Por la muerte del niño Kevin Acosta, la Fiscalía acusaría a exinterventor de la Nueva EPS de homicidio culposo

La Fiscalía General de la Nación citó para el 24 de agosto de 2026 a una audiencia de imputación de cargos por homicidio culposo a cuatro personas vinculadas a la Nueva EPS, dentro de la investigación por la muerte del menor de 7 años, Kevin Acosta, y la filtración de su historia clínica.

El ente investigador informó que los citados son Luis Óscar Galves Mateus, entonces interventor de la Nueva EPS; Nelson Ramírez Plaza, entonces auditor de concurrencia y gerente regional, y las funcionarias Jessika Paola Triana Sagastuy y Diana Marcela Caballero Arias, según la información suministrada por Blu Radio.

La citación se enmarca en el caso de Kevin Acosta, un menor que padecía hemofilia, y cuya historia clínica fue filtrada, según la investigación en curso.

Piden investigar al expresidente Gustavo Petro por homicidio culposo en el caso del menor

El caso del niño Kevin Acosta ha llevado a que la Fiscalía de Colombia solicite una investigación contra el expresidente Gustavo Petro por la presunta violación de datos personales y homicidio culposo en posición de garante.

“El presidente Petro puede estar incurso en el delito de homicidio culposo en calidad de garante”, afirmó Manuel Villanueva, abogado de las víctimas, tras analizar los hallazgos de distintas autoridades de investigación. Según el jurista, la responsabilidad del expresidente estaría relacionada con su papel frente a la intervención de la Nueva EPS y las omisiones en el tratamiento médico que recibió el menor.

La Fiscalía estudia si la posición de garante recaía efectivamente sobre el exmandatario y busca determinar si las acciones u omisiones de las autoridades bajo su mando influyeron en el desenlace fatal del caso. El proceso implica revisar si la intervención de la Nueva EPS, ordenada por el Gobierno, se ejecutó con el rigor necesario para proteger la vida y salud de los pacientes, en particular la de Kevin.

La Nueva EPS y sus directivos también serán imputados por homicidio culposo. Según Noticias RCN, cinco personas —entre ellas el interventor de la entidad, un oncólogo pediátrico y el exgerente regional en Huila— serán llamadas a responder penalmente tras hallarse indicios de posible alteración en la historia clínica del menor.

“La Fiscalía está demostrando que hubo una alteración en la historia clínica con la que se pretendía dar un diagnóstico equivocado acerca de la muerte del menor”, detalló el abogado de la familia Acosta. Los investigadores buscan verificar si el diagnóstico registrado corresponde a lo que realmente ocurrió o si hubo un intento de ocultar que la causa de muerte fue la falta de medicamentos.

La Procuraduría concluyó que la escasez de fármacos aceleró el sangrado que acabó con la vida de Kevin. Este dato ha sido central en la reconstrucción de los hechos y en la evaluación de las responsabilidades individuales e institucionales.

La compulsa de copias será enviada a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que deberá establecer si existen méritos para abrir una investigación formal contra el expresidente. Paralelamente, una organización solicitó a la Corte Suprema de Justicia que asuma la indagación por presuntas violaciones de topes electorales en la campaña presidencial de Petro.

El proceso que podría enfrentar el exmandatario es inédito en la historia reciente de Colombia. De acuerdo con el penalista Francisco Bernate, el deber fundamental de un presidente es salvaguardar la vida y la salud de la población. “Designar un agente interventor en una entidad como la Nueva EPS debe hacerse con todo el cuidado porque se trata de salvaguardar la salud de la mayoría de los colombianos”.

El delito de homicidio culposo en menores de edad contempla penas de hasta 14 años de prisión, mientras que la violación de datos personales está sancionada con entre cuatro y ocho años de cárcel. La gravedad de los hechos y la condición de víctima menor de edad agravan el marco punitivo.

La Fiscalía aún debe determinar si existió omisión grave por parte de Petro en su papel de garante, especialmente en la supervisión y control de la intervención estatal sobre la EPS. Además, la investigación busca esclarecer si la falta de medicamentos fue consecuencia directa de decisiones administrativas o negligencias imputables a altos funcionarios.