Fiscalía reactivó las órdenes de captura contra alias Calarcá y otros cabecillas de grupos armados ilegales

La fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, firmó la resolución oficial mediante la cual se levantó formalmente la suspensión de las órdenes de captura que pesaban sobre varios cabecillas e integrantes de grupos armados ilegales en el territorio colombiano, entre ellos el de alias Calarcá.

La decisión del ente judicial responde a una solicitud formal radicada por el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella el 28 de agosto; además, la finalización que dio a las diferentes mesas de diálogos que había.

En dicha petición, el Poder Ejecutivo solicitó retirar las prerrogativas jurídicas que mantenían inactivas las detenciones judiciales de estos ciudadanos, las cuales habían sido otorgadas por la política de Paz Total de la administración anterior.

El mecanismo legal, amparado en la Ley 2272 de 2022, que modificó la Ley 418, permitía la suspensión temporal de los requerimientos judiciales a personas designadas como representantes, voceros o gestores en mesas de diálogo.

Si bien esta figura buscaba facilitar la movilidad de los delegados durante los acercamientos, no implicaba la preclusión de sus procesos penales ni el archivo de las investigaciones. Con las nuevas directrices fijadas por el Gobierno nacional, la Fiscalía procedió a reactivar la ejecución de las capturas para los miembros de tres estructuras criminales.

Tres estructuras armadas quedan afectadas: cabecillas que se les activa la orden de captura

En el listado correspondiente al Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, la resolución deja sin efecto los beneficios para los siguientes miembros:

• Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá: máximo cabecilla de la fracción disidente conocida como el Estado Mayor Central (EMC).
• Javier Alfonso Velosa García, alias Dionisio: jefe del frente 33 de las disidencias de las Farc y responsable de ataques en la región oriental del país.
• Roland Arnulfo Torres Huertas, alias Boyacá: comandante histórico de finanzas y seguridad de la estructura en el departamento del Meta y la región del Ariari.

Por parte de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, conocida como la Segunda Marquetalia (también de las disidencias), la reactivación de las órdenes abarca a los siguientes representantes:

• José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza: veterano excomandante de las Farc, segundo al mando del grupo armado y jefe de la delegación de diálogos.
• Giovanni Andrés Rojas, alias Araña: jefe militar con accionar en el departamento de Putumayo a través de la estructura Comandos de Frontera.
• Allende Perilla Sandoval: cabecilla con alta presencia e influencia en las zonas de conflicto del Pacífico nariñense.

En cuanto a la organización armada Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, la resolución emitida por la Fiscalía General incluye a los siguientes integrantes:

• José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo: mando clave de la estructura en la región Caribe y con nexos delictivos en la zona.
• Loryn Emilio Pertuz Ballestas, alias Sebastián o ‘York’
• Orlando Pérez Ortega, alias Patiliso
• Elmer David Reyes Carrillo
• Jhon Rafael Salazar Salcedo
• Daniel Bravo Arias

Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias Muñeca, y Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, aparecen en la resolución, pero la Fiscalía se abstuvo de reactivar o adoptar una decisión sobre sus órdenes, pues estas no estaban suspendidas y ambos eran requeridos en trámite de extradición.

Alias Calarcá le hizo ‘el quite’ a la justicia en 2024 gracias a la Paz Total de Gustavo Petro

La reactivación de los requerimientos contra alias Calarcá coincide con el avance de una audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en su contra. Esto ocurre luego de que el ente investigador notificara previamente al despacho presidencial sobre la reincidencia delictiva del procesado mientras mantenía el estatus de negociador de paz.

El antecedente directo de esta controversia se remonta a julio de 2024, cuando alias Calarcá fue interceptado durante un procedimiento de control militar mientras se desplazaba en una caravana de vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) por carreteras del departamento de Antioquia.

En aquella oportunidad, las autoridades encontraron armas, establecieron que viajaba con otros integrantes de la estructura disidente y hallaron material que no debía estar en su poder. Sin embargo, las fuerzas tuvieron que dejarlo en libertad debido a que su orden de captura se encontraba suspendida, una situación que generó cuestionamientos entre las autoridades departamentales.

Durante las inspecciones realizadas a dicho esquema de movilidad, las autoridades incautaron elementos tecnológicos de comunicación. El análisis del material probatorio recopilado por la unidad investigativa de medios nacionales permitió a la Fiscalía determinar que el cabecilla continuaba dirigiendo operaciones criminales en la región a pesar de sus compromisos en los procesos de negociación.

En el documento suscrito por el ente fiscal se aclara además que existen otros miembros de grupos armados cuya orden de captura no requirió una nueva resolución, debido a que sus requerimientos judiciales se encontraban previamente activos en el sistema penal.