Abelardo de la Espriella le lanzó advertencia a la gobernadora de San Andrés y a una representante a la Cámara y así reaccionó el país político: “Los recursos públicos se defienden”

El presidente Abelardo de la Espriella protagonizó un fuerte cruce con la gobernadora Girley Natacha Ordóñez Bowie y la representante a la Cámara de San Andrés Islas, Elizabeth Jay-Pang Díaz, tras lanzar acusaciones sobre presuntas irregularidades en la contratación y el manejo del hospital del archipiélago.

El jefe de Estado increpó a la congresista por una supuesta relación de su esposo con contratos públicos. “Toda la isla sabe que su marido está detrás de la contratación”, dijo De la Espriella.

El mandatario también se refirió a la intervención del hospital y afirmó que la medida respondió a denuncias sobre el uso de recursos de la institución.

Según sostuvo, la administración nacional decidió actuar ante anomalías que, de acuerdo con su declaración, se prolongaron durante años. “Llevan años robándose el hospital”, afirmó De la Espriella frente a las dos dirigentes.

El mandatario señaló que su administración buscará esclarecer el manejo de los dineros públicos destinados a San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En su intervención, sostuvo que el archipiélago ha recibido recursos suficientes, aunque cuestionó el destino que habrían tenido durante administraciones anteriores.

“A este archipiélago no se lo van a volver a robar en mi administración”, declaró. De la Espriella afirmó que no permitirá que se afecten fondos destinados a habitantes en condiciones de pobreza y abandono.

El jefe de Estado sostuvo que el problema de la región no ha sido la falta de presupuesto. “Aquí no ha faltado plata, aquí lo que ha faltado es honestidad”, aseguró.

Tras lo anterior, la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, criticó la intervención presidencial y afirmó que el mandatario De la Espriella no puede reemplazar a los jueces ni a los organismos encargados de investigar posibles delitos.

“Si hay corrupción, denúnciela”, escribió la congresista. Zuleta sostuvo que un presidente no puede actuar como juez de gobernadores, alcaldes o integrantes del Congreso.

La parlamentaria cuestionó además el trato hacia las dos mujeres. “Desprecia a las cortes, a los jueces y a la justicia, también a las mujeres”, afirmó en su publicación.

Zuleta calificó de “ilegítimo” al jefe de Estado y consideró que las amenazas y otras formas de violencia política, según su postura, evidencian una falta de respeto por la Constitución y las leyes. También señaló que esa conducta reflejaría dificultades para ejercer el Gobierno.

La representante a la Cámara por el Cesar, Alexandra Pineda Ortiz, también integrante del Pacto Histórico, cuestionó que De la Espriella hubiera confrontado a la gobernadora y a Jay-Pang Díaz, mientras, según dijo, no mantuvo la misma actitud frente a otros grupos políticos del Caribe.

La congresista preguntó por qué el presidente guarda silencio ante “clanes” que, de acuerdo con su mensaje, han controlado durante décadas el poder y los recursos públicos de la región.

Pineda Ortiz mencionó al clan Gnecco y sostuvo que, durante una visita reciente al Cesar, el mandatario ofreció respaldo y reconocimiento a ese sector. La representante comparó esa actitud con la confrontación pública que dirigió contra las dos líderes de San Andrés.

“Con los poderosos, complacencia”, escribió. También afirmó que, si existen pruebas contra las dirigentes del archipiélago, estas deben ser presentadas ante la justicia.

La representante advirtió que, sin elementos verificables, los señalamientos pueden convertirse en un “espectáculo mediático”. A su juicio, la indignación no debe depender de la identidad de los acusados.

Sectores de la derecha respaldaron al presidente De la Espriella

El exministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela aseguró que San Andrés requiere respuestas sobre denuncias previas relacionadas con una posible mala administración. Señaló que meses atrás había advertido sobre presuntas irregularidades en la isla.

Ruiz pidió a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y a los entes de control que aceleren las actuaciones correspondientes. “Los recursos públicos se defienden”, manifestó.

Por su parte, la representante del Centro Democrático, Hernán Cadavid, calificó como importante la decisión de intervenir el hospital. El congresista afirmó que en distintas regiones se entregan centros asistenciales como pago de favores políticos.

“Como en San Andrés, son muchos otros lugares donde pagan favores políticos entregando los hospitales a sus cómplices / financiadores de campaña”, señaló el militante del Centro Democrático.

Cadavid sostuvo que la medida debe servir como advertencia para quienes, según expresó, utilizan el sistema de salud en beneficio de aliados o financiadores de campañas.