Nueve militares fueron judicializados: los señalan de desviar más de $100 millones destinados a la alimentación de tropas en Ocaña

La Fiscalía General de la Nación judicializó a nueve integrantes del Ejército Nacional, entre ellos oficiales, suboficiales y un uniformado en retiro, por su presunta responsabilidad en el desvío de recursos públicos destinados a la alimentación de tropas de un batallón ubicado en Ocaña, Norte de Santander.

De acuerdo con el ente acusador, los hechos se habrían presentado entre abril y octubre de 2024, periodo durante el cual los hoy procesados presuntamente aprovecharon las funciones administrativas, de mando y control que ejercían dentro de la unidad militar para gestionar recursos destinados al suministro de alimentos y posteriormente apropiarse irregularmente de una suma superior a los 100 millones de pesos.

Los investigados son los mayores Juan Camilo Lasso Leyton, David Leandro Hernández Ramírez y Daniel Camilo Rodríguez Guerrero; los sargentos Gilberto Valencia Vargas, Jair Alberto Polo Pedraza, Richard Josué Rodríguez Pontón, Luis Carlos Tafur Tafur y Carlos Arturo Hurtado Ayala; y el suboficial en retiro Jorge Armando Mejía Quevedo.

Según la investigación, el dinero tenía una destinación específica: garantizar las raciones alimentarias de los soldados adscritos o agregados al Batallón Especial Energético y Vial número 10, ubicado en jurisdicción de Ocaña.

La Fiscalía sostiene que, en lugar de cumplir con esa finalidad, los recursos habrían sido obtenidos mediante la creación de necesidades de abastecimiento que no correspondían con la situación real de la unidad.

Durante la audiencia, un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Norte de Santander explicó cómo se habría desarrollado la presunta apropiación de los recursos y señaló que los procesados habrían actuado de manera coordinada desde diferentes cargos dentro de la estructura militar.

“Durante los meses de abril, mayo, septiembre y octubre del año 2024, en el Batallón Energético, ubicado en la jurisdicción del municipio de Ocaña Norte de Santander, ustedes, abusando de sus funciones administrativas de mando y de control, permitieron, gestionaron y tramitaron y se apropiaron irregularmente de recursos públicos pertenecientes al erario del Ministerio de Defensa Nacional, cuantificados en la suma de cien millones seiscientos veinticuatro mil cuatrocientos diez pesos. Dineros que tenían una destinación específica y sagrada, como es la alimentación y bienestar de los soldados adscritos y agregados a la mencionada unidad táctica”, indicaron en las audiencias.

El fiscal señaló que la hipótesis de la investigación apunta a que los militares habrían aprovechado el dominio funcional que tenían sobre diferentes procesos administrativos para crear solicitudes de abastecimiento que posteriormente permitían obtener las partidas presupuestales.

“Ustedes, señores indiciados, aprovechándose de la investidura de sus cargos y el dominio funcional que ejercían, se articularon al interior del batallón con un propósito doloso definido: generar y crear falsas necesidades de abastecimiento de víveres secos y víveres frescos. Mediante esta maniobra lograron gestionar con la administración para que les asignaran partidas presupuestales”, explicaron en las audiencias.

Uno de los elementos mencionados durante la diligencia judicial fueron las planillas de abastecimiento, documentos utilizados para registrar y soportar la supuesta entrega de alimentos a diferentes pelotones.

La Fiscalía considera que algunos de estos registros no reflejaban las necesidades reales de la unidad militar. Incluso, según la investigación, habrían aparecido alimentos destinados a personal que se encontraba en situaciones administrativas o adelantando actividades de entrenamiento fuera del batallón.

Uno de los casos expuestos durante la audiencia correspondió al denominado Pelotón Acumulador Cuatro. De acuerdo con el ente investigador, se habría tramitado una planilla para justificar la entrega de víveres secos y granos correspondientes a todo el mes de abril de 2024, pese a que los integrantes de esa unidad no permanecieron durante todo ese periodo en las condiciones que permitieran recibir dicho abastecimiento.

“Utilizando ustedes como medio para el apoderamiento de los dineros, las planillas de abastecimiento que se describen de la siguiente manera. Para el mes de abril del año 2024, usted, mayor Rodríguez Guerrero Daniel, ejecutivo y segundo comandante del batallón para la época de los hechos, me referiré a los cargos. Usted, mayor Daniel Camilo Lazo Leighton, oficial de operaciones. Usted, sargento segundo Tafur, Tafur Luis Carlos, su oficial de abastecimiento. Usted, sargento viceprimero Valencia Vargas Gilberto, su oficial de logística. Y usted, sargento primero Jorge Armando Mejía Quevedo, administrador de la partida de alimentos del BAS 30”, indicaron.

Según la Fiscalía, estos uniformados habrían intervenido en el trámite de la documentación relacionada con el abastecimiento del pelotón: “Tramitaron la planilla de abastecimiento para soportar la entrega de víveres secos, granos, supuestamente destinados al abastecimiento de los soldados orgánicos del pelotón acumulador cuatro para el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de abril del año 2024. Siendo ello un imposible, toda vez que el personal de dicho pelotón se encontraba en situación administrativa de permiso del 3 al 15 de abril del 2024 y en reentrenamiento del 16 al 30 de abril del 2024”.

Para el ente acusador, esta situación habría hecho inviable que se efectuara el suministro de alimentos en las condiciones registradas en los documentos. La hipótesis es que las planillas habrían servido como soporte para justificar recursos que posteriormente habrían sido desviados.

Otro de los aspectos destacados durante la audiencia estuvo relacionado con seis pelotones para los cuales, según la Fiscalía, se habrían solicitado recursos de alimentación que no correspondían con la realidad operacional del batallón.

El fiscal se refirió específicamente a los pelotones Bengala Dos y Antorcha Tres, a los que calificó dentro de la investigación como “pelotones fantasmas”, debido a que, según la información presentada ante el juez, no estaban asignados ni agregados operacionalmente a la unidad militar.

“Esto es estancias o valor diario de alimentación por soldado para seis pelotones que no correspondían a la realidad. Pues dos de ellos, los pelotones Bengala dos y Antorcha tres, siendo lo que comúnmente se les conoce como pelotones fantasmas, es decir, no se encontraban asignados ni agregados ni vinculados operacionalmente al Batallón Especial Energético y Vial número diez, siendo entonces administrativamente y operacionalmente inexistentes”, concluyeron.

La Fiscalía también indicó que en los registros revisados durante la investigación aparecían alimentos que supuestamente habían sido destinados a escuadras que no estaban agregadas operacionalmente al batallón. Asimismo, se encontraron registros asociados a uniformados que, para las fechas señaladas, se encontraban en novedades administrativas o participaban en actividades de entrenamiento y reentrenamiento en Aguachica, Cesar.

Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Norte de Santander imputó a los nueve investigados, de acuerdo con su presunta participación individual, los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.

Los procesados no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía, por lo que será la justicia la encargada de determinar su eventual responsabilidad penal y establecer si las conductas atribuidas por el ente acusador efectivamente ocurrieron.

Las capturas fueron realizadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, en diferentes puntos del país. Los procedimientos se llevaron a cabo en Bogotá, Cúcuta, San Vicente de Chucurí, Barrancabermeja, Fusagasugá, Nilo, Puerto Boyacá, Caucasia y Túquerres.