
El Centro Democrático se enfrentó al Gobierno de Abelardo De la Espriella por la objeción presidencial a una ley que busca impedir la reducción de los requisitos mínimos para acceder a cargos directivos del Estado.
La decisión del mandatario provocó el rechazo de congresistas de esa colectividad, quienes anunciaron que defenderán la iniciativa durante el trámite de las objeciones en el Congreso.
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El proyecto, impulsado por el senador del Centro Democrático Hernán Cadavid, fue objetado por el Gobierno por razones de inconstitucionalidad e inconveniencia.
Entre quienes cuestionaron la decisión está el representante Daniel Briceño, también integrante del Centro Democrático, quien calificó la objeción como “un enorme error” y aseguró que desde la Cámara están preparados para defender la norma.
“Mi colega Hernán Cadavid lideró la aprobación el periodo pasado de este proyecto de ley que busca prohibir que se reduzcan los requisitos para acceder a cargos públicos. Es un enorme error la objeción que acaba de hacer el nuevo Gobierno. Esta norma premia el mérito y la preparación. Estamos listos desde la Cámara de Representantes para defender esta norma en el trámite de las objeciones”, señaló Briceño.
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La controversia se originó luego de que el presidente objetara el proyecto de ley 056 de 2024 de Cámara y 345 de 2024 de Senado. La iniciativa establecía límites a la flexibilización de las exigencias de formación y experiencia para ocupar cargos del nivel directivo en el sector público y en empresas con participación estatal del orden nacional.
Con la objeción, el trámite regresará al Legislativo. La Cámara y el Senado deberán estudiar los argumentos presentados por el Ejecutivo y decidir si aceptan o rechazan las objeciones. Si el Congreso insiste en aprobar el texto, el proyecto será remitido a la Corte Constitucional, que deberá determinar si la norma se ajusta a la Carta Política.
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Gobierno cuestiona competencias y efectos de la iniciativa
En el documento enviado a la Cámara de Representantes, el Gobierno argumentó razones de inconstitucionalidad e inconveniencia para devolver el proyecto. Uno de sus principales reparos está relacionado con la obligación de solicitar un concepto previo a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado cuando se pretendan modificar los manuales de funciones de determinados cargos directivos.
Para el Ejecutivo, esta disposición convertiría una instancia de carácter consultivo en un mecanismo de control previo sobre decisiones administrativas. El Gobierno sostuvo que los conceptos de esa sala no son vinculantes y que la rama judicial no puede ejercer una especie de tutela anticipada sobre actos reglamentarios del presidente.
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La administración de De la Espriella también advirtió sobre una “invasión de competencias del Ejecutivo” y una “petrificación legislativa”. Según la argumentación presidencial, la ley limitaría la potestad reglamentaria del Gobierno en materia de empleos directivos, pese a que la Constitución le otorga al presidente facultades para crear, fusionar o suprimir empleos de la administración central, establecer sus funciones y determinar sus dotaciones y emolumentos.
Otro punto de la objeción está relacionado con los cargos de libre nombramiento y remoción. El Ejecutivo considera que establecer controles adicionales para modificar los perfiles podría reducir la capacidad del Gobierno para conformar los equipos que considere necesarios para desarrollar su programa de administración.
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Cadavid advierte tensión entre el Centro Democrático y el Gobierno
Durante una entrevista en Caracol Radio, Cadavid también se refirió al impacto político que puede tener la decisión del Gobierno en la relación con el Centro Democrático. El senador recordó que su partido se declaró colectividad de Gobierno apenas 48 horas después de la elección presidencial y aseguró que, pese a ese respaldo, no recibió explicaciones directas sobre la objeción.
“Los sorprendidos somos nosotros”, afirmó Cadavid. El senador insistió en que su molestia no está relacionada con la asignación de cargos y recalcó: “No hemos tenido una sola reunión con el Gobierno para pedirle un puesto, un cargo”.
Según explicó, su reclamo responde al trabajo legislativo realizado durante el periodo anterior. “Este reclamo o esta insatisfacción que yo presento públicamente no es porque a mí me nombraron o desnombraron a un amigo”, sostuvo.
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El congresista recordó además que la aprobación de la iniciativa requirió cerca de dos años de trabajo y acuerdos con diferentes sectores políticos, cuando el Centro Democrático estaba en la oposición. “Dos años de trabajo en el Congreso de la República anterior. Nosotros éramos la minoría de la minoría, opositores”, señaló.
Por eso, consideró especialmente llamativo que el primer proyecto objetado por el nuevo Gobierno sea precisamente una norma impulsada por un partido que posteriormente se declaró parte de la coalición gubernamental. “¿Cómo no me va a doler que a un partido de gobierno le estrene objetando la primera norma con un tema que tiene un propósito de proteger el mérito en los cargos públicos?”, cuestionó.
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Cadavid evitó atribuir la decisión a un propósito político específico y señaló que esa explicación debería darla directamente el Ejecutivo. “Yo no quiero interpretar esto”, manifestó, antes de insistir en que “los sorprendidos somos nosotros”.
El senador también recordó que el Centro Democrático se declaró partido de Gobierno poco después de las elecciones. “Nos declaramos partido de gobierno a las cuarenta y ocho horas de la elección presidencial”, afirmó. Aseguró que esa posición no implica renunciar a las diferencias frente a decisiones concretas de la administración.
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