Gobierno nacional evalúa buque cárcel para aislar cabecillas y cortar comunicaciones criminales en Colombia

El Gobierno nacional, el Inpec y las Fuerzas Militares avanzan en la evaluación de una estrategia de reclusión especial marítima de alta seguridad que contempla la posibilidad de usar un buque cárcel para aislar a cabecillas de organizaciones criminales. La iniciativa fue planteada como parte de las decisiones adoptadas para reforzar la seguridad, la convivencia y el control penitenciario en el Atlántico.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, la medida busca articular las capacidades penitenciarias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario con las de la Armada de Colombia. El objetivo es impedir que personas privadas de la libertad mantengan comunicación o vínculos operativos con estructuras criminales que siguen delinquiendo por fuera de los establecimientos penitenciarios.

La propuesta fue discutida durante un Consejo de Seguridad en la región, donde se definieron acciones para fortalecer el orden público. Dentro de ese paquete aparece la Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad, conocida como REMAS, que aún se encuentra en evaluación por parte de las autoridades.

Buque cárcel para cabecillas de alto riesgo

El eje más llamativo de la estrategia es la posible instalación de un buque destinado a la reclusión y aislamiento de cabecillas. La idea es crear un espacio especial para personas consideradas de alta peligrosidad, con mayores controles sobre movimientos, contactos y comunicaciones.

Según el planteamiento conocido, el buque cárcel haría parte de una respuesta a los riesgos que se mantienen desde algunos centros penitenciarios, donde internos pueden conservar canales de comunicación con redes criminales. La preocupación de las autoridades apunta a órdenes impartidas desde prisión, coordinación de delitos, posibles rescates y presión sobre territorios.

La estrategia tiene como antecedente el uso de mecanismos similares para personas privadas de la libertad consideradas de alta peligrosidad. Uno de los casos mencionados es el de Diego Fernando Montoya Sánchez, alias ‘Don Diego’.

Aunque el Gobierno no ha detallado todavía la ubicación, capacidad o condiciones operativas del eventual buque, la discusión marca una línea de endurecimiento frente al manejo penitenciario de cabecillas. También abre preguntas sobre logística, custodia, seguridad marítima y articulación entre el Inpec, la Armada y otras entidades estatales.

Traslados desde Barranquilla y control de señal

La evaluación del esquema marítimo se conoce al mismo tiempo que el Gobierno ordenó nuevos traslados de personas privadas de la libertad en Barranquilla. El presidente Abelardo de la Espriella informó que, por instrucción directa suya, el Inpec ejecuta el traslado de 20 internos: diez permanecían en estaciones de Policía y otros diez en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal.

Según la información entregada por el Gobierno, estas personas son movilizadas hacia establecimientos penitenciarios de Bogotá bajo medidas de seguridad y con apoyo de la Fuerza Pública. La operación busca evitar fugas, rescates o atentados durante los desplazamientos.

Una vez lleguen a Bogotá, los internos serán distribuidos durante los siguientes 15 días en diferentes establecimientos penitenciarios del país, según las determinaciones de seguridad que adopte el Inpec. La medida forma parte de un paquete más amplio para recuperar control sobre población carcelaria señalada de representar riesgos especiales.

Otro componente anunciado para el Atlántico será el refuerzo al control de las comunicaciones ilícitas desde los centros penitenciarios. Para ello, se plantea trasladar a la Policía Nacional la operación de los sistemas inhibidores de señal, con participación del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de los operadores de telefonía móvil.

Ese punto es clave dentro de la estrategia, porque las autoridades buscan bloquear canales que permiten mantener coordinación criminal desde prisión. La combinación de traslados, aislamiento, inhibidores y eventual reclusión marítima apunta a reducir la capacidad de mando de cabecillas sobre estructuras externas.

Por ahora, el proyecto de buque cárcel permanece en fase de evaluación. Su avance dependerá de las decisiones técnicas, jurídicas y operativas que adopten el Gobierno, el Inpec y las Fuerzas Militares para definir si REMAS se convierte en una herramienta real dentro del sistema penitenciario colombiano.