Abogada analizó si la muerte del joven que atacó a un agente en un CAI de la Policía en Bogotá se considera realmente legítima defensa: “Debe haber una proporcionalidad”

El caso ocurrido la tarde del miércoles 19 de agosto de 2026 en el CAI Galán de la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, ha suscitado un intenso debate público y jurídico, luego de que un joven de 25 años, identificado como Michael Felipe Santos, conocido en el barrio por su condición de esquizofrenia y consumo de sustancias psicoactivas, irrumpió de forma sorpresivamente en la instalación y atacó con un cuchillo a un uniformado de la Policía Metropolitana de Bogotá que se encontraba de turno.

El agente, que sufrió heridas en la cabeza y los brazos, logró desenfundar su arma de dotación y disparó para repeler el ataque, acción que resultó en la muerte del agresor pocos metros fuera del recinto policial.

El episodio quedó consignado en cámaras de seguridad y se replicó en redes sociales, muestra el ingreso repentino del atacante al CAI, el ataque por la espalda al policía y el forcejeo que culmina en la vía pública.

Por esta secuencia se ha puesto sobre la mesa cuestiones legales y éticas respecto a la actuación del uniformado, en particular sobre los límites de la legítima defensa y la proporcionalidad del uso de la fuerza en contextos de alto riesgo.

Por este motivo, la abogada penalista Laura Ramírez analizó el caso y abordó los elementos que definen la legítima defensa en el marco jurídico colombiano.

“El policía quien se encontraba allí en este lugar reaccionó de manera inmediata sacando su arma de dotación y generándole un impacto que generó la muerte. Y esto ha generado muchas dudas si puede haber o no legítima defensa”, explicó Ramírez al principio de su intervención.

La jurista detalló que la legítima defensa exige el cumplimiento de varios requisitos fundamentales.

“El primero es que haya existido una agresión generada por un tercero, elemento que se cumple. Adicionalmente, que esa agresión sea injusta y que sea inminente y que sea actual, es decir, que debe haber reaccionado inmediatamente mientras su vida todavía estaba en riesgo. En ese momento, la vida del policía todavía estaba en riesgo”, expuso Ramírez.

Sobre la proporcionalidad, la penalista aclaró una de las principales discusiones surgidas en redes sociales.

“Debe haber una proporcionalidad. Y recuerden que la proporcionalidad no se trata entonces que si él atacó con un cuchillo, el policía solamente se podía defender con un cuchillo. No. Significa que la vida del policía estaba en riesgo, por eso afectó la vida. Son bienes jurídicos iguales, por lo cual sí puede haber legítima defensa y el policía podría estar inmerso en una causal de ausencia de responsabilidad”.

Qué se sabía de Michael Felipe Santos en el barrio Galán: atacó con un cuchillo al policía dentro de un CAI

Según el reporte policial, Michael Felipe Santos era conocido por su presencia constante en parques y espacios públicos de Galán, donde solía ser visto consumiendo estupefacientes.

Líderes comunitarios confirmaron que, en varias ocasiones, había sido conducido a un Centro de Traslado por Protección (CTP) debido a comportamientos asociados al consumo de drogas.

A pesar de estos antecedentes y de intervenciones previas, Santos continuaba circulando en la zona y era una figura reconocida por vecinos y autoridades.

El ataque, que ocurrió poco después del mediodía, sorprendió por la vulnerabilidad de los agentes en sus propios espacios de trabajo.

Frente a lo anterior, el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, informó que el uniformado actuó en defensa propia tras sufrir una agresión directa y peligrosa.

El agente fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde permanece bajo atención médica debido a las lesiones sufridas.

Implicaciones legales y sociales

El análisis de la abogada penalista puntualizó que la reacción del policía, al enfrentar una agresión sorpresiva y letal, está cobijada dentro de los principios de la legítima defensa reconocidos por la legislación colombiana.

Ramírez insistió en que la proporcionalidad no implica equiparar los medios de defensa, sino ponderar el riesgo real para la vida e integridad del agredido.

La discusión pública sobre este caso puso de relieve la necesidad de fortalecer tanto la atención integral a personas con diagnósticos de salud mental y adicciones, como los sistemas de prevención y seguridad en los entornos policiales.