Defensoría del Pueblo se refirió a los señalamientos de presunta infiltración su oficina en Norte de Santander: señalan al sobrino de alias Silvana Guerrero, comandante del ELN

Luego de que se conoció un informe por parte de Noticias RCN en el que se afirmó que la Fiscalía investiga una posible infiltración del grupo armado ilegal ELN (Ejército de Liberación Nacional) en la Defensoría del Pueblo con sede en Ocaña (Norte de Santander), entidad encargada de proteger a víctimas, líderes sociales y defensores de derechos humanos en una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado.

La denuncia alertó sobre la presunta filtración de información confidencial que habría terminado en manos de la estructura armada ilegal, pero en vista de la situación la entidad se pronunció de manera oficial y aclaró algunos señalamientos que se hicieron en el reporte especial que se difundió la mañana del jueves 20 de agosto de 2026.

El caso comenzó a tomar fuerza luego de que un defensor de derechos humanos recibiera el 12 de febrero de 2025 un mensaje amenazante atribuido al frente de guerra nororiental del ELN.

El mensaje, dirigido a miembros de una asociación de víctimas, contenía detalles precisos sobre las labores humanitarias y jurídicas del defensor, datos que, según la denuncia, solo conocían en tiempo real la Defensoría Regional de Ocaña y el Ejército Nacional.

“Lo alarmante es que la información contenida en ese mensaje coincide con detalles precisos de mi labor humanitaria y jurídica”, afirmó el denunciante en el informe del mismo noticiero, quien también señaló: “De los cuales solo tenía conocimiento en tiempo real la Defensoría del Pueblo Regional Ocaña y el Ejército Nacional”.

La investigación preliminar, ya abierta por la Fiscalía bajo el delito de amenazas, incluye como indiciado al actual defensor regional, Ever Jesús Pallares.

Un dato que agrava la sospecha es que Pallares sería el sobrino de Luz Amanda Pallares Pallares, alias Silvana Guerrero o “Ana María”, identificada por las autoridades como cabecilla del ELN y señalada como responsable de más de 100 muertes, 56.000 desplazamientos y 23.000 confinamientos en la región del Catatumbo. Esto se refuerza con imágenes muestran a ambos juntos en actividades relacionadas con la entrega de personas secuestradas, y el nombre de alias Silvana Guerrero aparece en el cartel oficial de los más buscados en la zona.

La denuncia no solo menciona este vínculo familiar, sino que pide a la Fiscalía investigar si hubo delitos de revelación de secreto, concierto para delinquir agravado, terrorismo, amenazas, prevaricato, abuso de autoridad por omisión de denuncia y posibles vínculos o colaboración con grupos armados ilegales.

Además, solicita verificar los vínculos contractuales, financieros y disciplinarios de las personas mencionadas, incluido Carlos Pallares, otro funcionario de la Defensoría en Ocaña desde 2020, y explorar posibles nexos familiares con alias Silvana Guerrero.

En el centro de la investigación está la filtración de información sobre el acompañamiento jurídico a víctimas del conflicto y a exintegrantes del Frente 33 de las Farc que habían decidido someterse a la justicia. El denunciante puntualizó que la Defensoría Regional conocía su intervención en el proceso del sometimiento voluntario del excomandante alias Meco, información que luego apareció en la amenaza del ELN.

Por todo lo anterior, el ente investigador deberá responder si hubo filtración, quién tuvo acceso a la información y si fue utilizada para amenazar a defensores de derechos humanos.

Si se confirma la hipótesis, el caso implicaría una posible penetración del ELN en una entidad estatal cuya misión es precisamente la protección de quienes han sido víctimas del conflicto y la violencia.

Qué respondió la Defensoría del Pueblo

En un comunicado emitido desde la Defensoría del Pueblo la mañana del jueves 20 de agosto, y que conoció Infobae Colombia, la entidad realizó varias precisiones luego del informe que compartió el mismo medio de comunicación.

En el primer punto del documento se indicó que se “tuvo conocimiento de que las autoridades investigan conductas presuntamente atribuibles al Defensor Regional de Ocaña, razón por la cual el funcionario presentó su renuncia al cargo”.

En el segundo aspecto que puntualizó el comunicado se recordó que “la renuncia permite preservar la confianza institucional y que la acción judicial se desarrolle sin ningún tipo de interferencia”, y se precisó desde la entidad que se brindará “toda la colaboración que nos sea requerida por las autoridades”.

En el tercer punto del documento se dejó en claro que se confía “en que las instituciones de justicia esclarecerán plenamente los hechos dentro del marco del debido proceso, la presunción de inocencia y la responsabilidad individual”.

Por último, se hizo hincapié en que la Defensoría del Pueblo “ha actuado bajo la convicción de que los vínculos de consanguinidad con personas que han cometido crímenes y causado daños irreparables a la población civil no permiten atribuir a una persona las conductas de sus familiares”.