La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exministro de Minas y Energía Edwin Palma Vega y el exsuperintendente de Servicios Públicos Domiciliarios Elmer Felipe Durán Carrón, además de otros funcionarios y agentes especiales interventores, por presuntas irregularidades relacionadas con la intervención de la empresa Air-e.
La decisión está contenida en un oficio fechado el martes 25 de agosto de 2026. El proceso se origina en un informe preventivo con fines disciplinarios elaborado por otra dependencia de la Procuraduría, a partir del seguimiento realizado a la intervención de la empresa durante el gobierno de Gustavo Petro.
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El documento señala como periodo de los hechos las vigencias comprendidas entre 2024 y la fecha y establece que la investigación busca determinar un presunto incumplimiento de funciones en calidad de agentes especiales interventores, así como posibles omisiones atribuidas al entonces superintendente de Servicios Públicos.
La intervención forzosa administrativa de Air-e comenzó el 11 de septiembre de 2024. En el expediente, la Procuraduría relaciona las actuaciones desarrolladas durante los diferentes periodos de intervención y señala posibles deficiencias en el seguimiento institucional y en la gestión de la compañía.
Lo que encontró la Procuraduría
El informe preventivo que dio origen a la actuación disciplinaria recoge una serie de hallazgos sobre la situación de Air-e durante los periodos analizados. Según el documento, se identificó un “patrón que emerge del análisis de los tres periodos de intervención”, relacionado con presuntas omisiones que, de acuerdo con la Procuraduría, habrían sido continuadas y se habrían agravado con el tiempo.
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El organismo de control indicó en el informe que la ausencia de una solución empresarial se habría prolongado durante 16 meses. También registró un incremento de la deuda postoma, que pasó de $833.000 millones en febrero de 2025 a $2,23 billones en diciembre del mismo año.
De acuerdo con el documento, durante el periodo analizado también se presentó un deterioro del indicador de pérdidas técnicas y no técnicas (IPT), que pasó del 29,37% al 31,20%. El informe agrega que el patrimonio neto de la compañía pasó de ser positivo a negativo durante la administración directa del Estado.
La Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas 3 para Asuntos Ambientales, Minero-Energéticos y Agrarios señaló que estos elementos debían ser verificados mediante una investigación formal. El informe también menciona como asuntos que requerían revisión la ausencia de una solución empresarial, el retraso en el giro de subsidios, el deterioro del IPT y el patrimonio neto negativo registrado durante la intervención.
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Entre los hechos jurídicamente relevantes incluidos en el expediente aparecen además pasivos ambientales sin legalizar en 12 líneas de alta tensión y un reporte de activos ante la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) que, según el documento, habría registrado como operativos $21.000 millones en activos que no lo estarían.
La Procuraduría determinó incorporar como prueba la integralidad del informe elaborado durante la acción preventiva. A partir de ese material, el organismo ordenó trasladar el documento a los sujetos procesales durante tres días, con el propósito de garantizar sus derechos de contradicción y defensa.
Las conductas atribuidas a Palma y Durán
En el caso de Elmer Felipe Durán Carrón, quien se desempeñó como superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios durante parte del periodo analizado, la Procuraduría relacionó varias presuntas omisiones documentales en el seguimiento a la intervención de Air-e.
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El expediente menciona una “ausencia de Plan estructurado de intervención y solución empresarial”, además de posibles omisiones en la provisión de recursos y en la gestión de la deuda postoma. También se investiga una presunta omisión en el suministro de información a los órganos de control.
La actuación contra Durán corresponde a su condición de superintendente para la época de los hechos. La Procuraduría ordenó solicitar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios información sobre los funcionarios que ocuparon ese cargo desde el inicio de la intervención forzosa de Air-e, incluidos los periodos de encargo.
En el caso de Edwin Palma Vega, quien ejerció como agente especial interventor de Air-e, el Ministerio Público investiga presuntas conductas omisivas relacionadas con el ejercicio de sus funciones durante la intervención. Entre ellas figura un presunto incumplimiento en el traslado de recursos de alumbrado público, así como posibles incumplimientos en los reportes regulatorios ante el Sistema Único de Información (SUI), XM y la Creg.
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La Procuraduría también incluyó como materia de investigación la existencia de presuntas prácticas irregulares de facturación heredadas que no habrían sido corregidas durante la gestión examinada.
Palma aparece en el expediente en calidad de particular en ejercicio de funciones públicas, condición bajo la cual desempeñó el cargo de agente especial interventor de Air-e. La decisión también vincula a Diana María Bustamante Rueda, igualmente en calidad de agente especial, por presuntas conductas relacionadas con reportes regulatorios pendientes y un permiso de poda que figuraría vencido.
Se ordenó practicar nuevas pruebas
Además de abrir la investigación disciplinaria, la Procuraduría ordenó la práctica de diferentes pruebas como solicitar a la dependencia que elaboró el informe preventivo los soportes documentales utilizados durante el seguimiento a la intervención de Air-e. La información deberá ser remitida al expediente en un plazo que no supere cinco días contados desde la recepción de la comunicación.
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También se ofició a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para que entregue información relacionada con los funcionarios que han ocupado el cargo de superintendente desde el inicio de la intervención forzosa de Air-e, el 11 de septiembre de 2024.
El Ministerio Público solicitó, entre otros documentos, constancias de tiempo de servicio, actos administrativos de designación y posesión, manuales de procedimiento aplicables a la intervención forzosa y las funciones de los agentes especiales interventores, constancias de honorarios y hojas de vida.
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