El senador Iván Cepeda pidió eliminar la prima especial de los congresistas y destinar esos recursos a las víctimas del terremoto. Ante esta propuesta, el representante Daniel Briceño cuestionó que Cepeda continúe recibiendo ese ingreso y le pidió dar ejemplo donándolo.
Cepeda pidió al Consejo de Estado mantener la eliminación de la prima especial de servicios de los congresistas, un ingreso que, según lo expuesto en la discusión, ronda los $18 millones. El senador propuso que esos recursos sean dirigidos de manera exclusiva a la atención de las personas afectadas por el terremoto y a las labores de reconstrucción en las zonas damnificadas.
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La propuesta se conoció durante el derecho de réplica de la oposición, citado por Caracol Radio, en el que también se plantearon otras medidas para enfrentar las consecuencias del desastre natural.
Sin embargo, la iniciativa de Cepeda generó una respuesta de Briceño, quien cuestionó que el senador promueva la eliminación de la prima mientras continúa recibiendo ese ingreso como integrante del Congreso.
“Señor Iván Cepeda: usted le pide al Consejo de Estado derogar la prima especial de los congresistas. Yo, al final de este mes, comenzaré a donarla, durante los 4 años. ¿Por qué no da ejemplo y comienza a donarla, en vez de disfrutar de algo con lo que, supuestamente, no está de acuerdo? Sea coherente”, escribió Briceño.
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El representante anunció de esta manera que comenzará a donar su prima durante los cuatro años de su periodo, planteando que quienes consideran cuestionable este beneficio también pueden adoptar medidas individuales sin esperar a que se produzca una decisión judicial o legislativa sobre el tema.
Propuesta para donar la prima de todos los congresistas
El pronunciamiento de Briceño se suma a otra iniciativa que surgió en la Cámara de Representantes frente al mismo ingreso. El representante Daniel Bernal propuso que los 286 congresistas realicen una donación única de la prima de servicios correspondiente a 2026 para contribuir con las familias afectadas por el terremoto.
Según la propuesta, el Congreso está conformado por 103 senadores y 183 representantes a la Cámara. Bernal calculó que la prima de cada legislador asciende este año a $16.914.540.
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Si los 286 congresistas aportaran la totalidad de ese valor, se reunirían cerca de $4.837 millones que podrían ser destinados a la atención de los damnificados. La iniciativa contempla, además, que organizaciones como la Cruz Roja o el Minuto de Dios puedan encargarse de administrar los recursos para garantizar que lleguen a las personas afectadas.
Bernal argumentó que los integrantes del Congreso deben asumir una posición activa frente a la emergencia y sostuvo que no pueden limitarse a expresar mensajes de solidaridad mientras miles de familias enfrentan las consecuencias del desastre.
La propuesta deberá ser llevada a las plenarias de Senado y Cámara para que los congresistas determinen si respaldan la iniciativa.
Cepeda y Petro plantean otras medidas para la reconstrucción
La discusión sobre la prima se produce mientras la oposición también presentó varias propuestas relacionadas con la atención de la emergencia. Cepeda y el exmandatario Gustavo Petro plantearon la posibilidad de establecer mecanismos de contratación directa entre el Gobierno nacional, las juntas de acción comunal y organizaciones comunitarias para ejecutar obras de reconstrucción y mejoramiento en los territorios afectados.
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Petro, además, pidió avanzar con una reforma tributaria por $20 billones y planteó una reducción de las tasas de interés. Según el exmandatario, el país necesitaría alrededor de $30 billones para atender las necesidades derivadas de la emergencia.
Las cifras conocidas sobre el impacto del terremoto reflejan la magnitud de la situación. El balance divulgado por el presidente Abelardo De la Espriella registra 289 personas fallecidas, 4.187 heridas y 143 desaparecidas. Además, 120.328 familias resultaron afectadas y 26.945 viviendas fueron destruidas.
A este panorama se suman más de 127.000 viviendas averiadas, así como daños en 285 centros de salud y 2.838 establecimientos educativos.
En medio de este escenario, la destinación de recursos públicos y privados para la recuperación de las comunidades afectadas se convirtió en uno de los principales puntos de discusión política.
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