Piden al Ministerio de Defensa revisar uso de la fuerza en manifestaciones: aseguran que es limitada la reacción ante escenarios de violencia

La senadora del Centro Democrático María Clara Posada pidió al Ministerio de Defensa revisar el Decreto 003 de 2021 al sostener que la norma sobre uso de la fuerza en manifestaciones terminó por limitar la reacción de las autoridades ante hechos de violencia, bloqueos y ataques contra policías.

La solicitud plantea revisar la conveniencia del decreto que reguló el uso de la fuerza durante las manifestaciones porque, según la congresista, la norma tuvo buenas intenciones, pero en muchos casos restringió la capacidad de respuesta oficial.

Posada formuló esa petición después de conversaciones con alcaldes y gobernadores y la extendió a las reglas sobre lugares de protesta, gestores de convivencia y actuación del antiguo Esmad.

“Actualmente los alcaldes y gobernadores no pueden limitar el lugar donde se realizarán las protestas, lo cual permite que los manifestantes bloqueen vías principales y carreteras fundamentales para la circulación de las personas. Esto no tiene sentido. Una protesta no tiene por qué detener el funcionamiento de las ciudades y mucho menos tapar corredores viales esenciales para el suministro de bienes y servicios”, indicó Posada

La congresista del Centro Democrático señaló que hizo la solicitud “después de conversaciones con alcaldes y gobernadores” y que la planteó “con total respeto a su autonomía”. A su juicio, la norma “en muchos casos terminó limitando la reacción de las autoridades para contener fuertes escenarios de violencia”.

Posada sostuvo además que, bajo ese esquema, los policías “llevan la peor parte” y que la ciudadanía debe esperar horas para que se levanten los bloqueos. Su planteamiento apunta a que el Estado pueda intervenir antes en episodios que afecten la movilidad o escalen en violencia.

Cuestionamientos a los bloqueos y al margen de acción de alcaldes y gobernadores

La legisladora cuestionó que, según su lectura del decreto, alcaldes y gobernadores no puedan limitar el lugar donde se realizan las protestas. Esa situación, afirmó, permite bloqueos en vías principales y carreteras fundamentales para la circulación de las personas.

También rechazó que una manifestación detenga el funcionamiento de las ciudades o cierre corredores viales para el suministro de bienes y servicios. Por eso propuso que los mandatarios territoriales puedan impedir protestas en zonas de circulación clave.

“Una protesta no tiene por qué detener el funcionamiento de las ciudades y mucho menos tapar corredores viales esenciales para el suministro de bienes y servicios (sic)”, señaló la senadora del Centro Democrático.

Las críticas a los gestores de convivencia

Posada pidió revisar la figura de los gestores de convivencia exigidos en las marchas para promover el diálogo. Aunque reconoció la intención de esa medida, afirmó que ha sido inútil, costosa para las entidades territoriales y que expone a jóvenes sin protección a sufrir ataques durante las protestas.

Con base en ese argumento, propuso revisar la conveniencia de esa figura dentro del decreto.

“Sugerimos que los mandatarios territoriales puedan impedir las protestas en las zonas de circulación clave de las ciudades (sic)”, aseveró la congresista.

El pedido de una reacción más rápida de la Fuerza Pública

Sobre el Esmad, la senadora afirmó que hoy solo puede actuar cuando la protesta “se salió de control y hay fuertes escenarios de violencia”. A su juicio, esa restricción muchas veces no tiene sentido en casos de bloqueos de carreteras o de vías principales, en los que esa unidad debería intervenir de inmediato para garantizar la circulación de los vehículos.

También sostuvo que el Esmad no puede quedar sin margen de reacción mientras algunos manifestantes destruyen locales comerciales e infraestructura pública. En esa línea, pidió que el articulado permita contener la violencia desde su inicio y habilite una respuesta rápida de la fuerza pública cuando esté bajo ataque.

La congresista añadió que la promoción del diálogo no debe convertirse en un mecanismo de sabotaje y dilación para la actuación oficial, en especial si hay agresiones directas contra uniformados. En su planteamiento, la regulación debe resguardar el derecho a la manifestación pacífica sin amparar bloqueos, destrucción de las ciudades y ataques contra policías.