Las autoridades desplegaron una operación dirigida a la inhabilitación de maquinaria utilizada en extracción ilícita de oro en el municipio de Barbacoas (Nariño), logrando un golpe relevante contra las finanzas de la estructura conocida como GAO-R Ariel Aldana.
El procedimiento incluyó el decomiso y la destrucción de tres Unidades Productoras Mineras, junto a una excavadora, tres motobombas de presión, cien galones de ACPM, cuarenta metros de manguera de alta presión y una batería de carro.
La acción tuvo lugar tras una fase de inteligencia y recolección de registros fotográficos, en el marco de una tarea táctica de reconocimiento. El objetivo principal era debilitar las fuentes de financiación ilícitas relacionadas con la minería ilegal de oro, vinculadas al grupo armado mencionado.
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Según la información oficial, la maquinaria inutilizada tenía un valor aproximado de 461.672.400 millones de pesos. Con este equipo, se estimaba una producción mensual de 3.600 gramos de oro, lo que en el mercado ilegal podría haber representado ingresos de 1.623.600.000 millones al mes para la organización delictiva.
El resultado significa una afectación directa a la capacidad productiva y económica del GAO-R Ariel Aldana, al impedir la continuidad de las operaciones extractivas y la comercialización ilegal del mineral. El golpe a la infraestructura de la minería ilegal también busca reducir el impacto ambiental y social que genera esta actividad en la región.
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Las autoridades enfatizaron que la operación se enmarca en el Plan de Campaña Ayacucho Plus, cuya meta es atacar las economías ilícitas que sostienen a estructuras armadas organizadas. Con este tipo de acciones, las fuerzas de seguridad esperan debilitar de manera constante las fuentes de financiación y limitar la capacidad operativa de estos grupos.
Ejército Nacional desarticuló red minera ilegal vinculada a disidencias de las Farc en Honda
La Sexta Brigada del Ejército Nacional realizó una ofensiva en el sur del Tolima que resultó en el desmantelamiento de una estructura dedicada a la extracción ilegal de oro.
La acción, desarrollada en la vereda San Diego de Ortega, permitió incautar maquinaria y combustibles destinados a la minería sin permisos, elementos que servían para financiar a organizaciones armadas ilegales.
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Las autoridades encontraron una retroexcavadora, cuatro motores, cuatro clasificadoras metálicas y 1.200 galones de Acpm, todos empleados en la explotación aurífera clandestina. La operación también se extendió a Planadas, donde fueron decomisados otros 700 galones adicionales de Acpm que, según inteligencia militar, servirían para abastecer actividades mineras ilegales en la región.
En total, los procedimientos permitieron retirar 1.900 galones de Acpm y maquinaria clave del circuito delictivo. La estructura intervenida poseía capacidad para extraer hasta 4.000 gramos de oro al mes, lo que representaba ingresos cercanos a 1.400 millones de pesos mensuales para la economía criminal.
La presencia militar responde a la preocupación por la expansión de la minería ilegal hacia municipios del sur de Tolima. El coronel Arnold Pérez, comandante de la Sexta Brigada, detalló que la intervención frenó la degradación de la vegetación, la remoción del subsuelo y la contaminación de fuentes de agua en la zona rural de Ortega.
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El propio coronel enfatizó: “La intervención permitió detener afectaciones ambientales asociadas a esta actividad”. Además del golpe económico, la acción evitó daños ambientales graves en el área intervenida.
La estructura minera desmantelada estaría vinculada, según inteligencia militar, a la comisión Gerónimo Galeano de las disidencias de las Farc, bajo la facción de Iván Mordisco. Los recursos extraídos de la minería ilegal se destinaban al financiamiento de estas organizaciones armadas, fortaleciendo su capacidad operativa en la región.
La operación militar fue motivada por la creciente preocupación ante la expansión de la minería ilegal hacia nuevos municipios. Las autoridades buscan frenar el avance de estas actividades que, además del impacto ambiental, sostienen la economía de estructuras criminales.
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