Abelardo de la Espriella confirmó el traslado de 39 presos de Barranquilla a otras cárceles: “La justicia se hará respetar”

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó el 5 de septiembre de 2026 el traslado de 39 reclusos desde establecimientos penitenciarios de Barranquilla hacia cárceles de alta seguridad en distintas regiones del país, una medida con la que el Gobierno busca impedir que estructuras criminales sigan impartiendo órdenes, coordinando delitos y sosteniendo redes de extorsión desde prisión.

La decisión se suma a otros movimientos recientes y eleva a tres los grupos de internos trasladados desde la ciudad en las últimas semanas. El nuevo operativo hace parte de una estrategia para profundizar el aislamiento de personas consideradas de interés para las autoridades y limitar su contacto con organizaciones que operan fuera de las cárceles.

A través de un mensaje en redes sociales, De la Espriella defendió el operativo como una acción de control penitenciario dentro de su estrategia de seguridad.

“Estamos desarticulando sus redes de comunicación y cortando su capacidad de intimidación. Quien está privado de la libertad está para cumplir su condena, no para dirigir organizaciones criminales. En Colombia, las cárceles no serán centros de operaciones del delito. La justicia se hará respetar y la ley se cumplirá con todo su peso”.

El mandatario añadió que no permitirá que las estructuras criminales continúen “delinquiendo, extorsionando o impartiendo órdenes desde una celda”. En la misma línea, sostuvo que las personas privadas de la libertad deben permanecer en los establecimientos para cumplir sus condenas y no para dirigir organizaciones criminales.

El presidente también aseguró que las cárceles no pueden convertirse en centros de operaciones del delito y reiteró que las autoridades actuarán para hacer cumplir las disposiciones judiciales. En un pronunciamiento anterior sobre el primer grupo de traslados, había dicho:

“Por orden mía directamente, el Inpec está poniendo fin a las zonas de confort de quienes pretenden seguir delinquiendo desde las cárceles”.

El Gobierno encadena tres traslados desde Barranquilla en menos de dos semanas

El traslado anunciado este sábado no fue un hecho aislado. El primer grupo fue movido el 25 de agosto de 2026, cuando 20 presos recluidos en establecimientos de Barranquilla fueron enviados a cárceles de Bogotá, en particular La Picota y Cómbita.

Después, el 28 de agosto de 2026, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, confirmó el traslado de otros cuatro internos desde la cárcel distrital El Bosque hacia distintos centros penitenciarios del país. De acuerdo con el mandatario local, esos reclusos estarían vinculados con estructuras relacionadas con homicidio, hurto y extorsión.

En la zona media de esta ofensiva, el diario reveló que el Gobierno había ordenado un nuevo movimiento de internos recluidos en la Penitenciaría El Bosque, en el suroccidente de la ciudad. En ese momento se conoció que al menos 17 presos serían enviados a diferentes establecimientos penitenciarios del país.

Con el anuncio del 5 de septiembre de 2026, la medida central queda definida: el Gobierno cortó los canales de comunicación y reducir su capacidad de intimidación y operación criminal desde las celdas.

El antecedente inmediato más relevante ocurrió el 27 de agosto de 2026, cuando el Inpec y la Fiscalía realizaron operativos en los establecimientos El Bosque y La Modelo, en Barranquilla. Durante esas diligencias fueron incautados 18 teléfonos celulares que, de acuerdo con las autoridades, eran utilizados para realizar extorsiones desde los centros de reclusión.

Las autoridades también habían advertido que algunos privados de la libertad contaban con equipos de comunicación satelital, incluidas antenas Starlink, para coordinar extorsiones, amenazas y homicidios desde el interior de los penales.

Entre los trasladados en la primera operación había presuntos integrantes de Los Pepes y Los Costeños, señalados de continuar con actividades de extorsión y de ordenar homicidios desde prisión.

La ofensiva forma parte del plan de seguridad de 90 días anunciado por De la Espriella, con Barranquilla como uno de los principales escenarios de intervención ante la preocupación por la extorsión y los homicidios selectivos.

El presidente sostuvo que la soberanía nacional debe ejercerse en “las fronteras, las carreteras, las veredas, los barrios, los puertos y cada lugar donde un colombiano necesite protección de la autoridad”. En su planteamiento, la política no distinguirá entre ciudad y campo.

Esa definición apunta a eliminar las barreras entre el ámbito urbano y rural dentro del manejo de la seguridad. El dirigente explicó que el control del territorio, a su juicio, no se consigue con declaraciones ni discursos, según él, se hace con presencia, inteligencia, mando, tecnología, coordinación institucional y capacidad de permanencia en el terreno.

De la Espriella asoció la criminalidad como una disputa por el poder que va más allá de una sucesión de delitos. Bajo esa lectura, sostuvo que no es aceptable que trabajar, abrir un negocio, usar el transporte público o volver a casa en la noche implique un riesgo para la población.

También rechazó que la extorsión se incorpore a los costos de los comerciantes, que las familias abandonen los parques o que los jóvenes crezcan identificando qué calles controla una banda delincuencial. En ese punto, el mandatario electo defendió una política de seguridad urbana integral orientada a restituir la capacidad del Estado para fijar reglas de convivencia en todo el país.