Gobierno de Abelardo de la Espriella alertó por reducción de la capacidad aérea de la FAC: solo el 52% de las aeronaves puede volar

De las 386 aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, 131 no están operativas y apenas el 52% se encuentra disponible para volar.

Esta es una de las principales alertas incluidas en el capítulo de Defensa del ‘Libro de la Verdad’, documento de 135 páginas presentado por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ante la Fiscalía General de la Nación.

El informe, que reúne un diagnóstico sobre distintas entidades del Estado y expone 82 casos relacionados con presuntas irregularidades, dedica uno de sus capítulos a la situación de la Fuerza Pública.

Bajo el título “Defensa: una Fuerza Pública con las alas cortadas”, el documento, firmado por el ministro de Defensa, el mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López, advierte sobre un deterioro de las capacidades operacionales entre 2022 y 2026.

De acuerdo con el diagnóstico, la situación de la Fuerza Aeroespacial Colombiana está relacionada con restricciones presupuestales, dificultades de mantenimiento y problemas para garantizar el sostenimiento de las capacidades militares.

El documento no atribuye una causa individual a cada una de las 131 aeronaves que están fuera de servicio, pero sí señala que la falta de recursos ha afectado la capacidad de respuesta de la Fuerza Pública.

Uno de los principales problemas identificados es el déficit presupuestal. Según el informe, la Fuerza Aeroespacial Colombiana enfrenta un faltante de $1,7 billones en gastos de personal para 2026, debido a una asignación insuficiente de recursos para cubrir la nómina anual, cambios en factores poblacionales y prestacionales y el aumento del personal no uniformado.

La situación también se refleja en la disponibilidad de helicópteros utilizados para movilizar tropas y desarrollar operaciones en zonas de difícil acceso. De los 19 helicópteros MI-17, solamente ocho están operacionales, mientras que 18 de los 49 UH-60 no están disponibles por mantenimiento o falta de recursos.

A esta situación se suma una alerta relacionada con el aseguramiento de la flota. Según el balance citado por La FM y Caracol Radio, apenas el 19% de las aeronaves de la institución estaría asegurado.

El documento recoge, además, que la Contraloría estableció que el avión C-130 Hércules accidentado en Puerto Leguízamo no contaba con una póliza vigente al momento del siniestro, en el que murieron 70 soldados y civiles.

El diagnóstico también advierte sobre la situación presupuestal del Ejército Nacional. Para 2026, la institución tendría un déficit de $14 billones, una cifra que, según el Gobierno, puede comprometer capacidades relacionadas con el movimiento de tropas, las operaciones militares y la reacción de la Fuerza Pública en diferentes regiones del país.

Para la nueva administración, este deterioro de las capacidades militares coincide con el crecimiento de los grupos armados ilegales. El informe, basado en cifras de la Fundación Ideas para la Paz, señala que el Clan del Golfo pasó de unos 5.500 integrantes en 2022 a cerca de 10.000 en 2025 y amplió su presencia de 145 a alrededor de 310 municipios.

El mismo documento registra un aumento en las estructuras del ELN y del Estado Mayor Central, integrado por disidencias de Iván Mordisco. Según el balance, el ELN pasó de aproximadamente 5.800 integrantes a 6.800, mientras que el Estado Mayor Central aumentó de 3.500 a 4.500 miembros.

La advertencia central del Gobierno es que la reducción de las capacidades operacionales se produjo al mismo tiempo que las organizaciones ilegales incrementaron su presencia territorial y su capacidad armada. El diagnóstico relaciona este escenario con fenómenos como el desplazamiento forzado, el confinamiento de comunidades y el reclutamiento de menores.

“Este panorama de deterioro en las capacidades de nuestra Fuerza Pública no ocurrió en el vacío”, sostiene el capítulo de Defensa, al señalar que entre 2022 y 2026 los grupos armados ilegales crecieron en número de hombres en armas y presencia en municipios del país.

El ‘Libro de la Verdad’ también incluye cuestionamientos al proyecto Escudo Nacional Antidrones, cuyo costo estimado supera los $6,3 billones. El documento menciona observaciones relacionadas con la reducción del número de oferentes, la metodología de evaluación, posibles conflictos de interés y la falta de pruebas integrales.

Según la información citada en el informe, la Contraloría encontró que algunos sistemas antidrones adquiridos durante el cuatrienio detectaban aeronaves a distancias de 300 y 430 metros, pese a que el requisito mínimo era de dos kilómetros. El documento agrega que en 2025 fueron detectados cerca de 9.000 intentos de ataques con drones atribuidos a grupos armados organizados.

Además, entre abril de 2024 y noviembre de 2025 se contabilizaron 382 ataques con estos sistemas, con 282 personas afectadas. Para el Gobierno, estos datos hacen parte del diagnóstico sobre la pérdida de capacidades de la Fuerza Pública y el aumento de las amenazas en los territorios.