La oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos rechazó el ingreso armado a la sede del cabildo indígena de Toribío, en Cauca, y pidió a las autoridades adoptar medidas para proteger la autonomía, el gobierno propio y el sistema de justicia del pueblo nasa.
El pronunciamiento de ONU Derechos Humanos Colombia se conoció luego del ataque ocurrido en la madrugada del 7 de septiembre.
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De acuerdo con la entidad, hombres armados irrumpieron por la fuerza en las instalaciones del cabildo, liberaron a tres personas que permanecían bajo custodia de la jurisdicción especial indígena, amenazaron a las autoridades presentes y causaron daños en el lugar.
La oficina consideró que lo ocurrido constituye una “grave agresión” contra la jurisdicción especial indígena. También solicitó acciones para prevenir nuevos hechos de esta naturaleza y garantizar la seguridad de las autoridades ancestrales en el norte del Cauca.
En su mensaje, la organización recordó que los pueblos indígenas tienen derecho a ejercer su autonomía, sus formas de gobierno y sus mecanismos propios de justicia. El llamado incluyó una referencia particular a la situación del pueblo nasa y de las comunidades asentadas en Toribío.
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“Deben tomarse medidas para proteger a las autoridades indígenas”, señaló ONU Derechos Humanos Colombia al exigir una respuesta de las instituciones competentes frente a la incursión.
Acin informó que siete hombres armados ingresaron a la sede del cabildo
La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin) divulgó un boletín en el que entregó detalles sobre el asalto a la sede del gobierno propio de Toribío.
Según el documento, el hecho ocurrió hacia las 12:15 a. m. del lunes 7 de septiembre de 2026. Las autoridades ancestrales neeh we’sx reportaron que siete hombres armados y encapuchados llegaron a las instalaciones del kwekwe neeh we’sx, sede en la que permanecían tres comuneros bajo detención de las autoridades indígenas.
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La Acin afirmó que los atacantes entraron de forma violenta, dañaron puertas y ventanas y utilizaron una pulidora para abrir los candados de la celda. De ese modo, sacaron del sitio a los detenidos, identificados en el boletín como Daniel Stiven Yonda López, Jesús Esneider Noscue Pequi y Uldarico Tenorio Méndez.
La organización indígena indicó que los tres comuneros se encontraban investigados en el proceso de la jurisdicción especial indígena. Tras su salida del recinto, quedaron “prófugos de la jurisdicción especial indígena”, según el reporte del Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos.
El comunicado agregó que los hombres armados intimidaron a los khabuwe’sx, autoridades veredales que custodiaban a los detenidos en ese momento.
El boletín indicó que, durante la retirada, los responsables se llevaron a los tres detenidos e incendiaron una camioneta que estaba bajo custodia de las autoridades indígenas. La organización no detalló la propiedad del vehículo ni precisó si el automotor estaba relacionado con alguna investigación en curso.
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Para la Acin, el episodio representa un ataque directo contra las autoridades ancestrales y contra las estructuras del movimiento indígena. “Se vulneró la autonomía del pueblo nasa”, sostuvo la asociación al referirse a la entrada armada a las instalaciones del gobierno propio.
La entidad señaló que este tipo de acciones ponen en riesgo la integridad de las autoridades indígenas, además de afectar los esfuerzos comunitarios por preservar el orden y la convivencia dentro de sus territorios.
El documento fue emitido por el Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de Çxhab Wala Kiwe, organización que reúne a cabildos indígenas del norte del Cauca. En su pronunciamiento, pidió respeto por el ejercicio del gobierno propio y por las decisiones que adopta la jurisdicción especial indígena.
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La organización también reclamó acompañamiento de organismos internacionales de derechos humanos para las autoridades del Plan de Vida Proyecto Nasa, que agrupa a los territorios de Toribío, San Francisco y Tacueyó.
La Acin solicitó el respaldo de las estructuras organizativas indígenas de los ámbitos zonal y regional. El llamado busca reforzar la protección a los integrantes de los cabildos y permitir que continúen las actuaciones de su sistema de justicia.
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