De la Espriella ordena revisar las fotomultas en Colombia, tras detectar 40.000 comparendos bajo sospecha en Cartago: “El dispositivo que no cumpla la ley no puede operar”

Las fotomultas quedaron bajo revisión en todo el país por orden del presidente Abelardo de la Espriella, luego de que el mandatario reportara posibles irregularidades relacionadas con los dispositivos utilizados para detectar infracciones de tránsito. La instrucción incluye verificar las condiciones técnicas, las autorizaciones y la forma en que están operando estos sistemas.

El anuncio se conoció este 6 de septiembre, cuando De la Espriella informó en su cuenta de X que solicitó a la Agencia Nacional de Seguridad Vial una revisión nacional de los equipos de fotodetección. La medida busca establecer cuáles cumplen con las exigencias y determinar si las sanciones generadas mediante estos mecanismos tienen respaldo legal.

Uno de los casos que llamó la atención del Gobierno se encuentra en Cartago, donde fue negada la entrada en operación de un sistema que, según el mandatario, no cumplía con los requisitos técnicos establecidos. La revisión preliminar en ese municipio dejó además un dato que ahora deberá ser comprobado por las autoridades: cerca de 40.000 órdenes de comparendo que podrían haber sido impuestas irregularmente. De acuerdo con la información entregada por el presidente, se trataría de dispositivos autorizados que no registraban oficialmente el comienzo de su operación.

La cifra todavía está en proceso de validación con el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit). Una vez concluya esa verificación, el Gobierno determinará qué actuaciones jurídicas corresponden frente a los comparendos identificados. A la situación de Cartago se sumó otro hallazgo. El presidente aseguró que fueron identificados 12 dispositivos cuyas autorizaciones están actualmente sometidas a un trámite de revocatoria, debido a modificaciones relacionadas con la competencia de la autoridad de tránsito.

De la Espriella también anunció que la revisión no se limitará a ese municipio. Según explicó, todos los puntos de fotodetección habilitados en Colombia serán examinados y el Gobierno trabajará con el Ministerio de Transporte en una nueva reglamentación para estos sistemas.

La intención, explicó el mandatario, es establecer controles sobre los equipos y sobre las condiciones que deben cumplir antes de ser utilizados para generar sanciones. En ese sentido, también ordenó revisar los vehículos que emplean dispositivos tecnológicos para imponer comparendos sin la presencia de agentes y sin la autorización correspondiente.

El presidente cuestionó que los mecanismos de control electrónico puedan terminar convirtiéndose en una herramienta de recaudo para los ciudadanos. “Las fotomultas son para salvar vidas, no para hacer negocios con los ciudadanos!”, escribió en su publicación. La advertencia fue acompañada por una instrucción concreta frente a los equipos que no cumplan las normas. “El dispositivo que no cumpla la ley no puede operar. Y donde encontremos irregularidades, actuaremos”, señaló De la Espriella.

La revisión hace parte de una serie de anuncios del Gobierno relacionados con los trámites y costos que enfrentan los conductores. El mandatario también planteó el pasado 29 de agosto reducir hasta en 50% algunas multas de tránsito, además de modificar aspectos de la revisión técnico-mecánica y las condiciones para los vehículos nuevos.

“Voy a proponer al Congreso reducir hasta en un 50 % el valor actual de las multas de tránsito. Una infracción debe tener una sanción proporcional; no puede convertirse en una condena económica para una familia colombiana”.

Entre las propuestas también aparecen cambios relacionados con las licencias de conducción y una revisión del Runt y el Simit para identificar posibles cobros duplicados y reducir los costos asociados a determinados trámites. Por ahora, el foco está puesto en los sistemas de fotodetección que ya operan en el país. La validación de las órdenes detectadas en Cartago será determinante para establecer si los cerca de 40.000 comparendos mencionados por el presidente fueron generados conforme a la normativa y qué procedimiento deberá seguirse en cada caso.