La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, reportó que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ha concedido 1.030 renuncias a la persecución penal a comparecientes que cumplieron condiciones dentro del sistema de justicia transicional. El balance fue divulgado este 9 de septiembre, Día Nacional de los Derechos Humanos.
De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, se trata de personas involucradas en graves hechos ocurridos durante el conflicto armado, pero que no fueron catalogadas como máximos responsables. Es decir, comparecientes que no tuvieron un papel determinante en la planeación o ejecución de los patrones macrocriminales identificados por la Jurisdicción.
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La cifra hace parte de los avances de la llamada Ruta No Sancionatoria, un mecanismo mediante el cual la JEP busca resolver de manera definitiva la situación jurídica de quienes comparecen ante el tribunal, siempre que cumplan obligaciones frente a la justicia y las víctimas.
Fuerza Pública concentra la mayoría de casos
De las 1.030 renuncias concedidas hasta agosto de 2026, 979 corresponden a comparecientes de la Fuerza Pública, lo que equivale al 95 % del total. La medida también cobijó a 46 comparecientes de las extintas Farc, dos agentes del Estado que no pertenecían a la Fuerza Pública, dos civiles colaboradores de esa guerrilla y un tercero civil.
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Según la JEP, los casos resueltos están relacionados con 377 hechos que dejaron 643 víctimas directas en diferentes departamentos del país. Además, más de 950 víctimas acreditadas y sus familiares participaron en el proceso dialógico y restaurativo.
La Jurisdicción explicó que la renuncia a la persecución penal es una alternativa jurídica prevista en el Acto Legislativo 01 de 2017 y en las normas que regulan el sistema de justicia transicional. Se trata de un beneficio definitivo equiparable a una sentencia, que puede implicar la eliminación de antecedentes penales y la extinción de sanciones disciplinarias, administrativas o fiscales derivadas de la conducta penal asociada al compareciente.
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Sin embargo, la JEP enfatizó que este mecanismo no es gratuito ni automático. Para acceder a él, los comparecientes deben demostrar que cumplieron un régimen de condicionalidad y que realizaron aportes concretos a los derechos de las víctimas.
Entre los requisitos están entregar una verdad plena, detallada y exhaustiva, que permita reconstruir los hechos con un nivel superior al conocido por la justicia ordinaria; reconocer expresamente la responsabilidad individual cuando corresponda; comprometerse con la no repetición y realizar acciones de reparación, principalmente simbólicas.
Beneficios pueden ser revocados
La concesión de la renuncia a la persecución penal no significa que desaparezcan las obligaciones frente a la JEP y las víctimas. Los comparecientes deben seguir atendiendo los llamados de la Jurisdicción cuando sean requeridos y, además, solicitar autorización para salir del país.
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En caso de que se compruebe un incumplimiento posterior del régimen de condicionalidad, la JEP puede revocar los beneficios, retirar libertades provisionales, excluir al compareciente del sistema y remitir nuevamente el proceso a la justicia ordinaria.
La Jurisdicción detalló que el proceso ha incluido audiencias y actos públicos en los que comparecientes han reconocido responsabilidades, pedido perdón y participado en acciones simbólicas orientadas a reparar el daño causado y dignificar la memoria de las víctimas.
En algunos casos, los aportes realizados también han permitido avanzar en la ubicación y entrega de cuerpos. La JEP reportó que, hasta la fecha, 17 cuerpos han sido entregados a sus familias en distintos departamentos y en Bogotá, después de años de búsqueda.
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La hoja de datos de la Jurisdicción señala, además, que los comparecientes beneficiados han realizado más de 178 medidas de contribución a la reparación, principalmente dirigidas a restaurar el daño causado a las víctimas y sus comunidades.
El tribunal indicó que actualmente continúa trabajando en la definición de la situación jurídica de más de 9.000 comparecientes que no son máximos responsables, con decisiones relacionadas con diferentes regiones del país. El reto será mantener el equilibrio entre seguridad jurídica para quienes cumplen y garantías efectivas para las víctimas del conflicto.
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