Crisis en La Mojana: investigadores proponen al Gobierno retomar antiguo sistema hidráulico como solución a la emergencia por inundaciones

En La Mojana, el agua no es una anomalía. Es parte del territorio. La región, ubicada principalmente entre los departamentos de Sucre y Córdoba, con una pequeña extensión en Bolívar, hace parte de la Depresión Momposina, una extensa planicie atravesada por ríos, caños, ciénagas y otros cuerpos de agua.

Allí, los ciclos de inundación no son recientes ni producto exclusivo de las transformaciones humanas: forman parte de una dinámica ambiental que, según los investigadores, se mantiene desde hace al menos 10.000 años. Lo que ha cambiado es la manera en que las sociedades han intentado relacionarse con ella.

Mientras buena parte de las intervenciones contemporáneas han buscado contener el agua mediante diques, muros y otras obras, las poblaciones indígenas que habitaron la región durante más de dos milenios desarrollaron una estrategia distinta: no intentaron detener las inundaciones, sino distribuir el agua y aprovechar sus ciclos. Ese sistema, compuesto por canales y campos elevados o camellones, se extiende por cientos de miles de hectáreas y constituye uno de los ejemplos más extraordinarios de transformación del paisaje en América.

Una nueva investigación, realizada por arqueólogos del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icahn), la Universidad de Cambridge y la Universidad Santiago de Compostela, permitió avanzar en una pregunta que durante décadas había permanecido abierta: ¿cómo hicieron estas sociedades para construir una infraestructura de semejante escala?

La respuesta cuestiona una de las interpretaciones tradicionales sobre estas sociedades. La magnitud de las obras no necesariamente implicó la existencia de un poder central que ordenara a miles de personas construirlas. Los cálculos realizados mediante análisis espacial y herramientas computacionales apuntan, en cambio, a la posibilidad de que grupos relativamente pequeños, organizados alrededor de las unidades familiares y de la cooperación, pudieran levantar estas estructuras en periodos relativamente cortos.

Para Fernando Montejo, subdirector de Gestión del Patrimonio del Icahn y uno de los investigadores del estudio, ese resultado tiene una importancia que va más allá de la arqueología. “La solución era la contraria: distribuir armónicamente las aguas y evitar justamente que, al contenerlas, en algún momento se rompan y ahí sí haya un desborde con mucha fuerza, que es lo que ocurre hoy en día”, explicó en entrevista con Infobae Colombia.

Un territorio que siempre ha vivido con las inundaciones

Para entender por qué este conocimiento puede ser relevante hoy, primero hay que entender la naturaleza de La Mojana. Montejo explica que la Depresión Momposina está atravesada por una confluencia de fallas geológicas que genera un proceso de subsidencia, es decir, un hundimiento paulatino del terreno de aproximadamente uno a tres milímetros por año.

Aunque parece una variación mínima, al combinarse con la dinámica de los ríos y las lluvias contribuye a la formación de los espejos de agua permanentes y de los complejos cenagosos que caracterizan la región.

Esa configuración no apareció recientemente. Según el investigador, las condiciones ambientales son similares desde hace por lo menos 10.000 años y los pulsos anuales de inundación hacen parte de esa historia. Fue en ese territorio donde, aproximadamente hace 3.000 años, comenzaron a establecerse de manera paulatina grupos indígenas que terminaron ocupándolo durante unos 2.200 años, desde aproximadamente el año 1000 antes de Cristo hasta el 1200 después de Cristo.

Su respuesta frente al agua fue transformar el territorio sin intentar eliminar su dinámica natural.

La diferencia es fundamental. El modelo contemporáneo suele partir de la idea de que una inundación es un problema que debe ser detenido: construir un dique, cerrar un caño, levantar un muro o impedir que el agua alcance determinadas tierras. El sistema prehispánico partía de una premisa distinta: conducir el agua, distribuirla y elevar las áreas destinadas a la producción para mantenerlas en condiciones adecuadas de humedad.

El resultado fue una infraestructura que permitía producir en un territorio que permanecía inundado durante buena parte del año. “Era un sistema que, en efecto, beneficiaba todo eso. Aquí se podía cultivar todo el tiempo”, señaló Montejo.

