Gobierno de Abelardo de la Espriella propone que consulta previa y licencia ambiental avancen en paralelo

El Gobierno de Abelardo de la Espriella propuso que la consulta previa y la licencia ambiental puedan avanzar de manera paralela y autónoma, con el propósito de evitar que uno de estos procedimientos condicione el inicio, la evaluación o la decisión del otro.

La propuesta fue presentada por Miller Soto, vocero oficial del Gobierno, en un pronunciamiento divulgado a través de los medios oficiales de la Presidencia, en el que explicó el alcance que tendría el cambio planteado para los trámites relacionados con proyectos de infraestructura, energía, hidrocarburos y otras obras.

“La consulta previa no se acaba, se transforma para hacerla más clara, más eficiente y más garantista”, afirmó Soto al explicar la iniciativa.

¿Qué propone el Gobierno sobre la consulta previa y la licencia ambiental?

Durante su intervención, el vocero explicó que la licencia ambiental y la consulta previa son procedimientos diferentes, adelantados por autoridades distintas y con objetivos específicos.

Según Soto, la licencia ambiental permite que la autoridad competente estudie si un proyecto puede afectar elementos como ríos, bosques, fauna, suelo, aire o ecosistemas, y determine si puede desarrollarse y bajo qué condiciones.

La consulta previa, por su parte, fue definida por el funcionario como un derecho de las comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y ROM cuando un proyecto pueda generar una afectación directa sobre ellas.

El Gobierno sostiene que, aunque se trata de procedimientos independientes, en la práctica pueden terminar dependiendo uno del otro, generando retrasos en determinados proyectos.

Frente a esa situación, Soto explicó que la propuesta consiste en que ambos procedimientos puedan desarrollarse simultáneamente.

“La propuesta es que la licencia ambiental y la consulta previa puedan avanzar de manera paralela y autónoma”, señaló el vocero.

De acuerdo con la explicación entregada, mientras la autoridad ambiental adelanta el estudio correspondiente, la autoridad de consulta previa podría determinar si existe una afectación directa sobre una comunidad y, cuando corresponda, desarrollar el procedimiento respectivo.

Las obras no podrían ejecutarse sin cumplir las garantías de consulta

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento fue la aclaración sobre los efectos que tendría una licencia ambiental frente a una eventual consulta previa.

Soto afirmó que el otorgamiento de una licencia ambiental no significaría que las obras puedan ejecutarse automáticamente en un territorio donde exista una afectación directa a una comunidad.

“Una licencia ambiental no será un permiso para atropellar a las comunidades”, sostuvo el funcionario.

Según explicó, cuando exista una afectación directa, las obras materiales en ese territorio no podrán ejecutarse hasta que se hayan cumplido las garantías correspondientes de la consulta previa.

El planteamiento del Gobierno busca, de esta manera, que el avance de los trámites administrativos no implique la eliminación del derecho de las comunidades a participar cuando se configure una afectación directa.

Gobierno plantea cambios para determinar cuándo procede la consulta previa

Además de modificar la relación entre ambos procedimientos, el Gobierno propuso mecanismos para establecer con mayor claridad cuándo procede una consulta previa y cómo deben desarrollarse las etapas de participación.

Entre las medidas mencionadas por Soto están mejores mecanismos de información y publicidad, participación de las comunidades, decisiones motivadas, posibilidad de presentar recursos, trazabilidad y mayores controles.

El vocero señaló que el objetivo es que las comunidades puedan conocer cuándo procede una consulta, cómo participar, qué autoridad toma las decisiones y cuáles son las razones que sustentan esas determinaciones.

El caso del Muelle 13 en Buenaventura

Durante el pronunciamiento, Soto también se refirió al proyecto Muelle 13 en Buenaventura como un ejemplo relacionado con la determinación de la procedencia de una consulta previa.

Según la información entregada por el funcionario, mediante la Resolución STC-1253 del 31 de agosto de 2026, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa determinó que, para las características técnicas y las coordenadas específicas presentadas en ese proyecto, no procede la consulta previa con comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras ni ROM.

El vocero precisó que la decisión corresponde al proyecto presentado con esas características y coordenadas específicas.

“De ninguna manera que la gente de Buenaventura pierda sus derechos”, afirmó Soto al explicar el alcance de la determinación.

De acuerdo con su pronunciamiento, si durante el desarrollo del proyecto aparece una posible afectación directa sobre una comunidad, deberá informarse a la autoridad para que sea evaluada.

La propuesta busca reducir los tiempos de los trámites

Soto relacionó la iniciativa con el objetivo del Gobierno de reducir la burocracia asociada a los proyectos. Durante su intervención mencionó obras como carreteras, puertos, proyectos de energía, hidrocarburos y otras iniciativas de infraestructura.

El funcionario sostuvo que cuando un proyecto permanece detenido durante un periodo prolongado por trámites, también se pueden retrasar iniciativas relacionadas con empleo, servicios públicos, conectividad e inversión regional.

En ese contexto, el Gobierno plantea que la licencia ambiental y la consulta previa puedan mantener sus respectivos procedimientos mientras avanzan de forma paralela.