Directora del Icbf aseguró que es una “trampa” escoger entre proteger a los niños o combatir criminales: “Una patente de inmunidad”

Carolina Restrepo Cañavera, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), se refirió a la decisión del Juzgado 34 de Familia de Bogotá y del juez tercero Penal del Circuito de San José del Guaviare, Jhoan Aguilera Martínez de ordenar la suspensión de operaciones aéreas ofensivas en zonas donde se sospeche que hay niños, niñas y adolescentes.

La providencia del juzgado de Bogotá indica que es suficiente con tener información “cierta, objetiva o razonablemente verificable” sobre la presencia de menores para cesar cualquier bombardeo o acción militar.

“Mientras se profiere decisión de fondo en la presente acción de tutela, se abstengan de ejecutar operaciones aéreas ofensivas sobre objetivos respecto de los cuales exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable acerca de la presencia de niños, niñas o adolescentes reclutados o utilizados por grupos armados, hasta tanto se adopten y verifiquen las medidas de precaución y protección necesarias”, se lee en el documento del juzgado.

Por su parte, el juzgado de Guaviare ordenó la suspensión temporal de bombardeos en el departamento cuando exista información de inteligencia o haya alertas preventivas que adviertan la posible presencia de menores en las zonas susceptibles de acciones militares.

La postura de Carolina Restrepo: el deber de proteger a la niñez

De acuerdo con la directora del Icbf, este tipo de decisiones judiciales son problemático para el Estado. Según indicó, es necesario entender que los menores de edad que están en las filas armadas de las organizaciones criminales fueron reclutados y, por tanto, son víctimas. En ese sentido, es deber de la entidad y del Estado colombiano, garantizar su protección. Para lograr eso, se debe recordar que son múltiples los escenarios que permitieron el reclutamiento.

“Un menor no aparece por casualidad en un campamento de una organización criminal. Antes hubo un reclutador, hubo una amenaza, un engaño, una presión, una familia rota, una escuela abandonada, una comunidad intimidada. Hubo, en suma, un criminal que decidió apropiarse de una vida que no le pertenecía. Ese es el origen de todo”, precisó la funcionaria en una publicación en su cuenta de X.

Así las cosas, indicó que no se puede permitir que las zonas en las que se esconden los criminales se conviertan en espacios seguros para ellos debido a la presencia de menores. Aclaró que, así como el Estado tiene el deber de proteger a la niñez, también tiene la obligación de combatir a los delincuentes. “Presentarlos como si hubiera que escoger entre uno y otro es exactamente la trampa en la que no podemos caer”, indicó.

A su juicio, la fuerza pública debe extremar todas las precauciones para proteger a los niños, niñas y adolescentes, mientras que el Icbf debe ser capaz de anticiparse, identificar territorios de riesgo, actuar sobre las alertas y entender las redes de reclutamiento, sin que eso constituya “una patente de inmunidad” para los criminales.

“Si permitimos que el crimen de reclutarla termine protegiendo al criminal, habremos cerrado el círculo más perverso de todos. La niñez debe ser protegida del criminal, nunca convertida en la protección del criminal”, señaló.