En la actualidad, las comunidades tienen una ventana de aproximadamente cuatro meses, cuando bajan las aguas, para cultivar determinadas especies de ciclo corto. Los antiguos campos elevados permitían, en cambio, levantar el suelo y mantener los cultivos en un nivel de humedad adecuado: ni demasiado seco ni demasiado inundado.

La evidencia arqueológica también muestra la diversidad de recursos que sustentaban a estas poblaciones. Los estudios de palinología permitieron identificar yuca, maíz, Ipomoea y batata, además de palmas como Elaeis oleifera, conocida como palma de corozo. En los sitios arqueológicos también fueron identificadas nueve especies de peces, algunas de las cuales ya no se encuentran actualmente en la región.

Ese contraste entre el pasado y el presente también pone sobre la mesa otro de los problemas actuales de La Mojana: la contaminación de sus aguas. El investigador advierte que la región enfrenta una fuerte contaminación asociada, entre otros factores, a la minería de oro en las zonas altas de las cuencas, con presencia de metales pesados que afectan los ecosistemas y las poblaciones.

Así, la crisis de La Mojana no puede reducirse solamente a una discusión sobre inundaciones. También involucra la pérdida de condiciones ambientales que durante siglos hicieron productivo ese territorio.

La gran pregunta: ¿Quién construyó las 500.000 hectáreas de campos?

El sistema hidráulico no fue descubierto recientemente. Fernando Montejo hace énfasis en este punto porque la existencia de los canales y camellones ya había sido identificada en la década de 1960 por un geógrafo estadounidense que sobrevoló la zona y observó desde el aire las estructuras.

Posteriormente, el Museo del Oro, con investigaciones de Ana María Groot, realizó estudios importantes durante la década de 1990. Montejo y otros investigadores de la Fundación Erigaie comenzaron a trabajar en la región hacia finales de esa década y han continuado estudiando el sistema durante décadas.

Lo novedoso del trabajo realizado con la Universidad de Cambridge y la Universidad de Santiago de Compostela fue otro aspecto: cuantificar el esfuerzo que pudo requerir la construcción de estas estructuras.

La dimensión del sistema había generado durante años una pregunta lógica. Si existen aproximadamente 500.000 hectáreas de tierras transformadas, ¿qué clase de organización social habría sido necesaria para mover semejante cantidad de suelo? Una interpretación tradicional planteaba que una obra de esa magnitud debía requerir una estructura jerárquica capaz de ordenar el trabajo de grandes cantidades de personas. Sin embargo, la evidencia arqueológica que Montejo y sus colegas habían reunido no encajaba completamente con esa hipótesis.

Otro arqueólogo de la Universidad de Antioquia, Schneider, que participó del estudio, plantó que estas sociedades pudieron organizarse mediante grupos heterárquicos: comunidades relativamente igualitarias que se unían para desarrollar obras colectivas.

El nuevo estudio permitió poner esa hipótesis a prueba desde otra perspectiva. Mediante imágenes LIDAR –una tecnología que permite obtener información extremadamente precisa sobre la superficie del terreno–, análisis espacial, algoritmos y modelos matemáticos, los investigadores estudiaron un sector de La Mojana en el que se conservan canales, camellones y plataformas habitacionales.

El objetivo fue calcular el volumen de tierra desplazada y relacionarlo con la disponibilidad de personas y con las unidades domésticas identificadas arqueológicamente.

El resultado llevó a Montejo y sus colegas a una conclusión diferente de la que se habría esperado por la monumentalidad del sistema: una población cercana a 800 individuos habría podido participar en la construcción de estas estructuras en un periodo relativamente corto. “Pensábamos que, con nuestros datos anteriores, esto se desarrollaba en periodos muy largos y, además, como te decía, con una organización social coercitiva, impositiva. Y no”, cuenta Montejo.

En ese escenario, la familia y la unidad doméstica adquieren un papel central. La construcción habría sido posible mediante cooperación, conocimiento acumulado y transmitido entre generaciones y una organización social capaz de coordinar el trabajo sin depender necesariamente de una autoridad central.

