El Gobierno advirtió que los extranjeros involucrados en actividades delictivas o en incumplimiento de las condiciones migratorias afrontarán procedimientos administrativos y deportación - crédito Presidencia
El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, ordenó a Migración Colombia y la Policía Nacional iniciar de inmediato operativos conjuntos para priorizar la identificación y deportación de extranjeros involucrados en delitos.
“Aquí no voy a aceptar migración ilegal. Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos, para que le quede claro a todo el mundo”, dijo durante un consejo de seguridad el domingo 23 de agosto de 2026.
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Con respecto a la directriz, Rodrigo Lara, ministro del Interior, afirmó que la orden de deportar a migrantes “ilegales” no apunta a los venezolanos que llegaron a Colombia durante los años más duros de la crisis regional, sino a las redes criminales que lucran con el tránsito irregular de personas por el Darién hacia Estados Unidos.

Lara precisó, en entrevista con Noticias Caracol, que ese universo incluye a quienes usan el país como punto de paso y de llegada para continuar la ruta migratoria. En esa explicación incorporó un dato central: entre 2019 y 2021 ingresaron al país casi dos millones de venezolanos y “en un 90 y tanto por ciento” fueron regularizados.
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“El presidente no se refiere a los hermanos venezolanos que llegaron en lo más duro de la crisis”, dijo Lara.
Según el titular de la cartera, esos ciudadanos recibieron un régimen legal que les permitió acceder a servicios públicos y sociales del Estado colombiano. También sostuvo que parte de esa población ya regresó, mientras otros se quedaron e “integraron perfectamente”.
“Los venezolanos que llegaron básicamente a Colombia y que recibieron este régimen de protección por parte del Gobierno colombiano y que se insertaron no son migrantes ilegales de ninguna manera”, afirmó Lara.
El Gobierno vinculó la deportación con el combate a la trata y al tráfico de personas

Rodrigo Lara explicó el sentido de la medida, encuadrando el fenómeno dentro de una definición amplia de trata de personas. En ese sentido, dijo que el delito no se limita a la explotación sexual de mujeres jóvenes en redes de prostitución en el exterior, sino que también abarca “el negocio ilícito del tráfico de personas para las migraciones”.
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El ministro del Interior situó ese problema en el corredor del Darién, donde, según afirmó, organizaciones criminales transformaron el paso de migrantes en una fuente de lucro. “Colombia no puede convertirse en un punto de paso”, señaló, advirtiendo sobre el uso del territorio por parte de redes transnacionales que trasladan personas hacia Centroamérica y luego a Estados Unidos.
En esa misma línea, sostuvo en el mismo diálogo que el país debe colaborar con otros Estados para combatir a esas organizaciones. Su descripción apuntó a grupos que, conforme a sus palabras, se insertan en “todo tipo de delitos” y aprovechan cualquier actividad ilícita disponible.
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La consecuencia práctica de esa interpretación es que el anuncio de deportación no recaería sobre esa población, sino sobre otros flujos migratorios asociados al tránsito clandestino. Lara insistió en que la referencia presidencial debe leerse a la luz del combate contra el tráfico y la trata de personas.
El ministro del Interior señaló al Clan del Golfo entre las estructuras que se lucran con la ruta migratoria

Al identificar a los actores a los que, según él, apunta la política, Lara mencionó de manera directa a organizaciones criminales que operan en la zona del Darién. “Se refiere a las redes criminales, a los que se están lucrando, particularmente con el paso de migrantes ilegales en el Darién”, sostuvo.
Luego respondió a esa misma pregunta con un nombre concreto: “¿Quiénes son esos? Las organizaciones como el Clan del Golfo, etcétera”. También habló de “organizaciones narcoterroristas” que, a su juicio, convirtieron el flujo migratorio en un negocio.
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En su última precisión, el ministro reiteró que la interpretación oficial excluye a los venezolanos regularizados y se concentra en las redes delictivas. “Nos referimos es básicamente al tráfico, a la trata de personas, que tiene unas redes de criminales que operan particularmente en el Darién”, dijo.
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