el riesgo de ejercer el periodismo en Colombia se conoció el 10 de septiembre, luego de que varios periodistas de Arauca recibieron mensajes de texto en los que fueron señalados como supuestos “altoparlantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN)” y amenazados por el ejercicio de su labor informativa.
Así lo reveló la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), que alertó sobre los hechos y cómo exponen a los comunicadores a un peligro inminente y pidió medidas urgentes de protección.
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El texto, enviado desde el mediodía a distintos reporteros del departamento, contiene acusaciones que los relacionan con ese grupo armado y les advierte que tienen “prohibido seguir ese juego o no responden”.
La organización defensora de la libertad de expresión rechazó el contenido de los mensajes y señaló que este tipo de señalamientos puede poner a los periodistas en medio de las disputas armadas que afectan a la región.
La Flip sostuvo que las amenazas y la estigmatización comprometen la seguridad de quienes cubren asuntos locales, en particular en un territorio donde el conflicto armado ha restringido de forma reiterada el trabajo de la prensa. Por lo anterior, la entidad advirtió que las acusaciones que atribuyen afinidades o vínculos de periodistas con grupos ilegales propician escenarios de censura.
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La Flip pidió medidas urgentes ante el riesgo para periodistas locales en Arauca
La organización solicitó que las autoridades incluyan la situación de los comunicadores dentro de las prioridades del Consejo de Seguridad que se convocó para el 11 de septiembre.
El objetivo, según señaló, es que se adopten acciones concretas para prevenir que las intimidaciones escalen o se materialicen en agresiones.
Desde la Flip también pidió establecer rutas claras de investigación y sanción contra los responsables de difundir mensajes que relacionan a la prensa local con actores armados. Para la fundación, ese tipo de acusaciones desconoce la función independiente de los medios y eleva la exposición de reporteros y comunicadores frente a posibles ataques.
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“La prensa araucana ha enfrentado un contexto grave de violencia y falta de garantías para ejercer el periodismo”, indicó la entidad en su pronunciamiento.
Arauca figura entre los departamentos con más agresiones contra la prensa
La Flip recordó que en la década de 2000 al menos 16 periodistas tuvieron que salir de Arauca después de recibir amenazas de las Autodefensas Unidas de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
Ese antecedente, según la organización, demuestra los efectos que puede tener la violencia sobre el cubrimiento informativo en el departamento.
De acuerdo con las cifras citadas por la fundación, Arauca es el tercer departamento de Colombia con más agresiones contra la prensa. El 48% de esos casos corresponde a amenazas, un dato que ubica las recientes intimidaciones dentro de un patrón de riesgo para periodistas y medios locales.
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Por este motivo, la entidad afirmó que las agresiones conocidas el 10 de septiembre podrían volver a situar a los comunicadores araucanos ante una amenaza inmediata. La preocupación se centra en que los señalamientos no queden sin respuesta institucional y que la falta de medidas contribuya a normalizar la violencia contra quienes informan.
En su llamado a las autoridades, la Flip insistió en la necesidad de garantizar condiciones para que los periodistas puedan cubrir los hechos de interés público sin ser asociados con ninguna de las partes en conflicto.
También planteó que las medidas de protección deben atender las características del trabajo informativo en las zonas rurales y urbanas del departamento, y teniendo en cuenta que estas zonas.
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La Flip le hizo un llamado al presidente Abelardo de la Espriella
La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) y varias organizaciones sociales solicitaron al Gobierno de Abelardo de la Espriella adoptar medidas para proteger a periodistas, garantizar el acceso a la información pública y evitar presiones que puedan afectar la independencia editorial de los medios.
El pronunciamiento se conoció el 9 de septiembre de 2026, poco más de un mes después del inicio de la administración de “el Tigre”.
La organización planteó que el Ejecutivo debe convertir sus muestras de apoyo a la libertad de prensa en acciones concretas, verificables y sostenidas frente a los riesgos que enfrentan comunicadores en distintas regiones de Colombia.
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La Flip señaló que la seguridad de los periodistas tiene una relación directa con el derecho ciudadano a recibir información libre e independiente. En ese sentido, expresó preocupación por el contexto de violencia contra la prensa y por algunas decisiones oficiales que, a su juicio, podrían limitar el pluralismo informativo.
Según los datos citados por la fundación, durante los últimos cuatro años se registraron 2.003 agresiones contra 870 periodistas en los 32 departamentos del país, incluidos 10 asesinatos.
El informe agrega que, durante ese período, un periodista recibió amenazas cada dos días en promedio y se documentaron 226 episodios de estigmatización provenientes de funcionarios o instituciones del poder público.
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La organización ubicó los mayores riesgos en territorios afectados por el conflicto armado, entre ellos Norte de Santander, Arauca, Putumayo, Nariño, Cauca y zonas del norte de Antioquia. El documento recordó los asesinatos de los periodistas Mateo Pérez Rueda, en Briceño, y Cristian Herrera, corresponsal de la Flip en Cúcuta.
“Estas violencias sumadas a la instrumentalización de la prensa, un incremento de amenazas, desplazamientos y exilios, han profundizado la autocensura y el silenciamiento en los territorios”, señaló la fundación.
Entre los asuntos cuestionados figura la suspensión, el 18 de agosto, de la programación informativa de 20 emisoras de paz creadas en el marco del Acuerdo de 2016.
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De acuerdo con la Flip, 16 estaciones regresaron al aire el 7 de septiembre bajo la denominación Emisoras de la Reconciliación, mientras seguían suspendidas las ubicadas en Buenaventura, Agustín Codazzi, Riosucio y Tierralta.
La entidad también expresó reparos frente a la Directiva Presidencial 01 de 2026, expedida el 3 de septiembre, que centralizó las vocerías oficiales y exige autorización previa de la Presidencia para entrevistas o declaraciones de funcionarios.
Producto de lo anterior, desde la Flip se advirtió que la coordinación institucional no debe convertirse en una barrera discrecional para que periodistas accedan a información de interés público.
Además, se pidió esclarecer denuncias sobre presiones a espacios de opinión y salidas de periodistas de medios.
La organización sostuvo que el Gobierno debe abstenerse de medidas directas o indirectas que condicionen las decisiones editoriales, excluyan voces críticas o afecten el trabajo de mujeres periodistas, humoristas y caricaturistas.
Entre sus propuestas, la Flip planteó retomar la política pública de garantías para la labor periodística presentada por el Ministerio del Interior en 2023, reforzar las medidas colectivas y preventivas de protección, y mejorar la coordinación entre la Unidad Nacional de Protección, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y las autoridades territoriales.
La entidad invitó al presidente De la Espriella a una reunión para discutir estas solicitudes.
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