
La vigilancia sobre los recursos públicos dejó miles de actuaciones y procesos durante los últimos cuatro años, periodo que coincide principalmente con el gobierno de Gustavo Petro.
La Contraloría General de la República dio a conocer este miércoles 26 de agosto un balance en el que reportó la recuperación de $22,7 billones y la identificación de 6.261 hallazgos fiscales que comprometen $28,2 billones.
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El informe fue presentado por Carlos Hernán Rodríguez Becerra, excontralor general de la República, un día después de la posesión de Jorge Eliécer Laverde como nuevo jefe del organismo. El reporte recoge los principales resultados de la vigilancia fiscal realizada durante ese periodo. Entre las cifras entregadas aparece la apertura de 5.315 procesos de responsabilidad fiscal por $21,72 billones. Además, la entidad profirió 1.090 fallos con responsabilidad fiscal por un valor acumulado de $3,37 billones.

Una parte importante de los recursos recuperados corresponde a procesos de resarcimiento del patrimonio público. La Contraloría informó que por este concepto se obtuvieron $4,41 billones, una cifra que superó ampliamente la meta de $1 billón que había establecido para el periodo. De ese monto, $3,74 billones fueron recuperados mediante cobro coactivo, mecanismo que se activa después de que se producen los fallos de responsabilidad fiscal y comienza el proceso para hacer efectivo el pago.
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Otros $660.000 millones llegaron a través de resarcimientos efectuados antes de que terminaran los procesos. A estos recursos se sumaron $20.000 millones asociados con resarcimientos derivados de procesos penales. La entidad también incluyó dentro del balance los beneficios de auditoría, que alcanzaron $1,25 billones. Estos resultados estuvieron relacionados con recuperación de recursos, prevención de posibles afectaciones al patrimonio público y correcciones en procedimientos administrativos o contractuales.
Otro capítulo corresponde a la estrategia Salvando Obras, mediante la cual la Contraloría hizo seguimiento a proyectos inconclusos con participación ciudadana. El objetivo fue impulsar la reactivación o terminación de esas obras para que pudieran prestar el servicio esperado a las comunidades. Esta estrategia representó $9,6 billones en recursos recuperados.
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A esa cifra se agregan $7,44 billones correspondientes a beneficios derivados del Control Concomitante y Preventivo, mecanismo desarrollado por la entidad mediante la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI). El alcance de la fiscalización también se refleja en el número de actuaciones realizadas. Durante los cuatro años analizados se llevaron a cabo 4.127 actuaciones de fiscalización. De ellas, 920 correspondieron a auditorías financieras, 1.773 a auditorías de cumplimiento, ocho a auditorías de desempeño y 288 a actuaciones especiales de fiscalización.
En paralelo, el Control Preventivo y Concomitante permitió realizar 1.074 seguimientos permanentes a recursos públicos. La vigilancia estuvo relacionada con recursos por un total de $429 billones. La Contraloría reportó además 1.637 resultados positivos derivados de sus acciones de control, por $1,25 billones. Allí se agruparon medidas para recuperar recursos, evitar daños al patrimonio público, corregir situaciones administrativas o contractuales y mejorar procesos de gestión.
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El organismo también emitió 46 advertencias fiscales durante el periodo. Estas estuvieron relacionadas con riesgos que involucraban recursos por $38,1 billones y buscaban llamar la atención sobre posibles afectaciones al patrimonio público antes de que se materializaran.

Uno de los asuntos señalados fue el comportamiento de las finanzas públicas y el aumento de la deuda. La Contraloría recordó que en 2022 advirtió sobre un cierre de deuda de $1.033 billones, equivalente al 70,6% del PIB. Según el balance presentado, esta situación volvió a generar una advertencia en 2026 debido al crecimiento del endeudamiento. El organismo incluyó este seguimiento entre los asuntos que requirieron especial atención dentro de sus labores de vigilancia fiscal.
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El informe deja así un panorama compuesto por recuperación de recursos, procesos de responsabilidad fiscal, seguimiento preventivo y advertencias sobre riesgos para las finanzas públicas. Las cifras corresponden a cuatro años de gestión fiscal y fueron divulgadas en el cambio de administración de la Contraloría.
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