Los obstáculos que enfrenta Abelardo de la Espriella para aprobar su presupuesto de $634,9 billones

El Gobierno de Abelardo de la Espriella tiene pocos días para conseguir en el Congreso el respaldo al Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027, cuyo monto propuesto asciende a $634,9 billones. Aunque el Ejecutivo cuenta con mayorías en las cuatro comisiones económicas, diferentes sectores políticos ya han planteado reparos frente a la cifra y, especialmente, frente a la distribución de los recursos.

El principal interrogante que deberá resolver la administración es dónde y cuánto está dispuesta a recortar para comenzar a corregir el deterioro de las finanzas públicas. La pregunta resulta relevante porque el nuevo presupuesto es $59,3 billones superior al proyecto de $575,7 billones que había presentado el Gobierno de Gustavo Petro.

De acuerdo con información publicada por El Tiempo, Cambio Radical considera que algunas partidas deben modificarse, mientras que en el Partido Liberal todavía existen dudas sobre el respaldo al monto propuesto. Incluso dentro del Partido Conservador, aliado del Ejecutivo, han surgido reparos relacionados con la distribución de los recursos.

El Pacto Histórico, por su parte, anunció que buscará reducir la cifra. La representante María del Mar Pizarro planteó que el incremento debería limitarse al crecimiento esperado de la economía.

La discusión no se limita, por tanto, a determinar si el Congreso aprobará o no los $634,9 billones. Los legisladores también quieren conocer qué componentes del gasto serían objeto del ajuste y cuáles serán las prioridades que el Gobierno mantendrá durante 2027.

La inversión aparece como uno de los puntos de mayor discusión

Uno de los principales reclamos está relacionado con la inversión pública. La propuesta contempla $87 billones para inversión, mientras que el funcionamiento asciende a $392,6 billones y el servicio de la deuda llega a $155,4 billones.

Según el medio, la senadora Sara Castellanos, presidenta de la Comisión Tercera, ha señalado que antes de respaldar el monto es necesario saber “dónde van a recortar” y ha planteado como línea roja que el ajuste termine afectando la inversión.

Una posición similar ha expresado Bruce Mac Master, presidente de la Andi, quien considera que la inversión no debería convertirse en la principal variable para corregir las cuentas públicas.

El dirigente empresarial sostiene que conocer la verdadera dimensión del desequilibrio fiscal permite adoptar decisiones, pero advierte que reducir la inversión productiva puede afectar la infraestructura, la productividad y el capital humano. “Sincerar las cuentas no crea el problema; nos permite conocer su verdadera dimensión”.

Mac Master también ha planteado que el ajuste fiscal debe acompañarse de una recuperación de la inversión privada, de manera que el crecimiento económico contribuya a generar empleo, recaudo y capacidad para estabilizar la deuda.

El trámite comenzó con dificultades

A los reparos políticos se sumó una dificultad durante las primeras jornadas de discusión del proyecto.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, presentó inicialmente las nuevas cuentas ante las comisiones económicas. Sin embargo, una segunda jornada prevista para explicar las modificaciones no pudo avanzar debido a la ausencia de los principales ministros del gabinete.

La situación provocó cuestionamientos entre congresistas, incluidos sectores que han mostrado disposición para trabajar con el Gobierno en el trámite del presupuesto.

El episodio se produjo mientras el Ejecutivo intenta avanzar rápidamente en la discusión debido a los plazos establecidos para aprobar el PGN de 2027.

Las comisiones económicas deben definir el monto global antes del 15 de septiembre. Después podrán modificar la distribución de los recursos y, a más tardar el 25 de septiembre, deberá comenzar la discusión en las plenarias. El trámite completo debe terminar antes del 20 de octubre.

Un presupuesto que tuvo que ser reformulado

Los cuestionamientos se producen sobre un proyecto que cambió durante su trámite. La nueva administración solicitó devolver el presupuesto presentado por el Gobierno anterior y elaboró una propuesta diferente después de revisar los ingresos, las obligaciones pendientes, el servicio de la deuda y otras necesidades que, según el Ministerio de Hacienda, no estaban plenamente reconocidas.

