Hay personas que por “vergüenza” no se reportan como daminificadas por el terremoto en Colombia, según análisis

El número de familias afectadas por el terremoto que se registró el 10 de agosto de 2026 en Colombia, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, llegó a 225.024 el 31 de agosto, según informó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Esta cifra representa un alza de 81,8% en menos de dos semanas frente a las 123.789 reportadas el 18 de agosto, según un análisis que hizo la Facultad de Psicología de la Universidad de San Buenaventura (sede Bogotá) sobre las personas damnificadas por el sismo. Y ese incremento es todavía mayor si se tiene en cuenta el reporte de la entidad del 2 de septiembre, que documenta 293.743 familias afectadas por el terremoto.

Por otro lado, el 2 de septiembre, la Ungrd informó que, de acuerdo con la información recopilada hasta el momento, hay 201.005 viviendas averiadas y 36.336 destruidas en todos los lugares impactados por el terremoto. Las ciudades que presentan mayores daños son Cali, Pereira y Manizales.

Según el análisis de la universidad, las cifras todavía no permiten establecer con certeza el número real de personas que perdieron sus viviendas. Sin embargo, advirtió que los mismos damnificados podrían estar minimizando los hechos, evitando solicitar subsidios o no reconociendo que resultaron afectados.

El sismo aceleró una pobreza que no siempre entra al registro

El análisis desarrollado por la facultad indica que ese fenómeno es definido como pobreza oculta. En este caso, el terremoto aceleró esa situación en tres semanas, aproximadamente, y alteró su mecanismo habitual. Pues, lo primero que pasó con el sismo es que se perdieron o se dañaron los activos de las familias, y luego cayeron los ingresos.

Ahora bien, según Javier Aceros, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de San Buenaventura y autor del análisis, las personas pueden estar atravesando muchas dificultades derivadas del terremoto, pero evitan exponer su situación y pedir ayuda por “vergüenza”, sin que eso signifique que son tercas u orgullosas.

A su juicio, hay cuestiones identitarias que interfieren en la manera como los ciudadanos afrontan este tipo de escenarios catastróficos. “Puede tratarse de una defensa de su identidad (...). La persona no niega que perdió su hogar o su negocio. Niega que ahora pertenece a un grupo vulnerable de los que reciben ayudas estatales. Aceptar la ayuda equivale a aceptar una etiqueta nueva sobre quién es”, precisó el experto, citado en un comunicado sobre el análisis.

Las personas cuyos hogares estaban ubicados en zonas urbanas en altura, con crédito hipotecario, en el Valle del Cauca y en el Eje Cafetero, podrían hacer parte de ese grupo poblacional que no está solicitando las ayudas estatales. Las familias que allí vivían, posiblemente, no se habían visto en la necesidad de pedir asistencia.

Es por eso que hay argumentos comunes a los que pueden estar recurriendo para evitar exponer esa situación de vulnerabilidad, como: “Hay gente peor que yo”. Esa frase indica que la persona considera que su caso no requiere de una atención prioritaria y que, por ende, no necesita de las ayudas económicas que se están otorgando. “Suena a solidaridad, pero puede funcionar como un permiso para no actuar ni aceptar la ayuda disponible”, detalló.

A esto se suma el hecho de que las personas afectadas se abstienen de ser una “carga” o un “problema” para los demás, por lo que evitan resguardarse en las viviendas de otros familiares.

Así las cosas, en su análisis, Aceros identificó tres perfiles de pobreza oculta relacionados con el terremoto:

• La familia de clase media con hipoteca que no quiere hacer fila.
• Las personas que ya vivían con dificultades y que temen ser señaladas de aprovechadas por recibir ayuda.
• El ciudadano que perdió su negocio, pero no la casa, por lo que no cree que sea una persona damnificada.

El no reconocimiento de la situación en la que se encuentra es riesgoso. Las personas evitan dar a conocer su caso y recibir apoyo económico, mientras se endeudan en silencio para salir de la crisis en la que se encuentran. Incluso, pueden recurrir a los llamados “gota a gota” para tratar de solucionar sus problemas de manera más inmediata, pero las consecuencias pueden ser peores.

Esto supone afectaciones múltiples. “El costo no es solo emocional. Es económico y se asume durante años. Por ejemplo, una familia que le pide plata a un prestamista para no pedirle un subsidio al Estado puede terminar peor que el día del sismo”, advirtió el docente.

En consecuencia, Aceros propuso que los ciudadanos se ayuden entre sí para que, quienes no están solicitando los apoyos económicos, aparezcan en el censo y reciban las ayudas que necesitan. “Ofrézcase a llamar con la persona a las entidades encargadas del registro y apoyo, como por ejemplo, el cuerpo de Bomberos, para pedir la visita”, recomendó.

También pidió evitar frases como “no es para tanto” o “peor están otros”, porque refuerzan la idea de que se puede quedar descartado de esas ayudas humanitarias. “Inscribirse para recibir apoyo no le quita el cupo a nadie. El censo no reparte un beneficio de manera directa: documenta un daño para que el país sepa cuánto hay que reconstruir. Lamentablemente, quien no aparece en ese papel no existe para la reconstrucción”, detalló.

Para poder hacer parte de ese universo de ciudadanos que requieren de las ayudas del Estado, el Gobierno estableció como fecha límite el 4 de septiembre para inscribirse en el Registro Único de Damnificados. Este plazo aplica para municipios donde la reapertura sigue habilitada.