El Congreso de Colombia insiste en regular la labor de los ‘influencers’: autor de la iniciativa explicó en qué consiste

Un proyecto de ley para regular a los creadores de contenido e influenciadores fue radicado en el Congreso de la República de Colombia.

La propuesta es liderada por el senador Ferney Silva Idrobo, del Pacto Histórico, donde se establecen medidas sobre contenidos pagos que se observan constantemente en las redes sociales.

Para el parlamentario de oposición, la iniciativa propone formalizar y profesionalizar esta actividad en Colombia con reglas de transparencia para publicaciones pagadas, control sobre propaganda política en redes, permisos para usar imagen, voz o datos íntimos de terceros y exigencias sanitarias para ciertos productos.

Esta será la segunda vez que Ferney Silva presenta este proyecto ante el legislativo. En su primer periodo en el Congreso, no avanzó por falta de trámite. No obstante, aguarda para que en este cuatrienio pueda ser sancionado por la Presidencia de la República.

Detalles del proyecto de ley

Inicialmente, el senador del Pacto Histórico explicó que el proyecto de ley distingue entre influenciador y creador de contenido. En declaraciones citadas por Semana, el legislador detalló que el primero “monetiza de forma habitual y puede influir en el consumo o la opinión”, mientras el segundo “abarca a cualquier persona natural o jurídica que publique textos, fotos, videos o audio sin importar su número de seguidores”.

Uno de los puntos centrales obliga a identificar de forma expresa los contenidos pagos, incluidas las colaboraciones con marcas y la publicidad política. Esas publicaciones también deberán mencionar al anunciante, según mencionó Silva al medio citado.

La vigilancia quedaría en manos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y las sanciones se aplicarían bajo el Estatuto del Consumidor. En cuanto a las multas para quienes incumplan los lineamientos aprobados, el senador afirmó que quedarían bajo ese mismo marco.

Imagen de terceros y libertad de expresión

Por otra parte, el proyecto exige autorización previa, libre e informada para usar la imagen, la voz o datos íntimos de terceros en videos o publicaciones.

A su vez, establece que quien publique ese material deberá explicar dónde aparecerá, si habrá monetización y qué ocurrirá con esas ganancias.

La propuesta también permitiría que la persona involucrada revoque el permiso y pida el retiro del material. En ese punto, el senador indicó que se busca reforzar la protección de terceros frente a contenidos difundidos en plataformas digitales.

El autor de la iniciativa también negó que el proyecto busque decidir de qué se puede hablar y sostuvo que tampoco eliminaría el humor, la opinión o el periodismo ciudadano.

“El creador sigue siendo libre de decir lo que quiera. Lo que pedimos es transparencia cuando hay plata de por medio y respeto a la imagen de terceros”, afirmó Silva.

Entre otras disposiciones establecidas en el proyecto se encuentra la creación de un Fondo Nacional de Protección Solidaria, bajo la órbita del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicacione. Allí, se fija una cuota de fomento del 1% sobre los contratos que pagará la entidad contratante y una tarifa del 8% a título de renta para contratos inteligentes con clientes del exterior que ingresen divisas al país.

La propuesta, según Ferney Silva, determinó reglas para promocionar productos cosméticos y de salud, con la prohibición de atribuirles propiedades no avaladas por la autoridad sanitaria. Finalmente, el texto establece el 19 de diciembre como día oficial del sector.

El proyecto menciona que 465.000 personas que crean contenido en Colombia y recordó que en 2025 la inversión en publicidad digital alcanzó 3,04 billones de pesos.

“De aprobarse el proyecto, representa un paso significativo para profesionalizar la actividad, proteger a quienes la ejercen”, complementó el senador opositor.

La iniciativa comenzaría su discusión en el Senado de la República, y tendrá que pasar por cuatro debates en el legislativo, para luego ser sancionado como nueva ley de la república.