
El exgobernador de la Guajira Juan Francisco “Kiko” Gómez apareció en la mañana del jueves 3 de septiembre, después de que su nombre fuera vinculado a la investigación por el disparo con fusil que apareció en una de las oficinas del piso 26 de la Procuraduría General de la Nación.
Pese a que se mantiene privado de la libertad, el exmandatario realizó una llamada desde prisión para declarar a la opinión pública, y ante las autoridades, que dicho ataque a la sede del Ministerio Público tuviera que ver relación alguna con su caso.
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Durante una entrevista con Caracol Radio, Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez negó haber planeado represalias contra magistrados, procuradores o funcionarios judiciales. También rechazó haber pedido a familiares que dejaran cargos públicos para trasladarse a Italia.
“El primer sorprendido y el más preocupado en esta situación soy yo, ya que en ningún momento he pensado en represalias contra nadie por la condena proferida en mi contra. He estado cumpliendo debidamente mi condena tal y como lo pueden verificar en mi hoja de vida, sin anotaciones disciplinarias de ningún tipo durante los trece años que llevo privado de la libertad”, señaló Gómez al medio radial.
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El exmandatario sostuvo que la acusación carece de sentido porque cumple una pena de 55 años de prisión y tiene 68 años. Según su planteamiento, un ataque contra quienes intervinieron en su proceso no le aportaría ningún beneficio y agravaría su situación judicial.
“Quiero decirle a los honorables magistrados que por qué tomaría esa decisión si ya yo tengo una condena de 55 años que vengo purgando y tengo 68 años, prácticamente una cadena perpetua. No veo el motivo, el porqué tenga yo que tomar una decisión de ese tipo, que no me favorecería a mí en nada ni es mi forma de actuar tampoco. Yo me solidarizo con ellos y el temor es normal”, comentó el exgobernador.
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La alarma surgió tras conocerse una comunicación del magistrado de la Corte Suprema de Justicia José Joaquín Urbano dirigida al presidente de la Sala Penal, Carlos Roberto Solórzano. El documento expuso preocupaciones de procuradores, magistrados y abogados que participaron en el expediente de Gómez.
El caso incluye el hallazgo de una bala en el piso 26 de la Procuraduría, dentro del despacho de Pedro Luis Bonilla, el funcionario que adelantaba actuaciones vinculadas con el proceso.
Gómez afirmó que quiere que la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y las demás instituciones establezcan quién estuvo detrás del hecho. “Soy la primera persona que quiero que eso se investigue”, dijo ‘Kiko’ Gómez a Caracol Radio.
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El exgobernador manifestó que está dispuesto a comparecer cuanto antes ante la justicia. “Estoy pagando mi condena y estoy presto a aclarar la situación”, señaló durante la conversación radial.

Gómez responsabilizó al periodista Gonzalo Guillén por la difusión de una versión que, según dijo, lo vinculaba con el ataque y con una eventual salida de sus familiares hacia Europa.
“No tengo un hijo, un hermano, un sobrino que sea funcionario público”, aseguró Gómez ante el medio. Con esa respuesta negó que hubiera solicitado renuncias familiares como parte de un supuesto plan para salir del país.
El exgobernador señaló que tener ascendencia italiana no supone que Italia sea un lugar de refugio. También indicó que esas versiones se habían difundido semanas antes en publicaciones en redes sociales.
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En otra parte de la entrevista, Gómez insistió en que la hipótesis sobre una represalia se instaló antes de que se conociera el oficio del magistrado Urbano. “Esto lo viene fabricando el señor Gonzalo Guillén hace semanas”, afirmó.
Gómez cuestionó su condena por el crimen de Luis Gregorio López
El exgobernador fue condenado por el asesinato del concejal de Barrancas Luis Gregorio López. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia revirtió una absolución previa y dictó la decisión condenatoria.
Gómez dijo que no comparte ese fallo, aunque afirmó que respeta a la justicia. Explicó que todavía no decidió si acudirá a nuevas acciones judiciales, entre ellas una tutela relacionada con sus derechos.
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El condenado sostuvo que no tuvo participación en el homicidio del concejal. Durante la entrevista, señaló al hermano de la víctima, William López, como una persona que, según su versión, podía aportar información sobre los responsables materiales.
La entrevista se interrumpió cuando se escucharon voces de fondo y la palabra “rascada”, una expresión que los periodistas asociaron con una requisa sorpresa dentro de una cárcel.
Los conductores aclararon que no pretendían determinar cómo Gómez tuvo acceso al teléfono. Indicaron que ese asunto correspondía al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
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