María Fernanda Cabal criticó a la defensora del Pueblo por cuestionar al gobierno por exhibir cadáveres en una rueda de prensa: “Se forman en ONG de izquierda”

La defensora del Pueblo, Iris Marín, expresó reparos frente a la manera en que el presidente Abelardo de la Espriella exhibió los cuerpos de las personas que murieron durante el operativo Azarías, que tuvo lugar el 30 de agosto de 2026.

Sus declaraciones generaron una reacción del ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien aseguró que respeta a la Defensoría del Pueblo, aunque consideró que las afirmaciones de Marín constituyeron una “equivocación”.

Tras las declaraciones del ministro del Interior, la exsenadora María Fernanda Cabal criticó a Iris Marín y afirmó que la expresión “puerta giratoria” la describe.

Según María Fernanda Cabal, la expresión se aplica a funcionarios que, de acuerdo con su postura, se forman en “ONG de izquierda” y luego llegan a ocupar cargos en “entidades clave” del Estado.

La exsenadora afirmó que Iris Marín tiene “buenos padrinos”, a quienes calificó de “progresistas”, y mencionó al expresidente Juan Manuel Santos y al exministro Juan Fernando Cristo.

“Ella es la perfecta expresión de la “puerta giratoria”, que son aquellos funcionarios que se forman en ONG de izquierda -dedicadas a ganar sentencias millonarias al Estado a través del litigio estratégico- y luego se reciclan y pasan de cargo en cargo en entidades clave. Buenos padrinos debe tener. Progresistas, claro. Como Santos y Cristo (sic)“, aseveró María Fernanda Cabal en su cuenta oficial de X.

Detalles de lo ocurrido

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, respondió el domingo 6 de septiembre a los cuestionamientos de la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, sobre la exposición pública de los cuerpos de personas que murieron durante la Operación Azarías, desarrollada en el Guaviare.

Lara publicó su posición en redes sociales. Allí destacó el trabajo de la Defensoría del Pueblo y la definió como una entidad cercana a las tareas del Gobierno en materia de víctimas y derechos humanos.

“La Defensoría del Pueblo es una aliada institucional que respetamos y valoramos. Su mandato es cuidar víctimas y derechos para lo cual cuenta con todo el compromiso del Gobierno Nacional”, escribió el ministro.

El funcionario expresó diferencias con las observaciones de Marín sobre el comportamiento estatal frente a los grupos armados. A su juicio, no corresponde poner al mismo nivel las acciones oficiales y las de organizaciones criminales.

“Equiparar al Estado con las bandas narcoterroristas, como si compitiera en crueldad. Esa equivalencia no corresponde”, afirmó.

Lara sostuvo que las autoridades tienen la obligación constitucional de combatir a estructuras que atacan a la población en distintas regiones. En su mensaje aludió a grupos que, según indicó, “matan con drones, reclutan niños y ejercen terror y barbarie contra la población”.

El ministro pidió a la Defensoría del Pueblo respaldar esa tarea desde su mandato institucional. “Necesitamos su voz con toda su fuerza”, manifestó.

También cuestionó la política de Paz Total. “Colombia está poniendo fin al cinismo de la ‘Paz Total’”, señaló. Según Lara, esa estrategia dejó a comunidades sin protección frente a organizaciones criminales.

El pronunciamiento surgió después de un video divulgado por Iris Marín a través de los canales oficiales de la Defensoría del Pueblo. La funcionaria se refirió a las imágenes en las que aparece el presidente Abelardo de la Espriella entre los cuerpos de los fallecidos, que estaban dentro de tulas blancas.

Marín citó el reporte oficial sobre la operación. De acuerdo con esa información, murieron 23 integrantes de las estructuras de alias Iván Mordisco, incluidos algunos mandos. Añadió que Medicina Legal identificó a dos menores de edad entre las víctimas mortales.

La defensora precisó que sus declaraciones no cuestionaban la realización de operativos legítimos por parte de la Fuerza Pública. Su planteamiento se enfocó en los límites legales de la actuación oficial y en la forma de comunicar los resultados.

“El Estado está en el deber de proteger a la población y de enfrentar, dentro de la Constitución y el derecho internacional humanitario, a los grupos armados responsables de graves violaciones a los derechos humanos”, sostuvo.

Marín afirmó que los cadáveres deben recibir un trato digno, aun en circunstancias de conflicto armado. Por eso cuestionó que formen parte de la presentación pública de una operación.

“No deberíamos normalizar que los cuerpos de las personas muertas hagan parte de la escenografía en una declaración pública, ni que la muerte se convierta en una forma de exhibir autoridad”, afirmó.