Congresista Simón Molina defendió PGN de Abelardo de la Espriella y criticó al Gobierno anterior: “El presupuesto de Petro era un disfraz”

El congresista antioqueño por el movimiento Creemos, Simón Molina, criticó el presupuesto que dejó el gobierno de Gustavo Petro y respaldó el nuevo enfoque fiscal impulsado por la administración de Abelardo de la Espriella, luego de que se radicó el nuevo Presupuesto General de la Nación para 2027 ante el Congreso de la República por 634 billones de pesos.

En medio de las críticas y la incertidumbre por la asignación de 58 billones más que el proyecto inicial, en una declaración pública, Molina aseguró que, en contraposición, el presupuesto aprobado por Gustavo Petro —de más de 575 billones de pesos— que “le dejó a Abelardo de la Espriella no era un plan de país: era un disfraz”.

Según Molina, el plan financiero contemplaba 575,7 billones de pesos, pero incluía 30,2 billones de ingresos inventados, una reforma tributaria estimada en 21,9 billones que no alcanzaba las necesidades reales, y un déficit de 8,3 billones incluso en sus propias cuentas.

En esa medida, el congresista conservador cuestionó que se presentara una inflación maquillada, un crecimiento del PIB inflado y un gasto primario 20,7 billones por encima del Marco Fiscal.

Molina afirmó que áreas sensibles como salud, pensiones, subsidios y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) presentaban cifras ocultas, con 9,6 billones del Fepc “escondidos para que el déficit cuadrara en el papel”.

El legislador, incluso, advirtió que el Estado se entregó con un déficit de 7,5 a 7,8% del PIB, deuda superior al 60%, caja en 16 billones y un tercio del recaudo destinado solo a intereses de la deuda.

El mensaje advierte sobre la baja inversión pública, que según Molina alcanzó apenas el 17% del PIB, la caída de la inversión extranjera directa y una crisis de liquidez agravada por una “burocracia inflada e inversión raquítica”. “El 10 de agosto no creó la crisis fiscal. Solo le quitó el maquillaje a cuatro años de gastar primero y cuadrar después”, agregó el congresista.

Sobre la propuesta del actual gobierno, Molina destacó que el Ministerio de Hacienda ha optado por sincerar las cifras, reconocer el gasto real y reconstruir sin aumentar la carga tributaria en 1,5 puntos del PIB. Afirmó que el objetivo es lograr un Estado más eficiente, “no más grande”.

Finalmente, el congresista sumó que el presidente Abelardo de la Espriella “ya firmó” el mensaje fiscal y que el Congreso está listo para debatir el nuevo presupuesto bajo estas directrices.

Las principales diferencias entre los Presupuestos Generales de Petro y De la Espriella

Mientras la propuesta anterior contemplaba recursos por $575,6 billones pero presentaba un faltante de $36 billones, afectando rubros como pensiones, salud, universidades públicas, elecciones regionales y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, el reciente terremoto incrementó los requerimientos fiscales: el Gobierno estimó que el impacto económico oscila entre el 1,5% y el 2% del Producto Interno Bruto (PIB), equivalentes a $30 billones a $40 billones.

La nueva estructura presupuestal proyecta un 62% de los recursos para gastos de funcionamiento, un 24% para el servicio de la deuda y un 14% para inversión social y productiva. Este reparto evidencia que la mayor parte del presupuesto está comprometida con el funcionamiento estatal y el pago de obligaciones derivadas del endeudamiento público.

El Ejecutivo también anunció un proceso de ajuste fiscal gradual para los próximos cuatro años, con el objetivo de reducir el déficit y contener el crecimiento de la deuda. El Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) aprobó un recorte y bloqueo presupuestal de $21,9 billones para la vigencia de 2026, buscando disminuir el déficit primario del 4,4% al 3,3% del PIB. El déficit fiscal real fue ajustado al 8,2% del PIB, frente al 5,3% previamente calculado.

La discusión parlamentaria sobre el presupuesto se anticipa como uno de los debates económicos más relevantes del año, con énfasis en la sostenibilidad fiscal y la priorización del gasto público en medio de un contexto de ajustes y nuevas contingencias.