Carlos Didier Pérez Amorocho fue judicializado: El coronel recibía pagos de hasta $30 millones semanales del ELN y disidencias de las Farc

La Fiscalía General de la Nación judicializó al coronel del Ejército Nacional Carlos Didier Pérez Amorocho, señalado de haberse concertado con estructuras del ELN y de las disidencias de las Farc para entregar información reservada sobre movimientos y operaciones militares a cambio de millonarias sumas de dinero.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por el ente investigador, la conducta del oficial habría comenzado en 2020, cuando estaba al frente de un batallón con jurisdicción en el corregimiento de Puerto Jordán, en Arauquita, Arauca.

En ese momento, presuntamente recibió un primer pago de 15 millones de pesos para reducir las acciones militares contra el Frente de Guerra Oriental del ELN.

Años después, según la investigación, el coronel habría retomado este tipo de contactos con una estructura de la llamada Segunda Marquetalia. Entre enero y junio de 2026, mientras ejercía como comandante de una unidad de despliegue rápido con presencia en Nariño, habría recibido pagos semanales que alcanzarían los 30 millones de pesos.

La Fiscalía sostiene que el objetivo de estas supuestas retribuciones era que el uniformado alertara a los integrantes de la organización sobre los movimientos de las tropas para facilitar el traslado de estupefacientes, armas, municiones y dinero.

La investigación del ente acusador ubica el primer episodio en 2020. Para entonces, Pérez Amorocho se desempeñaba como comandante de un batallón con operaciones en la zona de Puerto Jordán y, según la Fiscalía, habría recibido dinero de un integrante del Frente de Guerra Oriental del ELN conocido con los alias de El Profe o Sendales.

El fiscal encargado del caso explicó ante el juez que ese dinero habría tenido como propósito que el entonces comandante retardara u omitiera actuaciones propias de su cargo, particularmente aquellas relacionadas con las operaciones contra la estructura guerrillera.

“Para el año 2020, en el corregimiento de Puerto Jordán, municipio de Arauquita, el servidor público señor Carlos Didier Pérez Amorocho, previamente identificado e individualizado, recibió para sí la suma de quince millones de pesos enviados por el cabecilla del grupo armado organizado el ELN del Frente de Guerra Oriental, conocido con el alias de El Profe o Sendales, para retardar u omitir un acto propio de su cargo”, expuso el fiscal.

Durante la audiencia, el delegado de la Fiscalía también puso sobre la mesa una diferencia en los resultados operacionales del batallón que, según la hipótesis investigativa, podría estar relacionada con el supuesto acuerdo.

“Se destacaba como comandante del batallón de operaciones, el cual en el 2019 tuvo unos resultados operacionales contra el ELN de ciento quince resultados operacionales, disminuyendo esta cifra ostensiblemente para el año 2020, bajando las operaciones militares a veintinueve en contra de este grupo armado”, señaló el funcionario judicial.

Para la Fiscalía, esta reducción constituye uno de los elementos que deben ser analizados dentro del conjunto de evidencias que buscan establecer si efectivamente existió un acuerdo entre el oficial y la estructura armada.

La investigación también señala que el coronel habría establecido nuevos vínculos con una organización armada ilegal después de asumir, en julio de 2025, el mando de una unidad élite con presencia en diferentes municipios de Nariño.

Entre las zonas bajo cobertura de la unidad se encontraban Francisco Pizarro, Olaya Herrera, Roberto Payán y San Andrés de Tumaco, además de sectores de Cauca y Valle del Cauca.

Según la Fiscalía, entre enero y junio de 2026 el oficial habría comenzado a recibir pagos de 30 millones de pesos semanales provenientes del Bloque Alfonso Cano de la Segunda Marquetalia, con el propósito de suministrar información sobre los movimientos de la Fuerza Pública.

El fiscal explicó durante la audiencia la presunta forma en la que habría operado el acuerdo: “Se tiene que para el año 2026, desde enero hasta junio, el señor Carlos Didier Pérez Amorocho, previamente identificado e individualizado, recibía la suma para sí mismo de treinta millones de pesos semanales por parte de la estructura Bloque Alfonso Cano de la Segunda Marquetalia, para retardar u omitir un acto propio de su cargo, toda vez que era el comandante de la Fuerza de Despliegue Rápidos que cubre los departamentos de Nariño”.

De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, la información habría permitido a los integrantes de la organización anticiparse a los operativos y movilizar cargamentos y elementos utilizados para sus actividades criminales.

“Esto para alertar al grupo armado organizado de todos los movimientos de la Fuerza Pública y poder mover estupefacientes, armas, municiones y dinero del grupo armado”, afirmó el fiscal.

Uno de los episodios que más llamó la atención durante la audiencia está relacionado con una operación desarrollada en Nariño en abril de 2026. Según la Fiscalía, la misión tenía como propósito afectar las finanzas de la organización, incautar material de guerra y ubicar a algunos de sus principales cabecillas.

Sin embargo, el ente investigador sostiene que el coronel habría retrasado el avance de las tropas, situación que presuntamente permitió que varios integrantes de la estructura armada escaparan en lanchas rápidas y retiraran previamente material que se encontraba oculto en la zona.

El fiscal describió así lo ocurrido, según los elementos recopilados durante la investigación: “La intención de esta operación era afectar a la organización criminal en cuanto a sus finanzas, narcotráfico y cabecillas. Refiere también que al momento de realizar la operación suscitaron varios hechos de preocupación. Primero, refiere que el señor militar retuvo la tropa más de lo normal cerca del punto donde se iba a realizar la operación”.

De acuerdo con la Fiscalía, durante ese lapso los uniformados habrían escuchado el movimiento de embarcaciones utilizadas por los integrantes del grupo armado.

“Pudieron escuchar cómo los cabecillas subían una noche antes en lanchas rápidas de la organización. Solo pudieron ingresar un día después, encontrando que todas las caletas de armamento, dinero y munición se las habían llevado”, agregó el fiscal.

El investigador también afirmó que durante el procedimiento se encontró cocaína y que, presuntamente, esta habría sido arrojada al río por orden del propio oficial, con el supuesto propósito de que posteriormente pudiera ser recuperada por integrantes de la organización ilegal.

“Que encontraron cocaína, mismos que por el orden del (...) dejaron el río de manera que la organización la recuperara posteriormente”, sostuvo el fiscal durante la diligencia.

Con base en los elementos materiales probatorios presentados ante la autoridad judicial, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) imputó a Pérez Amorocho los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

La Fiscalía sostiene que el supuesto acuerdo no habría tenido como único propósito favorecer económicamente al oficial, sino que habría permitido que las organizaciones armadas continuaran desarrollando diferentes actividades criminales.

“Con el fin de cometer delitos, pues dicha organización tenía la finalidad de la consumación de delitos indeterminados y determinables como el tráfico de estupefacientes, porte de armas de fuego, de uso de defensa personal y uso privativo, homicidios selectivos, entre otros”, añadió.

Durante la diligencia judicial, la Fiscalía presentó su hipótesis sobre el supuesto entramado y los elementos que, según el ente investigador, relacionarían al oficial con las estructuras armadas. No obstante, Carlos Didier Pérez Amorocho no aceptó los cargos imputados.