La Federación Nacional de Departamentos presentó al Gobierno nacional un paquete de propuestas para acelerar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto. La iniciativa de los gobernadores plantea alivios tributarios, facultades especiales para alcaldes y mandatarios regionales, créditos para entidades territoriales y medidas dirigidas a reactivar la economía local.
De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el documento está organizado en tres frentes: medidas municipales y departamentales, acciones de alcance nacional y herramientas para impulsar la recuperación económica.
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La FND busca que la respuesta no se limite a la atención humanitaria, sino que permita mover recursos, facilitar obras y dar oxígeno a empresas, hogares y gobiernos locales golpeados por la emergencia.
Uno de los puntos centrales es otorgar facultades para que alcaldes y gobernadores puedan reorientar recursos, modificar temporalmente sus planes de desarrollo y ajustar tarifas de impuestos territoriales. También piden cambios en los procesos de recuperación de cartera, con el fin de adaptar la administración pública a la emergencia que enfrentan los municipios afectados.
Facultades para mover recursos territoriales
La propuesta incluye permitir que las entidades territoriales dispongan de parte de los recursos ahorrados en el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, Fonpet. Los gobernadores también plantean revisar la distribución de la sobretasa al ACPM, una fuente que podría ayudar a financiar acciones urgentes de reconstrucción, movilidad, servicios públicos e infraestructura.
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Para la FND, los municipios y departamentos necesitan margen de maniobra. Sin esa flexibilidad, alcaldes y gobernadores quedarían sujetos a reglas ordinarias mientras atienden daños extraordinarios en vivienda, vías, escuelas, hospitales, acueductos y equipamientos comunitarios. La propuesta apunta a que las autoridades puedan tomar decisiones más rápidas sin esperar largos procesos administrativos.
En el plano nacional, los gobernadores plantean beneficios tributarios para las donaciones destinadas a la recuperación. La intención es estimular aportes privados y canalizarlos hacia proyectos que atiendan a comunidades damnificadas, reparen infraestructura o reactiven servicios afectados por el sismo.
El paquete también contempla exenciones de renta para nuevas empresas que se instalen en las zonas golpeadas, devolución del IVA por compra de maquinaria y equipos, alivios para créditos educativos y trámites preferenciales para proyectos de emergencia financiados con recursos del Sistema General de Regalías.
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IVA del 0 % para materiales y turismo con tarifas reducidas
En materia de reactivación económica, la FND propone créditos para las entidades territoriales, IVA del 0 % para materiales esenciales de reconstrucción y tarifas reducidas de IVA para transporte aéreo, combustible de aviación y hotelería en los territorios afectados. Estas medidas buscan reducir costos, atraer visitantes y facilitar el movimiento de insumos y personal hacia las zonas en recuperación.
Los gobernadores también proponen ampliar el mecanismo de Obras por Impuestos, que permite a las empresas pagar parte de sus obligaciones financiando directamente proyectos en municipios afectados. Entre las posibles obras aparecen iniciativas de infraestructura, salud, educación, conectividad, agua y vivienda.
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La Federación pide además priorizar recursos del Fondo Nacional de Turismo para apoyar a prestadores turísticos y reparar infraestructura afectada. En esa misma línea, propone descuentos tributarios para empleadores que creen nuevos puestos de trabajo durante 2026 y 2027.
El plan incluye flexibilizar plazos para el pago de impuestos, permitir un desahorro extraordinario del Fondo de Ahorro y Estabilización de Regalías y relajar temporalmente requisitos para proyectos de agua, vivienda, salud y educación en municipios afectados.
Con estas propuestas, los gobernadores buscan que la reconstrucción tenga herramientas fiscales, administrativas y económicas excepcionales. La discusión quedará ahora en manos del Gobierno nacional, que deberá evaluar cuáles medidas pueden incorporarse a la respuesta institucional y cómo financiarlas sin frenar la atención urgente a las comunidades damnificadas.
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