La discusión de la reforma tributaria de Bogotá sumó un nuevo frente de críticas después de que la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) rechazara la propuesta presentada por la administración del alcalde Carlos Fernando Galán ante el Concejo.
El gremio expresó reparos frente a los cambios proyectados para el Impuesto de Industria y Comercio (ICA), que incluirían nuevas tarifas y sobretasas para actividades de transporte, logística y comercio.
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El Proyecto de Acuerdo 724 de 2026 plantea modificaciones en el impuesto predial, el ICA y los mecanismos de financiación del alumbrado público. La Alcaldía de Bogotá busca que, desde 2027, los ajustes permitan recaudar cerca de $1,2 billones anuales, además de simplificar el sistema de tributos distritales.
Para la ACC, el aumento de las cargas tributarias puede trasladarse a los precios de bienes y servicios, con efectos sobre consumidores, comerciantes, empresarios y trabajadores. La organización también advirtió sobre eventuales impactos laborales en municipios de la Sabana que mantienen vínculos económicos y logísticos con Bogotá.
Los camioneros cuestionan el aumento del ICA para transporte y logística
La ACC sostuvo que el proyecto incrementaría obligaciones para sectores que dependen de la movilidad de carga, la distribución de mercancías y la operación de vehículos. En un pronunciamiento divulgado en sus redes sociales, el gremio afirmó que Bogotá debería priorizar medidas para atraer inversión y ampliar la actividad económica.
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“Esto no es progreso, sino un castigo económico para los ciudadanos, comerciantes, empresarios y trabajadores”, indicó la entidad al referirse a la reforma. También planteó que la ciudad debe generar condiciones para la creación de empresas, en lugar de establecer cargas que, según su análisis, pueden limitar ese objetivo.
La crítica se concentra en el nuevo esquema del ICA, cuya tabla contemplaría tarifas entre 4 y 21 por mil, de acuerdo con la actividad económica. La propuesta elevaría la carga para diversas actividades financieras y modificaría el tratamiento tributario de otros sectores, entre ellos el automotor.
La discusión en el Concejo se desarrolla mientras la Alcaldía defiende que la reforma combina incrementos tributarios con mecanismos de incentivo para empresas que inviertan y generen empleo. Entre las medidas previstas figuran exenciones progresivas de ICA por hasta diez años para nuevas inversiones que cumplan requisitos de monto, actividad económica y contratación de trabajadores.
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Uno de los aspectos más discutidos es la creación de una sobretasa al predial para financiar el alumbrado público y su modernización tecnológica. La tarifa sería de 0,4 por mil para predios residenciales de estratos 4, 5 y 6, así como para viviendas de estratos 1, 2 y 3 con avalúos superiores a 20.000 unidades de valor tributario.
Para inmuebles comerciales, industriales y financieros, la sobretasa propuesta alcanzaría 1 por mil. Las estimaciones contemplan un pago anual promedio de $807.569 para predios comerciales, $1,67 millones para industriales y $2,34 millones para financieros.
El Concejo de Bogotá definirá el futuro de la iniciativa
La reforma también propone cambios a las tarifas generales del predial. Los inmuebles residenciales tendrían tarifas entre 5,5 y 13,9 por mil, mientras que los predios industriales pagarían 10 por mil y los financieros, 16 por mil. En el caso de terrenos urbanizables no urbanizados, la tarifa podría llegar a 33 por mil.
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Los cambios al predial y la sobretasa de alumbrado podrían alcanzar a cerca de 870.000 predios, según las estimaciones conocidas durante el debate. Mientras tanto, camioneros, comerciantes y concejales mantienen sus cuestionamientos sobre el efecto del proyecto en los costos de vida, el empleo y la competitividad de Bogotá.
La decisión sobre el trámite del Proyecto de Acuerdo 724 de 2026 queda en manos del Concejo de Bogotá y de la Administración Distrital, en medio de los pedidos para que el alcalde Galán reevalúe la propuesta.
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