No se trataba de una infraestructura improvisada ya que el sistema revela una planificación que, para Montejo, demuestra un conocimiento especializado del territorio. Los canales siguen las particularidades geomorfológicas de la región: las zonas de zapales, los cuerpos de agua permanentes, los caños y las pequeñas elevaciones que quedan expuestas durante aproximadamente cuatro meses al año.

La organización es tan precisa que, en muchos casos, solo puede apreciarse desde el aire. Desde el suelo, explica el investigador, apenas se perciben ondulaciones, pero desde arriba aparece el patrón completo.

Eso significa que las comunidades tenían un conocimiento detallado de los ríos, los caños, las zonas inundables y las diferencias de altura del terreno. “Es conocimiento experto”, resume Montejo, precisando que ese conocimiento no desapareció necesariamente cuando desaparecieron aquellas sociedades. Parte de la información permanece en las propias estructuras del paisaje.

¿Puede ese conocimiento ayudar a enfrentar la crisis actual?

La posibilidad de recuperar principios de ese sistema prehispánico no significa simplemente reconstruir los camellones del pasado y trasladarlos sin modificaciones al presente.

La investigación aporta, sobre todo, información para pensar otra relación con el agua. Montejo insiste en que el estudio permite plantear soluciones basadas en el ordenamiento del territorio frente al agua, en lugar de asumir que la solución consiste en eliminar las inundaciones. “La gran lección” —planteada durante la entrevista— es aprender a convivir con el agua en vez de intentar bloquearla.

El investigador reconoce que existen posiciones diferentes en La Mojana. Algunas defienden las obras de contención y la construcción de diques; otras consideran que es necesario permitir que el agua continúe transitando por los territorios inundables y mantenga la humedad de los ecosistemas.

Para Montejo, intentar convertir a La Mojana en un territorio que nunca se inunde desconoce su propia naturaleza. “Porque eso sí es prácticamente imposible. Hacer que la zona no sea inundable es pensar que podemos actuar sobre sistemas de fallas geológicas que es imposible que nosotros, los seres humanos, controlemos”, afirmó a este medio.

Carlos Carrillo, quien estuvo al frente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) entre marzo de 2024 y junio de 2026, coincide con esa lectura general. El exdirector de la entidad celebró la declaratoria reciente de alrededor de 350.000 hectáreas que fueron declaradas área arqueológica protegida, y considera que el reconocimiento de ese patrimonio permite recuperar una discusión sobre la manera en que se ha ocupado La Mojana.

Carrillo comparó esa situación con la del río Sinú y cuestiona las intervenciones que, según su interpretación, han intentado modificar las dinámicas naturales para convertir zonas inundables en áreas destinadas a proyectos agropecuarios. Su crítica apunta particularmente al modelo de contención.

Según explicó, durante las últimas décadas se han desarrollado intervenciones destinadas a cerrar caños y construir diques con el propósito de proteger tierras de actividades agrícolas y ganaderas. A su juicio, ese modelo desconoce que los ríos de la región cambian naturalmente de curso y que las llanuras inundables cumplen una función dentro del sistema.

Para Carrillo, el problema no está en que los ríos se desborden, sino en que las sociedades hayan construido y ocupado territorios que históricamente cumplen la función de recibir esas aguas. “Los desastres no son naturales. Los fenómenos son naturales. Los desastres tienen que ver con las acciones humanas”, sostuvo en conversación con Infobae Colombia.

Cara de Gato y el debate sobre cómo intervenir La Mojana

La discusión se vuelve más concreta cuando se llega al punto de Cara de Gato, uno de los lugares que ha concentrado la atención institucional durante la emergencia de La Mojana. Carrillo explicó que allí confluyeron diferentes factores: la dinámica natural del río Cauca, la sedimentación, la minería ilegal y otras intervenciones humanas.

El punto corresponde a un recodo del río en el que existían dos brazos. El brazo más grande comenzó a sedimentarse mientras el más pequeño aumentaba su caudal y amplitud. Según Carrillo, la modificación de esa dinámica hizo que el río terminara ejerciendo una mayor presión sobre el punto donde posteriormente se produjo el rompimiento en 2021, que provocó una inundación de grandes proporciones.

