Iglesia pide no relegar Acuerdo de Paz mientras Colombia atiende emergencia por terremoto

La atención a la emergencia provocada por el terremoto no debe desplazar otras prioridades sociales y territoriales del país. Ese fue el llamado de monseñor Héctor Fabio Henao, delegado para las relaciones entre la Iglesia y el Estado, quien pidió al Gobierno mantener en la agenda asuntos como el desarrollo rural, la implementación del Acuerdo de Paz y el fortalecimiento de economías lícitas en comunidades vulnerables.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, Henao reconoció que la atención a las víctimas del sismo y la reconstrucción de poblaciones afectadas exigen un esfuerzo enorme de solidaridad nacional. Sin embargo, advirtió que esa urgencia no puede llevar a olvidar compromisos estructurales con regiones que llevan años esperando mayor presencia estatal.

“Indudablemente que la atención al terremoto, a las víctimas, la reconstrucción de tantas vidas humanas, no solamente la reconstrucción material de ciudades, poblaciones enteras del país, va a requerir un esfuerzo muy grande y una solidaridad enorme de toda la nación colombiana. Eso es una urgencia, pero al lado de eso no hay que olvidar otras prioridades”, afirmó el religioso.

Entre esas prioridades, Henao mencionó de manera directa el desarrollo rural y la situación de comunidades que han sufrido por falta de garantías, violencia o ausencia institucional. Su mensaje apunta a que la respuesta estatal combine atención inmediata por el desastre con una mirada de largo plazo sobre territorios históricamente afectados.

Justicia y reparación para las víctimas

El delegado de la Iglesia insistió en que las decisiones del Gobierno deben conservar una perspectiva de justicia y derechos. Según dijo, ese enfoque es clave para no perder de vista a quienes han sido víctimas de distintas formas de afectación durante años, más allá de la coyuntura del terremoto.

“Lo que invitamos es a que se mantenga una perspectiva de justicia, que enfoque en la reparación de las víctimas y en devolver el goce efectivo de derechos a todos los que han sufrido a lo largo de los años por distintas afectaciones”, señaló Henao.

El llamado también incluye el cumplimiento del Acuerdo de Paz, que este año llega a una década de su firma. Para monseñor, el reto no está solamente en mantener vigente lo pactado, sino en convertir esos compromisos en realizaciones concretas para las comunidades.

Henao afirmó que uno de los grandes desafíos sigue siendo construir paz desde los territorios. Su planteamiento se centra en que la paz no puede medirse únicamente por documentos o decisiones institucionales, sino por la manera en que las comunidades recuperan tranquilidad, protección y capacidad de vivir sin miedo.

Paz desde las comunidades

“Porque la comunidad vive en paz cuando comienza a sentir un clima de protección, cuando está viviendo fuera del miedo, que es lo que ha dominado muchos años en varios sectores en las comunidades”, sostuvo monseñor Héctor Fabio Henao.

La frase resume el fondo de su advertencia: mientras el país concentra esfuerzos en atender la emergencia del sismo, no puede bajar la guardia frente a las condiciones que afectan diariamente a poblaciones rurales, víctimas del conflicto y comunidades que necesitan garantías para reconstruir sus proyectos de vida.

El religioso también hizo un llamado a fortalecer los cultivos legales y las economías lícitas como alternativas reales para las comunidades más vulnerables. Esta petición conecta la implementación de paz con oportunidades económicas, presencia institucional y protección de derechos.

Para Henao, el país debe avanzar hacia una práctica enfocada en la reparación y la restitución de derechos. “Queremos que el país vea cada vez más una práctica enfocada hacia la reparación y la restitución de derechos”, concluyó.

El mensaje de la Iglesia llega en un momento en el que la emergencia por el terremoto concentra buena parte de la atención pública y de los recursos institucionales. Su llamado busca que esa respuesta no se separe de otras deudas históricas del Estado con regiones rurales, víctimas del conflicto y comunidades que siguen reclamando desarrollo, seguridad y paz efectiva.