Exguerrilleros piden garantías ante cierre de la Zona de Ubicación Temporal en Putumayo: “No queremos volver a alzar un fusil”

Hombres y mujeres que permanecen en la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) del Valle del Guamuez, Putumayo, pidieron al Gobierno garantías para continuar su tránsito hacia la vida civil, luego de que se conociera la decisión de terminar este espacio a partir del 30 de septiembre de 2026.

La solicitud fue expresada en un video conocido en exclusiva por Caracol Radio, en el que aparecen varios de los exintegrantes que continúan en la zona ubicada en la vereda Betania. En las imágenes, dos de ellos toman la palabra para pedir acompañamiento institucional, protección y soluciones frente a los asuntos jurídicos que, según manifiestan, aún están pendientes.

Uno de los participantes aseguró que quienes decidieron permanecer en la ZUT lo hicieron porque quieren continuar con el proceso iniciado tras la dejación de armas y evitar regresar a la confrontación armada.

“Lo que más pedimos es que respeten nuestras vidas, porque esta decisión que tomamos, la tomamos fue por todas nuestras familias, porque queremos ir a casa. Y si dejamos un fusil es porque ya no queremos volver a alzar un fusil”, afirmó uno de los exintegrantes.

Los exintegrantes piden presencia de la ARN

En el video, uno de los voceros también solicitó la presencia de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) para abordar la situación de quienes permanecen en el lugar.

“Pedimos el favor y la solicitamos que mañana haga presencia para lo del tema jurídico y la situación de todos nosotros los aquí presentes”, manifestó durante su intervención.

El mismo hombre señaló que los integrantes que continúan en la zona asumieron de manera voluntaria la decisión de seguir con la ruta acordada. También hizo referencia a que algunos compañeros abandonaron la ZUT después de conocerse la decisión gubernamental de poner fin a este espacio.

De acuerdo con la información conocida por el medio, alrededor del 50% de las personas que realizaban el tránsito a la vida civil abandonaron la zona tras conocerse la determinación del Gobierno. Quienes permanecen solicitan que la institucionalidad llegue hasta la vereda Betania para atender sus inquietudes.

La petición también fue planteada en términos de garantías individuales. Otro de los participantes del video pidió a los funcionarios del Gobierno que se respeten sus derechos y que exista acompañamiento durante el proceso.

“Exigimos un garante o un vocero del Gobierno como representante para exponer nuestras dudas, preguntas y etcétera”, expresó.

Qué establece la Resolución 389 sobre el cierre de la ZUT

El Gobierno nacional formalizó la terminación de la Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal de Valle del Guamuez mediante la Resolución 389 de 2026.

El acto administrativo establece que la ZUT terminará el 30 de septiembre de 2026, fecha para la cual, de acuerdo con el documento, estarán cumplidas las condiciones materiales previstas en el Acuerdo número 14 del 5 de diciembre de 2025.

La resolución señala que el espacio tenía un carácter transitorio y temporal y que entre sus objetivos estaba iniciar la ruta para la dejación, entrega y destrucción de armas, además de facilitar el tránsito de los integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) hacia la ciudadanía plena.

El documento también indica que en la zona ingresaron 99 exintegrantes de la CNEB el 18 de junio de 2026, después de que la Oficina del Consejero Comisionado de Paz recibiera y aceptara el listado de personas reconocidas por esa organización para su desplazamiento y permanencia en el lugar.

Según la resolución, esas personas ya cuentan con la condición de desmovilizados colectivos, a partir de la Resolución 190 del 12 de junio de 2026. El Gobierno considera cumplida la finalidad transitoria de la ZUT debido a la dejación de armas, la suscripción de actas de compromiso de no repetición y el ingreso al proceso de reintegración, junto con las actuaciones penales correspondientes.

Gobierno plantea un plan de cierre y transición

La Resolución 389 establece que la Oficina del Consejero Comisionado de Paz deberá coordinar, como máximo hasta el 30 de septiembre, las actuaciones necesarias para completar el cierre de la zona.

Para ello deberán intervenir, de acuerdo con sus competencias, entidades como la ARN, Migración Colombia y el Ministerio de Relaciones Exteriores, además de otras instituciones del orden nacional.

El acto administrativo ordena igualmente solicitar la participación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa, la Unidad Nacional de Protección, la Agencia Nacional de Tierras y las autoridades judiciales, entre otras entidades.

Además, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la expedición de la resolución, la Oficina del Consejero Comisionado de Paz debe adoptar, con las entidades competentes, un Plan Interinstitucional de Cierre y Transición, cuya ejecución deberá concluir a más tardar el 30 de septiembre.

La resolución precisa que este plan tendrá carácter operativo y no podrá modificar las competencias legales de las instituciones, crear beneficios que no estén contemplados en el ordenamiento jurídico ni alterar las decisiones que correspondan a las autoridades judiciales.

Situación jurídica y proceso de reintegración

Uno de los puntos centrales de la resolución es la continuidad de las rutas institucionales para las personas reconocidas como desmovilizadas.

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización deberá adelantar las actuaciones necesarias para definir individualmente el ingreso y continuidad de estas personas en el proceso de reintegración, así como las medidas correspondientes cuando se produzca su salida de la ZUT.

El Gobierno hace una precisión jurídica en el documento: el proceso aplicable a estos exintegrantes es el de reintegración, y no el de reincorporación previsto para quienes dejaron las armas en el marco del Acuerdo Final de Paz de 2016 con las FARC-EP.

La resolución también establece que los listados y documentos pertinentes deberán ser comunicados a la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y las autoridades judiciales competentes, que serán las encargadas de adoptar las decisiones correspondientes frente a órdenes de captura y demás actuaciones judiciales.

El propio acto administrativo aclara que la Oficina del Consejero Comisionado de Paz no determina la vigencia, levantamiento o ejecución de esas órdenes, pues esas decisiones corresponden exclusivamente a las autoridades judiciales competentes.