La emergencia humanitaria en el Chocó se agravó por los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo en los municipios de Sipí y Nóvita, justo cuando el departamento sigue golpeado por el sismo de magnitud 7,4 que tuvo epicentro en San José del Palmar. La Defensoría del Pueblo alertó que los hechos violentos han dejado comunidades desplazadas, confinadas y con temor por la posible presencia de artefactos explosivos en sus territorios.
De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el organismo registró un primer balance de 384 familias y 1.339 personas afectadas. Además, en una verificación posterior realizada el 19 de agosto, constató riesgos de desplazamiento y confinamiento que impactaban a seis comunidades étnicas de Nóvita y Sipí, con unas 405 familias, cerca de 1.366 personas, evacuadas hacia Barranco y el municipio de Istmina.
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La situación expone una doble presión para las comunidades: los daños y necesidades derivados del terremoto, y la presencia de actores armados que restringen la movilidad, afectan actividades básicas y elevan el riesgo para población étnica del Consejo Comunitario ACADESAN y del pueblo indígena Emberá.
Comunidades sin pescar, cultivar ni moverse
Según la Defensoría, hombres del Clan del Golfo permanecieron durante tres días en la comunidad de San Agustín, en Sipí. Durante ese periodo, los pobladores no pudieron pescar, cultivar ni realizar sus prácticas ancestrales, actividades que son fundamentales para su subsistencia, seguridad alimentaria e identidad colectiva.
El organismo recordó que estos riesgos ya habían sido advertidos desde 2022 mediante la Alerta Temprana 012 para el municipio de Sipí. Esa advertencia señalaba la posibilidad de afectaciones contra la población civil por cuenta de la disputa entre grupos armados y las restricciones impuestas en zonas rurales y étnicas.
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La confrontación volvió a sentirse con fuerza el 23 de agosto, cuando un ataque con dron cargado con explosivos dejó heridas a tres personas: dos hombres y una mujer. Ese hecho provocó el desplazamiento de 90 familias más, equivalentes a unas 118 personas, hacia Barranco, Charco Largo y Charco Hondo.
Aunque esas poblaciones recibieron a familias desplazadas, hoy también enfrentan restricciones de movilidad. La Defensoría advirtió que varias comunidades permanecen confinadas, lo que dificulta el acceso a alimentos, atención médica, ayuda humanitaria y acompañamiento institucional.
Defensoría pide activar rutas humanitarias
La defensora del Pueblo, Iris Marín, cuestionó el actuar de los grupos armados en medio de una emergencia agravada por el terremoto. Según dijo, se trata de una “inaudita indolencia frente a un pueblo afectado por el sismo”.
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La entidad pidió a los grupos armados respetar el Derecho Internacional Humanitario y no poner en riesgo a la población civil. También llamó a las autoridades locales, departamentales y nacionales a activar de inmediato las rutas de atención humanitaria para las comunidades desplazadas y confinadas.
Entre las solicitudes está garantizar condiciones seguras para quienes debieron salir de sus territorios, adelantar la caracterización de las víctimas y entregar una respuesta integral que tenga en cuenta alimentación, salud, protección, alojamiento y acompañamiento diferencial para comunidades étnicas.
La Defensoría también pidió una misión interinstitucional de verificación para revisar la situación en terreno, identificar riesgos activos y definir acciones urgentes. El organismo anunció que continuará haciendo seguimiento a lo que ocurre en la región, donde la violencia armada amenaza con profundizar la crisis social dejada por el terremoto.
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El llamado central es evitar que las comunidades del San Juan queden atrapadas entre la emergencia natural y la confrontación armada. Para la población civil, la prioridad es recuperar movilidad, seguridad y acceso a ayuda, mientras las autoridades establecen medidas que impidan nuevos desplazamientos o confinamientos en esta zona del Chocó.
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