Gobierno de Gustavo Petro dejó el mayor número de insolvencias de personas naturales de los últimos años en Colombia

La insolvencia de personas naturales es un procedimiento legal que permite negociar deudas con acreedores o declararse en quiebra. También posibilita acuerdos para normalizar la situación financiera y ajustar los compromisos a la capacidad de pago real. El trámite se presenta ante notarías o centros de conciliación autorizados por el Ministerio de Justicia. Se recomienda hacerlo con apoyo de un experto en finanzas personales con experiencia en negociación.

Durante el gobierno de Gustavo Petro, la insolvencia de personas naturales en Colombia marcó un salto de 374% frente al de Iván Duque. El dato apunta a una presión más intensa sobre la capacidad de pago de los hogares.

El alza obedeció, según el informe de Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera, a una combinación de inflación alta, precarización laboral, pérdida de empleo formal y aumento de la informalidad. El análisis compara 11.387 trámites en la administración de Duque con 53.920 casos en la de Petro, y añade que cerca del 45% de los que se declaran en quiebra atribuyen su situación a la falta de trabajo.

Durante el periodo de Duque, el informe asocia el aumento de solicitudes al golpe económico de la pandemia de covid-19. En el gobierno de Petro, en cambio, el estudio atribuye el repunte al deterioro del mercado laboral y al encarecimiento del costo de vida.

Causas que explica el informe

El documento sostiene que cerca del 45% de los colombianos que se declaran en quiebra señalan la falta de empleo como causa principal de su crisis financiera. A eso suma el avance de la informalidad laboral, que pasó de 48,4% de los ocupados en 2021 a 54,5% en 2025.

Al respecto, el director de Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera, Luis Benítez, vinculó esa tendencia con un mayor nivel de vulnerabilidad económica en los hogares. “Cada punto porcentual que aumenta la informalidad representa a 242.000 nuevas personas o familias que entran en condiciones de vulnerabilidad, lo cual presiona al alza la búsqueda de trámites como la insolvencia. Durante el gobierno de Gustavo Petro, más de un millón de personas ingresaron a la informalidad”, indicó.

De igual forma, el informe plantea que ese entorno empujó a más personas a buscar salidas legales para reorganizar sus deudas. En el análisis, la insolvencia aparece como una respuesta al deterioro de los ingresos y a la pérdida de estabilidad laboral.

Departamentos donde más crecieron los casos

La expansión de los trámites también mostró una fuerte concentración territorial. Caquetá, Tolima y Nariño registraron los mayores incrementos durante el periodo analizado.

Los aumentos fueron en:

• Caquetá: 13.000%.
• Tolima: 1.908%.
• Nariño: 840%.

El informe señala que esos resultados coinciden con regiones donde se documentó un aumento en la presencia de actores armados ilegales. Y se plantea que ese factor puede estar relacionado con las condiciones económicas y sociales de los hogares en esos territorios. Presenta esa conexión como una interpretación del comportamiento regional de las insolvencias.

Perfil de los deudores y alertas por fraudes

A partir de una muestra propia de clientes asesorados durante los últimos ocho años, el estudio identificó diferencias en el perfil socioeconómico de las personas que acudieron a estos procesos. Durante el gobierno de Petro, los casos se concentraron sobre todo en los estratos cuatro, cinco y uno.

Dentro de ese grupo, el estrato uno mostró un crecimiento de quiebras superior al 400%. Los autores del informe ven en ese resultado un contraste con las políticas públicas de inversión social anunciadas durante el gobierno saliente. El documento también advierte sobre otro frente de riesgo para el sistema. Señala un aumento de centros de conciliación y asesores que promueven insolvencias fraudulentas.

Dicha situación ya había sido denunciada por la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria). La advertencia se refiere a prácticas irregulares dentro del ecosistema de insolvencia.

Qué muestran las cifras de 2026 y la proyección para 2027

La presión sobre las finanzas de los hogares siguió en 2026:

• Entre enero y agosto se contabilizaron 16.896 nuevas solicitudes de insolvencia de persona natural.
• La proyección inicial del informe ubicaba el total anual entre 22.000 y 25.000 casos. La cifra podría superar ese rango por las presiones socioeconómicas derivadas de desastres naturales recientes.
• Para 2027, el panorama que traza el estudio es más estable.

La expectativa descansa en un mayor dinamismo de la inversión privada proyectada durante el actual gobierno de Abelardo de la Espriella, mejores condiciones macroeconómicas y una fiscalización más estricta sobre centros de conciliación y otros actores del proceso.

La evolución de estos trámites quedará como una señal de la salud financiera de los hogares. El comportamiento dará una medida de cuánto pesan el empleo, la informalidad y el entorno económico sobre las deudas de las familias.