Camacol presentó al Gobierno nacional una hoja de ruta con cinco acciones prioritarias para reconstruir ciudades y viviendas tras el sismo del 10 de agosto, que deja más de 260.000 personas y 160.000 viviendas afectadas. El gremio pidió unificar la información de daños, crear un régimen especial de reconstrucción habitacional y definir desde ya quién dirigirá, financiará y ejecutará las obras.
De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, la Cámara Colombiana de la Construcción también anunció la consolidación de una comisión técnica con profesionales voluntarios para apoyar diagnósticos de daños en infraestructura, remoción de escombros y otras labores requeridas en los territorios golpeados por el terremoto.
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Cinco acciones para ordenar la reconstrucción
La primera línea de acción propuesta por Camacol es unificar la metodología y la información sobre hogares y edificaciones afectadas. El objetivo es establecer, con criterios técnicos comunes, qué viviendas pueden repararse, cuáles deben reconstruirse y cuáles obligan a reubicar a las familias por razones de seguridad.
El segundo punto plantea crear un régimen especial de reconstrucción habitacional. Allí deberían quedar definidas las modalidades de atención, los montos de apoyo y las reglas para combinar subsidios, seguros, créditos y aportes de cajas de compensación. Para el gremio, esa claridad es urgente porque las familias damnificadas necesitan saber qué tipo de ayuda recibirán según el nivel de afectación de su vivienda.
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El presidente ejecutivo de Camacol, Guillermo Herrera, insistió en que el país debe tomar decisiones rápidas. “Hemos hecho un llamado sobre la necesidad de generar un régimen especial para la reconstrucción”, afirmó. Según dijo, se deben definir ya las modalidades de intervención, subsidio y financiación para los damnificados, teniendo en cuenta los distintos grados de daño.
La tercera acción apunta a definir quién conduce y quién ejecuta la reconstrucción. Camacol propone una gerencia articulada con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, los ministerios y las entidades territoriales. El cuarto punto pide organizar territorialmente la reconstrucción, con brazos regionales, metas y cronogramas para cada zona.
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La quinta línea busca definir desde el inicio las fuentes de financiación, con participación del Gobierno nacional, alcaldías, gobernaciones, aseguradoras y sector financiero.
Menos trámites, IVA cero y Obras por Impuestos
Herrera también pidió soluciones menos burocráticas para acelerar la recuperación. Señaló que será necesario revisar planes de ordenamiento territorial, crear normas especiales para licencias de construcción y facilitar procesos de renovación urbana, ya que estos trámites pueden tardar más de 100 días.
El dirigente gremial propuso además incentivos para promover la oferta de vivienda. Entre ellos mencionó la posibilidad de no cobrar IVA a materiales durante los próximos años en las zonas afectadas por el sismo. Esta medida reduciría costos de reconstrucción y podría acelerar proyectos habitacionales en los municipios con mayores daños.
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En materia presupuestal, Herrera citó un informe de ANIF y planteó revisar el presupuesto de inversión de 2026, especialmente partidas no ejecutadas por cerca de 20 billones de pesos. También pidió ajustar el presupuesto de 2027 y priorizar recursos para las entidades encargadas de gestión del riesgo e inversión.
Camacol propuso ampliar el mecanismo de Obras por Impuestos, que actualmente cubre municipios PDET, para que pueda aplicarse en zonas afectadas por el terremoto. Con esa herramienta, empresas podrían financiar directamente la reconstrucción de escuelas y hospitales con cargo a su declaración de renta.
El gremio reportó que más de 4.400 profesionales voluntarios se inscribieron para apoyar la evaluación de edificaciones y la remoción de escombros. Además, 30 ingenieros enviados desde Bogotá al Chocó ya inspeccionaron 387 edificaciones en municipios afectados.
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La propuesta de Camacol busca evitar que la reconstrucción avance sin información unificada, sin una gerencia clara o con trámites ordinarios que no respondan a la magnitud de la emergencia. Para el sector constructor, la recuperación requiere reglas excepcionales, recursos definidos y coordinación territorial desde el primer momento.
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