
La producción de gas de Sirius para 2030 y 2031 depende de que sus promotores obtengan las licencias ambientales requeridas y cierren las consultas previas pendientes.
El proyecto, situado en el mar Caribe, enfrenta tensiones con una comunidad de Taganga que, según directivos de las empresas, formuló exigencias económicas que amenazan el cronograma.
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El megaproyecto podría aportar más de 170.000 millones de metros cúbicos de gas natural (más de seis terapiés cúbicos), frente a los cerca de 48.000 millones de metros cúbicos (1,7 terapiés cúbicos) de reservas colombianas registradas al cierre de 2025. Su producción estimada alcanza 13,3 millones de metros cúbicos diarios (470 millones de pies cúbicos diarios).
El principal trámite pendiente para iniciar la explotación es una consulta previa con la comunidad de Taganga, una población de pescadores artesanales cercana a Santa Marta. Sin un acuerdo protocolizado, las compañías no podrán presentar ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) la solicitud necesaria para extraer el recurso.
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La gerente general de Costa Afuera y Exploración de Ecopetrol, Elsa Jaimes, describió la situación como el principal obstáculo para el proyecto. “Esa comunidad está a nivel de extorsión. Está pidiendo un montón de plata”, afirmó la directiva, sin revelar el monto de las solicitudes.
Jaimes sostuvo ante El Tiempo que la falta de un acuerdo con esa población bloquea el proceso ambiental. La ejecutiva definió la negociación pendiente como “el cuello de botella” para avanzar con el gas hallado en aguas del Caribe.
El presidente de Petrobras Colombia, Alcindo Moritz, coincidió en que la iniciativa no puede quedar condicionada por reclamos que las empresas consideran desproporcionados. Petrobras es la operadora de Sirius.
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Moritz señaló al diario nacional que las compañías no pueden convertirse en “rehenes de una comunidad que quiere un pago 20 veces mayor que otras 116 comunidades”. El ejecutivo pidió certezas sobre el calendario de la obra y advirtió que una o dos poblaciones no deberían detener el desarrollo total.
El gasoducto de 117 kilómetros exige acuerdos con 120 comunidades
Sirius necesita otro permiso ambiental para construir un gasoducto de 117 kilómetros que llevará el recurso hasta el campo Ballena, en La Guajira. El esquema también contempla una modificación de la licencia que tiene Hocol para procesar el gas en esas instalaciones.

El proceso asociado a esa infraestructura incluye consultas previas con 120 comunidades. Ecopetrol informó que comenzó formalmente los diálogos con el 97% de las poblaciones certificadas por la Autoridad Nacional de Consulta Previa.
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La empresa también indicó que 38 comunidades, equivalentes al 32% del total, ya protocolizaron sus acuerdos. El avance es uno de los elementos que las compañías consideran favorables dentro de un trámite más amplio de licenciamiento.
“Los avances alcanzados demuestran el compromiso conjunto de las comunidades, las autoridades y las empresas participantes para construir las condiciones que permitan el desarrollo responsable de Sirius”, aseguró Ecopetrol a El Tiempo.
La Autoridad Nacional de Consulta Previa evalúa, además, si incorpora nuevas comunidades a las negociaciones a raíz de fallos judiciales. Esa posibilidad añade presión sobre los plazos previstos por las empresas.
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Moritz afirmó que el licenciamiento del gasoducto progresa y que las consultas se acercan a su cierre. Aun así, remarcó que la certidumbre jurídica constituye el factor determinante para cumplir con los objetivos trazados.

“Como estamos vamos bien, pero no se pueden comenzar a añadir comunidades, ni que alguna comunidad presente alguna demanda fuera de la curva”, dijo el presidente de Petrobras Colombia al diario nacional.
El directivo planteó que las reglas para la ejecución de Sirius no deberían cambiar durante el procedimiento. Para Petrobras, cualquier demora en las consultas o en los permisos puede comprometer la meta de iniciar la producción en el período previsto.
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La gerente de Ecopetrol aclaró que las empresas no buscan eludir sus obligaciones sociales frente a las poblaciones involucradas. Su planteo apunta a evitar que la inclusión de una comunidad adicional suspenda todo el proceso de licenciamiento mientras se realizan las etapas de diálogo.
Las empresas aspiran a solicitar la licencia en 2027
Ecopetrol y Petrobras proyectan terminar las consultas previas hacia finales de 2026. El siguiente paso sería presentar la solicitud de licencia ambiental para el gasoducto durante el primer trimestre de 2027.
Las compañías esperan aprobar la ejecución del proyecto antes de que termine ese mismo año. Una vez conseguida la autorización ambiental, la ingeniería necesaria para llegar a la fase productiva demandará cerca de tres años.
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El yacimiento es presentado por el sector como una alternativa para reducir las importaciones de gas con un recurso nacional que las empresas describen como más limpio, económico y confiable. La posibilidad de cumplir esa expectativa dependerá de que las consultas pendientes, los permisos ambientales y la definición sobre nuevas comunidades no alteren los plazos establecidos.
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