Carrillo sostiene que, en determinados momentos, por ese punto llegaron a pasar hasta 1.000 metros cúbicos de agua por segundo. Su relato también incluye cuestionamientos a la respuesta institucional de los gobiernos anteriores y posteriores, así como a decisiones de contratación y ejecución de obras.

Uno de los proyectos que menciona es el denominado Canal de la Esperanza, una obra de emergencia que, según explica, tuvo un costo aproximado de 17.000 millones de pesos y buscaba ensanchar el canal en cerca de 400 metros para acelerar el flujo del agua a poca profundidad. La lógica de esa intervención era distinta a la de un muro de contención: aprovechar la velocidad del agua para favorecer la recuperación del curso natural del río.

Carrillo asegura que, paralelamente, se avanzaba en un proyecto de mayor escala denominado Dinámicas Hídricas, cuyo valor superaba el billón de pesos, pero que finalmente no fue contratado durante el periodo en el que tuvo responsabilidades en el Fondo Adaptación.

En este punto, el exfuncionario hace una precisión institucional: la Ungrd, sostiene, no es la entidad encargada de ejecutar grandes proyectos de infraestructura hidráulica de esa magnitud. Su función está relacionada con la atención de emergencias, el conocimiento y la reducción del riesgo. El Fondo Adaptación, en cambio, sí tenía a su cargo proyectos de infraestructura de gran escala.

La discusión sobre Cara de Gato muestra precisamente el choque entre dos maneras de entender la intervención. Una busca reducir el riesgo mediante obras de control y contención, y la otra intenta disminuir la presión sobre el sistema y permitir que el agua recupere parte de sus recorridos naturales.

El estudio arqueológico introduce una tercera posibilidad: aprender de un modelo que durante siglos no intentó eliminar el agua, sino organizar el territorio alrededor de ella.

La solución no puede llegar únicamente desde afuera

Para Montejo, si el Estado decidiera explorar la recuperación de estas prácticas, el primer paso no debería ser contratar una gran obra. Debería ser escuchar a quienes viven actualmente en el territorio.

El investigador plantea comenzar con las comunidades de La Mojana y del Bajo San Jorge para determinar qué quieren hacer, qué sistemas consideran útiles y de qué manera podrían adaptarse las estructuras prehispánicas a las condiciones actuales.

La advertencia es importante: no todas las comunidades necesariamente tendrían interés en utilizar los campos elevados para producir alimentos, y las formas contemporáneas de habitar y trabajar en la región deben ser tenidas en cuenta.

Montejo recuerda que en otros países algunos proyectos han fracasado porque fueron diseñados e implementados desde afuera sin integrar a las comunidades ni considerar sus propias formas de entender el territorio. En La Mojana, plantea, el proceso debería ser diferente: “Lo primero es trabajar con las comunidades que habitan el lugar y empezar a hacer pruebas junto con ellos”.

El papel del Estado, en ese escenario, sería impulsar y apoyar los procesos locales, no imponer un modelo terminado. “No es llegar con los modelos, sino que los modelos se generen desde adentro y que el Gobierno nacional y local apoyen esos procesos que la propia comunidad genera”, sostuvo a este medio.

El investigador asegura que ya existen líderes locales interesados en recuperar algunas de estas prácticas y que algunos han comenzado, incluso sin financiación externa, a construir elevaciones de tierra siguiendo principios similares a los prehispánicos y han obtenido resultados productivos. La experiencia plantea una posibilidad concreta: comenzar a pequeña escala, desde las familias y comunidades, y evaluar qué funciona antes de pensar en una recuperación más amplia.

Un patrimonio que también puede proteger el futuro

La discusión sobre los camellones no se limita a su posible utilidad frente al agua. El Icahn también ha declarado una parte del territorio como Área Arqueológica Protegida, una figura que Montejo considera fundamental después de décadas de investigación.

El investigador lleva cerca de 30 años trabajando en la región y recuerda que desde hace décadas se planteaba la necesidad de proteger formalmente estos sitios. La declaratoria busca conservar los vestigios arqueológicos sin desconectarlos de las comunidades que actualmente viven en el territorio.

La intención, explica, no es prohibir las actividades contemporáneas ni generar un conflicto entre conservación y población local. Por el contrario, se busca que las actividades actuales puedan desarrollarse de manera compatible con la protección del patrimonio.