A esta revisión se sumaron las necesidades derivadas de la emergencia económica y social provocada por el terremoto del 10 de agosto, que modificó las prioridades presupuestales y agregó nuevas presiones sobre las finanzas públicas.

Según el análisis de Anif citado por El Tiempo, la reformulación respondió tanto a inconsistencias detectadas en la programación anterior como al reconocimiento de obligaciones relacionadas con salud, pensiones, nómina y subsidios energéticos, además de los gastos derivados de la emergencia.

Por esa razón, el aumento de $59,3 billones frente al proyecto anterior no corresponde exclusivamente a una expansión general del gasto.

La deuda explica buena parte del aumento

La composición del nuevo presupuesto muestra que una parte considerable del incremento está relacionada con obligaciones ya existentes.

El servicio de la deuda aumenta en $37,4 billones y pasa de $118 billones a $155,4 billones. Los gastos de funcionamiento, por su parte, aumentan en $24,9 billones, mientras la inversión disminuye en $3 billones.

De los mayores gastos de funcionamiento, $20,3 billones corresponden a transferencias y $4,5 billones a gastos de personal. Dentro de las transferencias aparecen cerca de $6,5 billones adicionales destinados a obligaciones pensionales.

Anif calcula que aproximadamente 61% del incremento del presupuesto está explicado por el mayor servicio de la deuda. El resto responde principalmente al reconocimiento de obligaciones de funcionamiento.

El ministro Gómez ha defendido esta reformulación con el concepto de “presupuesto de la verdad”, con el que busca explicar que las nuevas cuentas incorporan compromisos que ya existían.

“El presupuesto de la verdad lo que hace es decir cuál es la situación real de las finanzas públicas, sin artilugios contables”.

El Gobierno enfrenta un déficit fiscal mayor al previsto

El nuevo escenario financiero también constituye uno de los argumentos centrales para exigir un ajuste.

El Plan Financiero calcula que, sin medidas adicionales, el déficit fiscal podría alcanzar el 9,4% del PIB en 2027 y la deuda neta subiría al 66,2% del PIB.

El escenario es superior al contemplado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, que había proyectado para ese año un déficit de 4,5% y una deuda neta equivalente al 58,9% del PIB.

Para responder a este panorama, Hacienda prepara una ley de ajuste fiscal que busca reducir el déficit primario en 2,2 puntos del PIB. De acuerdo con lo explicado por el ministro Gómez, si las medidas se implementan completamente, el déficit total podría bajar hasta alrededor del 7,2% del PIB.

El gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, consideró positivo que el Gobierno haya sincerado el desequilibrio, pero advirtió que la corrección no puede limitarse a un solo año.

“La estabilidad macroeconómica solo estará garantizada si el proceso de ajuste fiscal continúa y se profundiza durante varios años”.

Las necesidades de financiación también aumentan

El nuevo presupuesto contempla una mayor dependencia de recursos de capital. Estos pasan de aproximadamente $187 billones a $287 billones, mientras los ingresos corrientes disminuyen de $325,8 billones a $315,1 billones.

Anif calcula que las necesidades de financiamiento del Gobierno nacional central pasarían de $130 billones a $266 billones. Para cubrirlas se contempla un aumento de $61,8 billones en fuentes externas y de $66,8 billones en financiación interna.

El Gobierno ha advertido sobre el efecto que este mayor recurso al crédito puede tener sobre el sector privado. Gómez explicó que cuando el Estado absorbe una mayor cantidad del ahorro disponible para financiar su déficit, pueden reducirse los recursos destinados a empresas y proyectos privados.

“Entonces, la plata que le deberían estar prestando al sector privado para generar empresa, para generar crecimiento, esa plata se la chupa el Estado” dijo según el medio.

Asofondos también se refirió al escenario de financiación. El gremio señaló que los fondos privados de pensiones y cesantías administran cerca de $570 billones del ahorro de largo plazo de los trabajadores y que más del 30 % está invertido en deuda pública.

Para la organización, el reconocimiento del desequilibrio debe estar acompañado de una disminución gradual del desbalance fiscal desde 2027 y durante los años siguientes, con el objetivo de contener la deuda pública.