Chichimene pide diálogo con Ecopetrol tras fallo por protestas en estación petrolera

La comunidad de San Isidro de Chichimene, en zona rural de Acacías, Meta, pidió abrir una mesa de diálogo con Ecopetrol y el Gobierno Nacional antes de que avance el proceso para establecer una eventual indemnización por los daños ocasionados durante las protestas realizadas en 2017 en la zona.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, la solicitud se conoce después de que el Consejo de Estado determinara que algunas acciones ocurridas durante esas manifestaciones superaron los límites constitucionales de la protesta pacífica. El alto tribunal revisó los hechos registrados entre el 31 de julio y el 15 de agosto de 2017, cuando hubo bloqueos en la Estación Chichimene de Ecopetrol.

Según la decisión, las protestas restringieron el ingreso de trabajadores, equipos e insumos, lo que terminó afectando la operación petrolera. Por esos hechos, el Consejo de Estado declaró responsables solidariamente a la Corporación Comunitaria de Juntas de Acción Comunal del Área de Influencia Directa de San Isidro Chichimene y a Sandra Patricia Ruiz Riaño por los perjuicios ocasionados a la empresa.

Fallo ordena calcular perjuicios

Ecopetrol señaló que, durante los bloqueos, 20 pozos tuvieron producción diferida, es decir, dejaron temporalmente de producir con normalidad. La compañía reportó cerca de 32.000 barriles afectados y pérdidas inicialmente estimadas en más de $4.056 millones.

El fallo estableció un plazo de 60 días para que Ecopetrol presente una prueba técnica que determine cuánto fueron realmente los perjuicios. Ese cálculo deberá establecer qué producción se dejó de obtener y cuánto representaba económicamente para el año 2017.

La preocupación de la comunidad está en quién asumiría ese eventual pago. El abogado Nelson Rodríguez, representante de la comunidad, explicó que se trata de 14 veredas y juntas de acción comunal que, según dijo, no cuentan con recursos económicos para responder por una indemnización de esa magnitud.

Para Rodríguez, la discusión no debería limitarse al daño económico alegado por Ecopetrol. El abogado sostiene que también deben revisarse las condiciones sociales de las comunidades ubicadas en una zona con alta actividad petrolera y con necesidades históricas en servicios públicos e infraestructura.

Comunidad pide obras y atención social

El representante de la comunidad afirmó que, durante años, los habitantes han reclamado mayor atención del Gobierno y de la empresa petrolera. Entre las principales preocupaciones mencionó la falta de servicios como agua, energía y alcantarillado, además del deterioro de la vocación agrícola de la zona.

Según Rodríguez, los cambios derivados de décadas de actividad petrolera y problemas como la sequía han afectado las dinámicas tradicionales del territorio. Por eso, insistió en que la eventual discusión con Ecopetrol debe incluir compromisos sociales y no solo el cálculo de daños económicos.

“Hacer un llamado al presidente, decirle, ‘Venga, más allá de la explotación del petróleo, listo, no estamos oponiéndonos a eso, pero al menos que a nosotros como comunidad nos quede algo de ese producto que se saca en nuestro terreno. Nos quede algo: buenas vías, una infraestructura, vivienda de interés social que no hay’”, dijo el abogado Nelson Rodríguez.

La comunidad sostiene que no busca recurrir nuevamente a vías de hecho. Por el contrario, plantea una mesa de diálogo con Ecopetrol y el Gobierno para revisar los efectos del fallo, buscar alternativas frente a la eventual indemnización y mejorar la relación entre la empresa y las juntas de acción comunal.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la tensión entre operación petrolera, protesta social y demandas comunitarias en zonas productoras. Mientras Ecopetrol deberá sustentar técnicamente los perjuicios, las comunidades piden que también se escuchen sus necesidades y que la respuesta institucional no se limite a una sanción económica.

La petición de Chichimene apunta a evitar que el fallo termine profundizando el conflicto entre la empresa y las veredas del área de influencia. El llamado central es abrir un espacio de conversación antes de que se defina el alcance económico de la decisión judicial y antes de que las comunidades queden enfrentadas a una obligación que, según su abogado, no estarían en capacidad de asumir.