La relación con el territorio, además, no es igual para todos. Para un ganadero, un sitio arqueológico puede tener un significado distinto al que tiene para un pescador o para otra persona de la comunidad. La protección, por eso, debe incorporar esas distintas perspectivas.

Montejo considera que el área protegida puede convertirse en un espacio para fortalecer el tejido social y cultural de La Mojana, siempre que el proceso sea construido junto con sus habitantes. “Eso no es de la noche a la mañana; es un proceso de largo aliento”, advirtió.

El Icahn ya ha desarrollado experiencias similares en lugares como San Agustín, en Huila; Santa María la Antigua del Darién, en Chocó; y La Lindosa, en Guaviare, donde la protección del patrimonio arqueológico convive con las dinámicas sociales y económicas de las comunidades. En La Mojana, la apuesta es que los vestigios arqueológicos no sean únicamente algo que deba conservarse, sino también una fuente de conocimiento para comprender cómo habitar el territorio.

Más bosque y menos confrontación con el agua

La investigación tampoco termina en los camellones. Fernando Montejo cuenta que actualmente trabaja en una investigación paleoecológica junto con investigadores de España y Colombia para reconstruir las condiciones de clima y vegetación existentes durante el periodo en que funcionó el sistema hidráulico.

Los estudios anteriores ya habían encontrado una diferencia importante entre aquel paisaje y el actual: había mucha más cobertura boscosa. La transformación del territorio durante los últimos siglos ha favorecido una visión en la que una extensión de tierra “limpia” suele asociarse con una tierra sin árboles.

El registro paleoecológico muestra una realidad distinta. En el paisaje prehispánico existía un equilibrio entre áreas abiertas y áreas de bosque, con una presencia forestal mayor que la actual.

Para Montejo, recuperar parcialmente ese equilibrio podría aportar beneficios frente a los efectos locales del cambio climático sin exigir necesariamente una transformación radical de las actividades económicas. La propuesta es más sencilla: combinar las actividades productivas con una mayor presencia de bosque.

“Eso favorecería mucho y contrarrestaría, por ejemplo, efectos del cambio climático a escala local”, señaló el investigador.

La idea vuelve a llevar la discusión al mismo punto: no se trata necesariamente de abandonar la actividad humana, sino de modificar la forma en que esa actividad se relaciona con las condiciones naturales del territorio. En ese sentido, los antiguos campos elevados de La Mojana ofrecen una enseñanza que no depende de idealizar el pasado.

Las sociedades que habitaron la región también transformaron profundamente el paisaje. Construyeron cientos de miles de hectáreas de estructuras, movieron tierra, modificaron los flujos del agua y desarrollaron una agricultura productiva. La diferencia está en cómo lo hicieron. No intentaron convertir una planicie inundable en un territorio seco. Diseñaron su forma de habitar para aprovechar precisamente aquello que hacía particular al territorio: el agua.

Esa experiencia adquiere una nueva dimensión en una región que continúa enfrentando inundaciones, contaminación, pérdida de cobertura vegetal, presión sobre los ecosistemas y disputas sobre el uso de la tierra.

El estudio no demuestra que reconstruir los sistemas prehispánicos vaya a solucionar por sí solo la crisis actual. Tampoco plantea copiar literalmente una infraestructura diseñada hace más de dos mil años. Lo que aporta es una evidencia sobre algo que durante siglos funcionó en La Mojana: una forma de ordenar el territorio a partir de sus pulsos naturales y mediante el trabajo colectivo.

Para Montejo, esa es precisamente la razón por la que el conocimiento arqueológico puede ser útil para el presente. Para Carrillo, esa discusión también representa una decisión sobre el modelo de desarrollo que se quiere para la región: continuar intentando controlar los ciclos naturales del agua o aceptar que La Mojana es, por naturaleza, una llanura inundable y diseñar las intervenciones a partir de esa realidad.

En ambos planteamientos aparece una misma pregunta de fondo: ¿debe el Estado seguir intentando sacar el agua de La Mojana o empezar a diseñar, junto con sus comunidades, una manera de vivir con ella? La respuesta todavía no está escrita. Pero parte de ella lleva siglos inscrita en el suelo de la región.

A continuación el estudio completo: