
Hay revuelo al interior del partido Cambio Radical después de que uno de sus militantes y exsenador de la República por ese partido, Edgar Jesús Díaz Contreras, fuera denunciado ante la Corte Suprema de Justicia por presunto tráfico de influencias.
El excongresista oriundo de Norte de Santander y que renunció a su curul apenas un mes antes de terminar su periodo legislativo, fue acusado por el abogado y profesor universitario Juan Carlos Portilla ante la Sala Especial de Instrucción del alto tribunal que ahora deberá definir si procede la actuación legal.
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La acusación apunta directamente a la presunta intervención de Díaz en el proceso que llevó al nombramiento de su esposa, Laura Cristina Cáceres, como secretaria de Educación del departamento.
Según el documento presentado ante la Corte, Cáceres ocupó ese cargo en dos periodos distintos: de enero de 2020 a agosto de 2021, y nuevamente desde enero de 2024 hasta agosto de 2026.

Según el documento conocido por El Tiempo, Portilla sostiene que los dos periodos en los que Cáceres asumió la Secretaría de Educación coinciden con etapas en las que Díaz conservaba una influencia política y electoral significativa en la región.
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El denunciante describe que la base electoral del exsenador se concentra precisamente en Norte de Santander, lo que, a su criterio, agrava la sospecha de tráfico de influencias.
En el texto elevado a la magistratura, el abogado también señaló que existen indicios de que Díaz podría estar evaluando una posible candidatura a la gobernación del departamento.
El nombre de Díaz ya figuraba en expedientes judiciales recientes. La Fiscalía anunció la incautación de bienes que, según las autoridades, pertenecerían tanto a Díaz como al actual gobernador William Villamizar. Los bienes habrían sido adquiridos con recursos provenientes de un contrato irregular para el suministro de material pétreo en el departamento.
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La denuncia por tráfico de influencias se suma a los cuestionamientos previos que pesan sobre el exsenador. Hasta ahora, la Sala Especial de Instrucción no ha anunciado si abrirá una investigación formal respecto a los hechos planteados por Portilla.
La extinción de dominio contra Édgar Jesús Díaz y otros políticos
La Fiscalía incautó en julio de 2025 siete inmuebles vinculados al senador Édgar de Jesús Díaz Contreras, al gobernador de Norte de Santander William Villamizar Laguado y al contratista Pedro Antonio Silva Ruíz, en una investigación por presuntas irregularidades en contratos públicos que habrían desviado más de $3.000 millones y causado un posible detrimento patrimonial superior a $3.700 millones.
Los bienes quedaron bajo medidas cautelares con fines de extinción de dominio y, según la Fiscalía General de la Nación, su valor acumulado supera los $3.390 millones. Las diligencias se realizaron en Bogotá, Los Patios y Villa del Rosario, con participación del Cuerpo Técnico de Investigación y apoyo del Ejército Nacional.
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De acuerdo con el organismo, tres inmuebles están asociados a Díaz Contreras, uno a Villamizar Laguado y otros tres a Silva Ruíz. La Fiscalía sostuvo en un comunicado que los elementos probatorios indicaban que esas propiedades fueron adquiridas en el periodo en que se detectaron presuntas anomalías en la celebración, ejecución y liquidación de un contrato para el suministro de materiales pétreos.

La medida responde a una investigación sobre un contrato formalizado en 2009, cuando Villamizar asumió por primera vez como mandatario departamental. Según la entidad, las irregularidades se extendieron a distintas etapas contractuales hasta 2012, año en el que Díaz Contreras se desempeñaba como gobernador de Norte de Santander.
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Édgar de Jesús Díaz Contreras nació el 15 de febrero de 1961 en Chinácota, Norte de Santander, y su trayectoria política ha estado ligada a William Villamizar. Antes de llegar a la Gobernación, fue concejal de Cúcuta entre 1998 y 2007.
Esa relación se consolidó después de la elección de Villamizar en 2008 como gobernador. Díaz fue designado secretario de Hacienda y luego secretario de Educación del departamento.
Para las elecciones de 2011 se presentó como candidato del continuismo de Villamizar a la Gobernación de Norte de Santander. Alcanzó el cargo con 291 mil votos y contó con el respaldo de figuras políticas de la región, entre ellas el exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez, condenado por homicidio.
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Más tarde, Díaz se distanció de Suárez por no otorgarle la participación burocrática que exigía. Años después, en noviembre de 2017, la Fiscalía General de la Nación imputó a Díaz y a Villamizar por presuntas irregularidades en un contrato por $6.000 millones firmado en 2009 para el suministro de materiales de construcción.
Pese a ese proceso, Díaz anunció su candidatura al Senado y obtuvo un escaño en 2018 con 81 mil votos. Su influencia política también se extiende al sector ambiental de la región.
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