Hospital San Juan de Dios: Procuraduría pide frenar millonaria licitación por posibles irregularidades

El futuro de una de las obras hospitalarias más importantes de Bogotá quedó en pausa luego de que la Procuraduría General de la Nación solicitara detener una licitación que supera los $292.914 millones. El proceso busca contratar la remodelación y ampliación del Hospital San Juan de Dios y Materno Infantil, proyecto impulsado desde el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

La petición fue dirigida a la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas (ANIM) y a la fiduciaria DaviBank. El organismo de control considera necesario revisar varias situaciones que podrían afectar la transparencia y la solidez de la contratación antes de que se tome una decisión definitiva sobre la adjudicación.

Entre las alertas aparecen denuncias sobre posibles irregularidades, dudas frente a la financiación de la obra e inconsistencias detectadas en la evaluación final de los participantes. La Procuraduría también cuestionó el cumplimiento de los principios de publicidad e igualdad que deben orientar la contratación pública.

Uno de los puntos que más llamó la atención está relacionado con los criterios financieros usados para valorar a los proponentes. Los indicadores de liquidez, endeudamiento, cobertura de intereses, rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo, según el ente de control, “no cuentan con documentos que sustenten su determinación”. Esto deja pendiente establecer cuál fue el respaldo técnico utilizado para fijar esos parámetros.

La Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública justificó su intervención por el tamaño del proyecto y los recursos públicos involucrados. “Teniendo en cuenta la relevancia que representa el proyecto de infraestructura hospitalaria para la ciudad de Bogotá, así como los recursos públicos comprometidos”, pidió suspender el proceso y “analizar a profundidad las advertencias presentadas”.

Las dudas sobre la licitación tomaron fuerza después de los cuestionamientos formulados por Camilo Alberto Enciso Vanegas, fundador del Instituto Anticorrupción y de la Red Latinoamericana de Cumplimiento. Sus reparos se concentraron en documentos aportados por uno de los dos únicos proponentes: el Consorcio San Charbel Lupinta Layo, integrado, entre otras compañías, por Geoconstrucciones CorpSAS.

Según Enciso, Andrei Montes Jaramillo figuró como socio de Geoconstrucciones con una participación del 20% para acreditar experiencia. Sin embargo, el activista aseguró que Montes inicialmente habría negado tener relación con la empresa y con la licitación. Al día siguiente, de acuerdo con su relato, el empresario presentó una declaración juramentada en la que sostuvo que sí era socio y respaldaba la propuesta.

Ese cambio llevó a Enciso a preguntar: “¿Cuándo el señor Montes se volvió socio? ¿Por qué cambió su posición de un día para otro?”. También señaló que, seis días antes de presentar la propuesta para el San Juan de Dios, Geoconstrucciones CorpSAS había reportado en otro proceso una composición accionaria diferente, en la que Montes no aparecía como socio. Frente a esas circunstancias, afirmó que “acá hay gato encerrado” y pidió revisar el proceso.

La denuncia también puso sobre la mesa una posible falla en la publicación de información contractual. Enciso aseguró que solicitó una intervención rápida de la Procuraduría y explicó que el organismo encontró que la licitación pública número 24 no aparecía registrada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), pese a que el patrimonio autónomo debe publicar allí sus procesos.

Para el activista, esa situación afecta la trazabilidad de la contratación. Por ello pidió al Gobierno Nacional frenar el contrato “hasta que no se haya verificado la integridad de todo el proceso contractual”. Mientras tanto, la solicitud de suspensión deberá ser analizada por la ANIM y DaviBank. La decisión se conoce cuando el proyecto enfrenta un nuevo punto de revisión antes de avanzar hacia su ejecución.

La iniciativa de remodelación del San Juan de Dios contempló acuerdos entre el Gobierno y la Alcaldía de Bogotá por hasta $1,6 billones. Ahora, además de los recursos y el alcance de la obra, el proceso deberá sortear las advertencias planteadas por el organismo de control y las dudas surgidas alrededor de la documentación presentada por los proponentes.